Los alcances políticos de la crisis económica, financiera y sanitaria


 

Jorge Altamira-. La gestión capitalista de la pandemia ha desarrollado en todo el mundo contradicciones políticamente explosivas. Sólo un ejemplo – Estados Unidos. Hablar del ´fracaso´ de este o aquel gobierno es un eufemismo, carece de contenido. Está en cuestión un régimen social. La pandemia no ha suscitado una tregua a las guerras, que son un fenomenal acelerador de contagios. Se ve en especial en Asia, y en todo el planeta. 

El llamado ´combate´ al virus ha sido dejado de lado casi por completo – la nueva consigna es la vuelta, ´con cuidados´, a la ´normalidad´, sin tampoco ofrecer recursos para esos ´cuidados´. Ahora solo queda esperar a la vacuna, incluso a sabiendas de las incertidumbres acerca de ella y de la guerra comercial y política que ha desatado entre varios Estados. El progreso acelerado de las infecciones advierte sobre la falta de testeos y de seguimiento de los contagios. El colapso del servicio de salud se encuentra disimulado por la paralización de toda la atención médica ajena al coronavirus. Pasarán algunos años antes de que se sepa el número de víctimas fatales de la pandemia. Esta ´normalidad´, por otro lado, viene acompañada con crecimientos extraordinarios de la desocupación e incrementos igualmente enormes de la pobreza. La crisis de las finanzas públicas que se ha visto agravada por el lanzamiento de rescates y subsidios, ha servido al desencadenamiento de especulaciones desaforadas en los mercados de acciones y títulos del Estado, que han acentuado los desequilibrios financieros. Las familias se encuentran literalmente en bancarrota como consecuencia del derrumbe de los ingresos y un endeudamiento sin precedentes, en particular por parte de aquellas que han debido tratar los contagios en las empresas de salud privadas. La tesis, tan en boga, de que la atención de la salud se vería beneficiada por una economía en funcionamiento, ha resultado en exactamente lo contrario: la gestión capitalista de la salud, además de quebrar la asistencia sanitaria, ha acentuado el derrumbe económico.

Argentina

En Argentina, uno de los ´eslabones débiles´ de la economía y política mundiales, la gestión capitalista de la pandemia explica el impasse del conjunto del régimen político y la inminencia de una crisis general de gobierno. La gestión capitalista de la pandemia ha significado un endeudamiento sin precedentes del Banco Central y del Tesoro. Los socorros de emergencia han sido financiados con la emisión de Leliq y pases, por parte del Banco Central, a tasas del 40% anual; y mediante bonos del Tesoro, a cortísimo plazo, con las mismas características. De modo que los IFE y ATP han representado un negociado monumental para los bancos y fondos financieros, a costa del Estado. El crédito bancario ha servido para financiar la corrida al dólar y, en este momento, subsidia la compra de ´dólar-futuro´. Los analistas estiman que este endeudamiento, en el caso del Banco Central, ha alcanzado el equivalente a los 5 billones de pesos (Ámbito, 5/10). A esto se suman los bonos y letras del Tesoro, a cortísimo plazo, muchos de los cuales se ajustan por dólar, y también los seguros de cambio futuro, que han superado los u$s6 mil millones. El déficit público es de u$s40/50 mil millones. Los Leliq que Alberto Fernández había prometido pasar como beneficio a los jubilados han inflado, por el contrario, el balance de los bancos, en tanto que los propios jubilados han visto un derrumbe histórico de sus ingresos. Se agrega a esto el perjuicio sufrido por el BCRA y el Anses por la venta de bonos en dólares, y un incremento de la deuda pública con el sector privado que duplica a la de la era de Macri.

La gestión capitalista de la pandemia ha tenido consecuencias que han dejado perplejos a los analistas. Ocurre que el ´respiro´ que Guzmán y compañía aseguraron haber obtenido con la renegociación de la deuda externa a plazos más extendidos, ha sido ocupado por la deuda contraída para la financiación de la pandemia. El acuerdo con los bonistas ha servido para ocupar los espacios vacantes con más deudas y sus respectivos vencimientos. Que esta deuda sea en pesos, aumenta el monto de dinero que necesita cubrirse de una devaluación. Lo mismo hacen los bancos, para asegurarse contra el peligro de una liquidación ruinosa de las Leliq. Lo mismo han hecho las patronales que abultaron los reclamos de ATP para comprar divisas, adonde destinaron también el flujo de dinero por sus operaciones comerciales. Este inflamiento de la deuda fiscal y para/fiscal ha producido una fuga de reservas de dólares del Banco Central, incluida la salida de depósitos en esa divisa. La deuda externa, en lugar de ganar valor con la reestructuración, lo ha perdido: la cotización pasó de 0,45 a 0,30 de dólar, y con ello una acentuación del cierre del mercado internacional de financiamiento. Este bloqueo coloca en default potencial las deudas privadas y de las provincias con acreedores extranjeros. No hay nadie, incluso en la izquierda, que haya advertido la conexión indisoluble entre la bancarrota financiera de Argentina y la gestión capitalista de la pandemia. No hay mayor capitulación ante el orden establecido que desconectarlo de la salud, la educación y la vida misma.

La deuda pública es el motor del enorme desequilibrio actual, o sea la gestión de la pandemia como una gestión financiera e industrial del capital. La quiebra del Estado es la quiebra de su régimen monetario – lo que, en definitiva, representa un punto de explosión de todos sus desequilibrios de conjunto. La explosión del desequilibrio entre los activos en circulación en poder de los capitalistas, por un lado, y las reservas del Banco Central, por el otro, llevaría a una devaluación hiper-inflacionaria.

