Regulación de las comunicaciones, negocios con los subsidios


Marcelo Ramal-. La decisión del gobierno de declarar “servicios esenciales” a la telefonía celular, Internet y televisión paga ha levantado polvareda entre los propietarios de estos monopolios y sus voceros mediáticos. Bien mirada, sin embargo, la declaración del gobierno no tiene el alcance “revolucionario” que sus defensores, del otro lado del mostrador, intentan esgrimir.

La “esencialidad” de estos servicios no implica, por ejemplo, el acceso universal y gratuito para toda la población. Es bueno recordar que, en plena pandemia y cuarentena, el carácter oneroso de los servicios digitales condujo a una privatización de hecho de la educación pública, dejando fuera de ésta a todos aquellos que no podían pagarse conexiones o servidores. En realidad, la resolución oficial sólo habilita a regular las tarifas de celulares, Internet o televisión por cable. Es lo que ya ocurre con todas las privatizaciones –electricidad, gas, agua. La “regulación” de los servicios públicos es la gran pantalla que encubrió a las privatizaciones menemistas: el estado particionó y remató a favor de grupos privados las infraestructuras y empresas públicas de servicios, reemplazando a los monopolios estatales por monopolios privados. Luego, “reguló” sus precios e inversiones, a partir de un régimen de dolarización de tarifas.
El caso de los servicios digitales es todavía más grave que la energía o los combustibles, porque la inversión en telecomunicaciones es un costo “hundido”. En otras palabras, el costo adicional de sumar a usuarios de Internet o telefonía celular a una red es irrelevante con relación a su inversión inicial, una parte de la cual ha sido provista por infraestructura de carácter público. En vez de investigar esos costos y declarar la gratuidad completa de la circulación de datos por red, el gobierno legitima las actuales tarifas confiscatorias del “triple play”, que superan los 4.000 pesos por mes en diferentes servicios.
Alguien podrá argumentar que la “regulación” oficial implica una limitación a las subas de precios de los monopolios digitales. Lo primero que hay que decir es que este año ya se produjeron importantes subas –de entre el 15 o 20%- superiores a cualquier paritaria. Pero si persistiera el congelamiento, la política oficial seguirá el mismo camino que ya siguió el kirchnerismo con todos los servicios regulados: suplir con subsidios el freno a las tarifas. Es lo que negociarán ahora los dueños de Telecom, Telefónica, Cablevisión o Fibertel. El gobierno F F accederá a ello o a la corrección tarifaria, cuando las arcas del Tesoro se agoten.
El carácter único y universal del servicio digital es un caso muy claro donde el desarrollo de las fuerzas productivas declara caduca a la “economía de mercado”. La generación de un “negocio digital” es un retroceso social e incluso tecnológico, para rescatar al beneficio del capital. En vez de las regulaciones impostoras, está planteada la nacionalización integral de toda la infraestructura digital, y un plan de conectividad universal dirigido por los trabajadores