Hacia una crisis terminal


Jorge Altamira-. El gobierno sigue empeñado en una ´reforma judicial´ que no tiene futuro. Ha advertido que está dispuesto a llegar a cualquier tipo de componendas para que pueda pasar el filtro del Congreso. Todo indica, sin embargo, que no tendrá los votos necesarios en Diputados, cualesquiera sean las concesiones dispuesto a hacer. Más allá del trámite parlamentario, lo esperan luego los fallos judiciales adversos – amparos, cautelares, inconstitucionalidades y todas las tramoyas que permite el orden jurídico. En cualquier caso, la ´reforma´ no es otro caso Vicentin, que permita un repliegue o recule sin consecuencias para la salud política del Frente de Todos.

Corrupción
El empecinamiento del gobierno y el bloqueo de varias bancadas opositoras no son caprichosos. El oficialismo necesita imponer garantías de que el procesamiento judicial a la vicepresidenta, CFK no vaya más allá de ciertos límites, a riesgo de quebrar la columna principal de la coalición de gobierno. La ´contra´ enfrenta un problema similar, pues entre desfalcos privados y labores de espionaje Mauricio Macri y otros deberían ir presos, como acaba de ocurrir con Steve Bannon, el ex asesor de la campaña electoral de Trump. La gestión política obliga a trabajar con lo que hay – el régimen político en Argentina se encuentra corrompido hasta los tuétanos. De otro lado, el gobierno necesita asegurar una autonomía de acción política, frente a la crisis creada por el agotamiento del ciclo financiero internacional y, sobre todo, la pandemia. El poder judicial, sin embargo, se ha convertido en una suerte de co-gobierno por la negativa. Es una manifestación de la enorme crisis del Estado mismo.
La oposición a la ´reforma´, de parte del llamado bloque ´lavagnista´, implica, al menos en principio, una reversión de la tendencia aglutinante que marcó la formación del FdT, con Alberto Fernández y Massa, y con el ingreso de Marcos Lavagna y Arroyo al gobierno. Los escarceos van más lejos, porque el gobierno quiere designar un nuevo Procurador General, el jefe de los fiscales, mediante un juicio político al macrista Casal y la designación de Rafecas, sin respetar los dos tercios que se requieren en el Senado. Rafecas ha anunciado que no convalida esa maniobra.
Este impasse poco menos que perfecto, ha llevado al politólogo macrista, Sergio Berensztein, a la conclusión de que Argentina marcha “hacia una crisis terminal”. Imagina “un derrumbe político, como ocurrió en su momento con el Caracazo en Venezuela”. Si no está simplemente muy asustado, Berensztein debería estar reflejando la opinión que recoge en los círculos que frecuenta. Este enfoque apocalíptico descarta cualquier posibilidad de que se forme un centro político como el que han insinuado Larreta y AF en sus presentaciones televisivas acerca de la cuarentena, o el que insinuaron, además de Larreta, Lousteau, María Eugenia Vidal o Ritondo, cuando se distanciaron del ´banderazo´. A sólo diez meses de las PASO 2021, unos y otros arriesgarían una porción del electorado si reemplazan la delimitación por un acercamiento o un acuerdo. No importa, en todo caso, la variante política que prevalezca para resolver los enormes problemas que plantea la crisis.

Bancarrota económica
Todo este escenario tiene lugar luego del acuerdo de deuda con los bonistas de afuera y de adentro, y cuando el gobierno asegura que el FMI está mejor dispuesto que nunca para negociar un acuerdo. Las agendas del Fondo y el gobierno son similares: contrarreforma previsional, contrarreforma laboral, Vaca Muerta, agroexportación industrial, fomento a negocios como Mercado Libre. El problema son los tiempos: con las finanzas públicas quebradas y sin financiamiento internacional, cualquier aflojamiento de la reglamentación económica propiciaría una bancarrota generalizada. La urgencia de ciertos intereses privados, incluso de aquellos que apoyan al FdeT, no se acompasan con la celeridad de la crisis económica, social y política. Tampoco es claro que aquella agenda sea viable cuando el comercio internacional no sale del pozo.
Ante semejante impasse político, el mercado de cambios es un espacio ideal de operaciones de los intereses en pugna. Con el dólar empresario, conocido como ‘contado con liquidación’, a distancia creciente del oficial, es claro que la burguesía busca imponer su política en caliente. El gobierno ha tomado medidas desesperantes para evitar que el dinero se vaya al exterior – de un lado ofreciendo a los bancos el gran negociado de las Leliq; del otro lado emitiendo deuda en pesos del Tesoro a tasas de interés ‘generosas’ y a muy corto plazo; y, por último, comprometiendo seguros de cambio en el mercado de futuros, donde el monto de contratos supera los u$s5 mil millones, casi el total de reservas líquidas del Banco Central. En lugar de desarmar la bomba, cambia la hora de su explosión. La crisis del régimen monetario de Argentina es más grave que nunca. Resume todos los desequilibrios económicos y por sobre todo la crisis política.
El Banco Central querría cambiar los yuanes del acuerdo de canje con China por dólares de disposición inmediata, en una demostración de la inquietud que le causa la crisis cambiaria. Es una operación de riesgo porque significa comprar una moneda que se está devaluando, lo cual compromete la capacidad de re-pago de los yuanes prestados. También supone llegar a acuerdos de mayor alcance con China, en el mismo momento en que Trump está golpeando a las tecnológicas chinas e incluso a fondos internacionales de China. Es probable que el presidente Fernández esté rogando por una victoria de Biden, quizás porque no sepa que la política anti China de Trump tiene respaldo bipartidario en Estados Unidos.

