Los estertores de la cuarentena


Jorge Altamira-. Cualquiera se da cuenta de que el gobierno de los Fernández no tiene un rumbo político, más allá de la agenda chica judicial. Esta caracterización no excluye a la cuarentena, como lo demuestran las idas y vueltas acerca de su duración y las demoras y límites de la política sanitaria.
Lo mismo vale para la negociación de la deuda pública, que marcha al compás de las presiones de los fondos internacionales. Habiendo instaurado una gestión de ´necesidad y urgencia´, la somete al cabildeo en el FdT y con los gobernadores e intendentes del oficialismo y la oposición. Lo mismo ocurre con las patronales y la burocracia sindical, a quienes ha cedido las decisiones de despidos y suspensiones. La coacción estatal para asegurar el aislamiento obligatorio ha sido perforada a repetición, sea por desmanejos en los trámites de subsidios, los amontonamientos en los controles y las luchas y protestas de carácter sindical o político. El caso de Vicentin se ha convertido en ejemplar, porque no se decide si lo va a encarar como un fraude empresarial o, como Alberto Fernández lo deja entender cada vez que puede, como una reestructuración estatizante del tendal de quiebras capitalistas que va sembrando la crisis. De otro lado, la cesión en toda la línea ante los fondos internacionales y el FMI, más las reiteradas intenciones de crear “un mercado doméstico de capitales”, anticipa que la política de ajuste presupuestario, iniciada con la violación de la movilidad jubilatoria, quiere convertirse en una estrategia política.
En estas condiciones, la denuncia de “concentración de poder”, dirigida al gobierno, es una liviandad. Las líneas de desarrollo de la disputa política no tienen que ver con una ´infectadura´, sino por el contrario con la dispersión y los vaivenes del mando. En términos gruesos, se esbozan dos orientaciones principales: por una parte, un amuchamiento en torno al poder ejecutivo, para prevenir un descuartizamiento del régimen político; por otra parte, un intento de polarización forzada, para propiciar una salida anticipada del gobierno. Estas alternativas cruzan tanto al oficialismo como a la llamada oposición. Alberto Fernández hace un malabarismo inestable. Allí donde estos términos se presentan en forma diferente, como ocurre en Brasil, la determinación del futuro próximo de Bolsonaro pasa por las fuerzas armadas, de un lado, y el Superior Tribunal Federal, del otro.
El ‘banderazo’ del 9 de Julio, aunque escaso en número, se infiltra por las grietas de este edificio político en crisis, sin declarar ningún objetivo político concreto - por las grietas económicas y sanitarias de la cuarentena, y por las grietas de los operativos judiciales del kirchnerismo. El kirchnerismo, por su lado, maneja una réplica contundente: la denuncia de la trama de espionaje del gobierno macrista, que con los datos que se han dado a conocer aparece como la operación de una camarilla personal de Macri y de sus negociados y tramoyas. La excarcelación, bajo fianza de Lázaro Báez, como el asesinato de Fabián Gutiérrez, son funcionales a esta disputa. El caso de Gutiérrez sirve para exhibir una fortuna escandalosa acumulada por un exsecretario de Cristina Kirchner. La otra trifulca viene en el proyecto de moratoria, que para el macrismo es un intento de blanquear el salvataje de Cristóbal López; el conjunto de la gran patronal reclama que se elimine la prohibición de operar en el mercado de cambios a las grandes empresas que quieran acogerse a sus ventajas. Adjudicar a estos hechos puntuales un lugar secundario en el impasse político de conjunto, es engañoso, porque muestra una demolición del aparato estatal, que siempre debiera ser el punto de apoyo de un sistema para bucear una salida a la crisis.
La burguesía, tomada en su conjunto, se alinea con el amuchamiento en torno al gobierno – por el momento. Es lo que mostró, el mismo 9 de Julio, la ceremonia oficial con todos los gobernadores y con todas las cámaras empresariales – incluida la Sociedad Rural. La presencia del ruralista Pelegrina fue denunciada por el ruralista Llambías, que es consciente de que, por ahora, es un segundo violín en la orquesta. En cierto modo, el fiel de la balanza de este falso equilibrio lo tiene BlackRock, de quien depende la conclusión del acuerdo de la deuda externa. El jefe de BlackRock, Fink, cuenta con todo el apoyo del Tesoro norteamericano, como lo muestra que el fondo ha sido designado para orientar la compra de deuda pública y privada que realiza la Reserva Federal. Larry Fink, de todos modos, no apoya a Trump sino a Biden, o sea que tiene a uno y a otro bajo su alero.
Para juntar todos estos elementos en una perspectiva general, resulta útil el pronóstico de la conocida Christine Lagarde, ahora directora general del Banco Central Europea. En síntesis, se acentuará el desplome del comercio internacional y, con ello, el de numerosas cadenas de producción. La quebrada economía de Argentina no tiene como remar en este cuadro. Los ´gurúes´ locales advierten que una reactivación depende de la suma del consumo, el gasto público y las exportaciones – todas con el pulgar abajo. La burguesía local no tiene recursos para pelear en el cuadro de una “economía de mercado”, cuyo dominio por los pulpos internacionales se acentúa en un período de crisis – en este caso, de crisis violenta. La única concentración de poder y de recursos para hacer frente a esta hecatombe es la de un gobierno de trabajadores, que asuma la dirección de la economía por medio de un plan único.
Frente a este desarrollo, los bloques en presencia tienen la mirada puesta en las parlamentarias de octubre de 2021. Esto configura un inmovilismo extraordinario. El FdeT, por un lado, y JxC, por el otro, desesperan por mantener una unidad que corresponde a otras condiciones. Antes que una concentración de poder, Argentina atravesará, en toda esta crisis, por una fragmentación político-partidaria severa.
Para combatir los enormes horrores que anuncia este proceso, la clase obrera debe aprovechar estos estertores para construir una unidad política clasista y socialista