Fuerzas en presencia

Las alternativas en discusión frente a este impasse explosivo son diversas. Unas apuntan a desdoblar el mercado cambiario – uno para transacciones comerciales, otro para las financieras, para encarecer la salida y alentar el ingreso de dólares acumulados o del exterior. Otras reclaman la reducción sustancial de las retenciones a las exportaciones, incluso a cero, para aumentar el ingreso de divisas. También se propone establecer una alta tasa de interés para estimular el ingreso de dinero, cuando en el exterior esa tasa es ultra barata. La crisis se ha tornado política como consecuencia del impasse para adoptar cualquiera de los planes en danza, combinados o no. Lo decidido la semana pasada – aumentar un poco las tasas de interés, bajar un poco las retenciones a las exportaciones agro/industriales y mineras, desgravar las inversiones que se hicieran de aquí en más -, todo esto es marcar el paso en el mismo lugar. La temperatura de la crisis la da la decisión oficial de discontinuar las IFE – un golpe brutal a la población sin trabajo que no cambia la ecuación de la bancarrota fiscal y financiera. Interesantísimo como evidencia de los límites infranqueables del gobierno ha sido la marcha atrás en establecer una cotización alternativa de la soja en yuanes, que hubiera servido para preparar un mercado financiero para esa divisa. El intento lo abortó la misma China, porque hubiera sido llevar el conflicto con Estados Unidos a una suerte de ´casus belli´, porque iniciaría una disputa a la hegemonía del dólar en América Latina. El inmovilismo que traducen las decisiones recientes podría desatar una corrida cambiaria y bancaria – los depósitos en dólares no dejan de salir. Por último, el gobierno ha desechado solicitar el último tramo del préstamo del FMI a Macri, unos u$s11 mil millones para la emergencia, que se vería condicionado a medidas de política económica.

Agotamiento político

La crisis se ha convertido en política. El primer ciclo del gobierno de los Fernández está agotado, y algo más. A sus protagonistas principales los une la necesidad de que el FdT llegue ileso a las elecciones de octubre de 2021. Temen que sea tarde para que las medidas brutales que le exige el capital acaben generando un principio de salida para enfrentar esos comicios. La propuesta de convertir a Alberto Fernández en presidente del PJ expresa la intención de crear un polo de poder con los gobernadores e intendentes, y el massimo ex macrista, más la burocracia sindical y el núcleo patronal de la industria de exportación agraria, minera y Vaca Muerta. El Consejo Agroexportador pretende ser la burguesía del albertismo y de una de las mitades del macrismo. Reclama reducción fuerte de retenciones, diferenciación para industria y agro sojero, y mayores tasas de interés. Con eso alentaría los negocios de exportación y de bíocombustibles, y la exportación de gas, y un mercado de capitales doméstico donde dejar depositados los excedentes financieros para capital de trabajo. No ha logrado aún llevar a su campo al conjunto del gobierno, por el temor en el oficialismo a producir el llamado ´estallido social

La decisión de la Corte de revertir la decisión del Senado acerca del pase de tres jueces plantea un choque abierto con el kirchnerismo, que parece dispuesto a batirse en retirada en lugar de desencadenar un conflicto de poderes. Esta intervención inclina la balanza contra los procesos judiciales de CFK. Es claro que la existencia del Poder Judicial no obedece a la necesidad de dar servicio de justicia sino a arbitrar las crisis políticas del Estado. La Corte y su Presidente intentan intervenir en el desenlace de la crisis política abierta por el derrumbe financiero. Es parte del realineamiento político en desarrollo. La coalición que piloteó la transición al derrumbe del gobierno macrista se encuentra agotada. Que sus protagonistas le quieran hacer el aguante la hace potencialmente más explosiva.

Los trabajadores

La clase obrera y todos los estratos laboriosos, jóvenes y mujeres han sufrido en la pandemia una confiscación social sin precedentes, y enfrentan el futuro próximo con una carga insoportable sobre sus espaldas. No hay sector de los explotados que no haya luchado, de maneras diversas, por sus necesidades y derechos elementales, aunque sin una renovación todavía de las perspectivas políticas.

Es de esto que se va a encargar la crisis política inminente. En primer lugar, porque va a acentuar las penurias de las masas y la indignación popular. En segundo lugar, porque va a desenmascarar, a los ojos del pueblo, el rol de cada fracción política – el gobierno y sus distintos componentes, y porque va a forzar alianzas políticas nuevas y a la ruptura de varias otras. La política misma va a entrar a los lugares de trabajo y va salir a la calle. Los diez meses de inmovilismo político del gobierno, mutarán en su contrario. La incapacidad de gobierno de arriba va a sacudir la percepción política abajo. Una agitación que denuncie la gestión capitalista de la pandemia, los atropellos y confiscaciones al mundo del trabajo; que señale el antagonismo irreconciliable entre la defensa de la salud y la vida, de un lado, y del capital del otro; debe servir para planteos reivindicativos y de organización transicionales hacia el poder de los trabajadores.

Cada inquietud y cada lucha por las reivindicaciones debe dar paso a asambleas, plenarios con mandatos, coordinadoras obreras, congresos de bases, comités de huelga, en definitiva, un congreso nacional de la clase obrera y los trabajadores. Esta tendencia se encuentra presente, y no en pequeña escala, en las luchas autoconvocadas. Las reivindicaciones políticas que surgirán de los golpes y contragolpes de la crisis política plantean la posibilidad de una huelga general. Excluirla de la agenda de la lucha de clases significa ignorar el carácter y alcance de la crisis en desarrollo.