Empobrecimiento brutal
Una “crisis terminal”, como dice Berenzstein, dejaría a la vista o al desnudo, el brutal empobrecimiento de las masas bajo esta gestión capitalista de la pandemia – donde el valor agregado de los negocios financieros registra una suba en medio de una caída brutal del producto bruto nacional y del consumo y los ingresos de los trabajadores. La pandemia, con la complacencia activa del gobierno ´nacional y popular´, está aniquilando el trabajo en relación de dependencia registrado, aumentando el monotributismo y el trabajo en negro, lo que deja a la fuerza de trabajo sin protección social, a pesar de sus aportes previsionales.
Un 45% de la fuerza laboral actual no reunirá las condiciones para jubilarse, por desocupación o negreo, de modo que la clase obrera enfrenta una contrarreforma previsional impuesta por la violencia de la crisis capitalista y el Estado. Los trabajadores y su vanguardia deben sacar las conclusiones políticas de estas perspectivas.

El FIT-U y la crisis
El FIT-U está considerando la posibilidad de contribuir al quórum en Diputados, para que la “reforma judicial” pueda ser aprobada. Probablemente esgrima los aspectos “positivos” de ella, como el cambio del sistema acusatorio, que pone la investigación penal en manos de los fiscales. Esto ya existe en algunas provincias, sin que se adviertan mayores condenas contra el ´gatillo fácil´ o más diligencia para con los reclamos de justicia de los sectores populares. Existe en otros países importantes, con el mismo resultado.
El programa del FIT-U plantea la elección popular de los jueces, no el cambio de la modalidad de un régimen que funciona sobre la base de una burocracia inamovible, o sea vitalicia. También podría alegar, para ese quórum, “no hacerle el juego a la derecha”, un eufemismo reaccionario, el santo y seña para apoyar a gobiernos que pagan la deuda externa con la sangre del pueblo. La política de una izquierda auténtica está guiada por los intereses de las masas explotadas frente al capital – no en función de las variantes que ofrece la clase explotadora a su impasse histórico y político.
La cuestión no es esa ´reforma´ en sí, sino la crisis política que la envuelve. ¿Es tarea de la izquierda contener las crisis políticas de la burguesía, y hacerlo desde la poltrona parlamentaria? La crisis seguirá su curso implacable cualquiera sea el destino de la ´reforma´ - se encaminará de otro modo, pero no será contenida. Un apoyo de la izquierda al gobierno del FdeT será un factor de confusión de los trabajadores, que la verá como auxiliar del poder de turno, y definitivamente sin capacidad alternativa. Es claro que esto obedece, de un lado, a una inadecuada caracterización política de conjunto; del otro, a subordinar la táctica de la izquierda a fines electorales estrechos. La ´reforma´, más allá del juicio sobre ella misma, tiene que ver con una crisis de régimen – hay que plantear una alternativa a esta crisis, no poner una pieza al andamio para evitar su derrumbe. Dependiendo de las características que asuma esta crisis, volverá a plantearse la reivindicación de una Constituyente Soberana, convocada por medio de una lucha política obrera y, a término, por un gobierno de trabajadores.
Como se ve, las denuncias que hemos venido haciendo a los quórums reiterados del FIT-U o sus partidos al gobierno de turno, encierran una cuestión de estrategia y de principios.