La soberanía política de una teta

 


Jorge Altamira-. Quienes fueron llevados al Congreso por el voto de la ciudadanía, sólo pueden ser expulsados de ese recinto por la misma ciudadanía. 

Ya se había producido un intento de impedir el acceso a su banca, en la Legislatura porteña, a una actriz que debía reemplazar o suceder, casualmente, a Alberto Fernández, que dejaba el recinto para asumir la jefatura de Gobierno del presidente Kirchner, en mayo de 2003. Quienes impugnaron a Elena Cruz por su posición favorable a la dictadura, no habían tenido en cuenta ese abominable ´desliz´, cuando la pusieron en la lista de Cavallo-Béliz, junto a decenas de funcionarios actuales del gobierno de Fernández-Fernández. Bastante más tarde, Elisa Carrió, como si fuera una Lisandro de la Torre, pretendió convertirse en fiscal de la República, pidiendo la exclusión de De Vido, por razones ´morales´, en un frustrado intento de absolver en forma anticipada a todos los que desvalijaron al país bajo el gobierno de Macri y re-organizaron una red tupida de espionaje, que incluía el fisgoneo de su familia por parte del mismo Macri.

Una ley privatizadora fundamental para el gobierno de Menem fue aprobada en Diputados gracias a un ´diputrucho´ - un don nadie que fue sentado en la banca para cometer un atentado político y constitucional. Un jefe de policía, peronista, Luis Abelardo Patti, llegó a la intendencia de Escobar, con cargos de crímenes de lesa humanidad, aunque sólo fue expulsado como diputado, más tarde, cuando la Justicia acreditó que los había cometido. Alguien en una situación peor incluso que esa, Antonio Bussi, no fue objetado como candidato y gobernó, ´constitucionalmente´, la provincia de Tucumán. Bussi llevó adelante, cuando fue interventor militar de la dictadura, además de secuestros y desapariciones, una limpieza étnica y clasista en la población tucumana. Ahora, los honorables diputados y diputadas han decidido asumir la tarea heroica de expulsar a uno de sus pares, por haberse puesto en evidencia virtual con un beso en el ángulo superior de la teta derecha de su pareja.

Juan Ameri, el protagonista masculino del ´bochorno´, ha sido identificado por el movimiento femenino de Salta como un acosador impune, que no ha podido ser llevado a la Justicia por la intimidación que ejerce por medio de su aparato político. Pero, justamente, son los que lo pusieron en la lista del FdT, en Salta, quienes más rápido han salido a expulsarlo del peronismo. En un caso más grave, en la misma provincia, un intendente que abusa de niñas retornó al gobierno del municipio El Bordo, sin que el clericalismo de la provincia moviera una pestaña. Ameri pertenece a un clan político, el del senador Leavy, que es responsable, como parte del peronismo de los Romero y Urtubey, del récord nacional de violaciones de niñas, prohibición de abortos no punibles y desnutrición infantil.

Más allá de los votos que los llevaron al Congreso, ninguno de los diputados que reclaman la expulsión de Ameri tiene autoridad política o moral de ningún tipo – visto cómo han dejado sus partidos y gobiernos a la Argentina. Si Ameri amerita la expulsión, eso lo debe decidir el electorado de Salta o del distrito de Salta en que ´milita´ Ameri. Es lo que ocurriría si existiera el derecho de la ciudadanía a revocar a quienes son electos. La ausencia del derecho de revocatoria no transfiere ese derecho popular a los legisladores, que solamente lo invocan porque se lo inventaron para el uso de ellos mismos. En un país donde los diarios con mayor circulación abundan en planteos de que el mandato inaugurado en diciembre pasado no va a ser ejercido hasta el final, la expulsión de diputados por diputados abona salidas golpistas. El jefe del Ejército acaba de homenajear a oficiales que ´combatieron´ la ´subversión´, en lo que constituye la mayor reivindicación de la “obediencia debida” en mucho tiempo.

Juan Ameri debe ser llevado a juicio por las denuncias de acoso en su contra – no por rendirle homenaje, y en medio de una crisis humanitaria, al símbolo histórico del arte – la teta.

Por el derecho popular de revocatoria.