La engañosa Ley Micaela



Julia Rabotnitsa-. La ley -que lleva el nombre de la adolescente entrerriana Micaela García, militante del Movimiento Evita, violada y asesinada en abril de 2017- fue impulsada por el Evita y el Frente para la Victoria, y cajoneada durante más de un año.

En diciembre de 2018, el gobierno la incluyó de urgencia en las sesiones extraordinarias como respuesta a la indignación popular por la absolución de los asesinos de otra adolescente, Lucía Pérez, y en medio de la catarata de denuncias de abuso sexual en ámbitos laborales, familiares y de militancia que siguieron a la denuncia de Thelma Fardin y Actrices Argentinas contra Juan Darthés. Sin embargo el tratamiento en el Congreso fue más que express: en 24 horas la votaron los diputados y la confirmó por unanimidad el Senado. Todo el arco parlamentario incluida la izquierda -con la única excepción del energúmeno de Olmedo- suscribió una ley cuyo objetivo es “capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado (…) a los fines de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer".
Lo más llamativo al respecto, es que esta ley ya empezó a aplicarse, sobre todo, en el Servicio Penitenciario y en varias fuerzas policiales, entre ellas, la de Entre Ríos. ¿Porque llama la atención? Porque si se consideran a los femicidios, como parte de una violación a los derechos humanos, entonces, hay se da por sentado que el Estado es responsable. Un Estado que está fundado en la opresión (de una clase sobre la otra, de la mujer y los niños,etc) no puede capacitar a nadie en el tema de género, cuya sola cuestión es una prueba del fundamento opresivo del poder vigente. En este sentido, la policía funciona como "mediador" en los conflictos de la sociedad por medio de la violencia, por un lado, y en defensa de los principios del orden existente, por el otro.
Pretender abstraer el garrote del Estado, es la peor idealización que se pueda hacer de éste. Las expresiones mayores de la violencia de género son protagonizadas por personal policial y militar, incluso dentro de esas instituciones. Incluso la incorporación de mujeres a las fuerzas de seguridad, no "ha suavizado" la violencia de género sino lo contrario: las ha incorporado al sistema de represión y de torturas.
Lo que hay que resaltar, en discusión a la "violencia de género" es, que, es la violencia institucional  la gran ordenadora de todas las otras violencias que brotan de una sociedad clasista, sea en el ámbito laboral, de la familia, de la atención pública o por individuos.
Un párrafo aparte, merece el voto de los diputados del FIT que acompañaron sin  chistar la aprobación de esta ley. Para los diputados del  FIT, la justificación a apoyar esta ley,  ha sido la llamada “política” o “perspectiva de género”, que puebla el nuevo lenguaje del progresismo y la izquierda misma. El FIT asegura que esta política es una rica fuente de votos, aunque todavía no haya podido probar que realmente sea así.
La “política de género” adoptada por las Naciones Unidas desde los años 70 del siglo pasado, solo tiene para ofrecer fracasos: ha sido incapaz de evitar el infierno del abuso y los golpes en la casa, el tráfico de mujeres a escala industrial y el aumento de los femicidios. No hay lucha contra la violencia sin perspectiva de clase, sin explicar el carácter regresivo de alentar el antagonismo entre los sexos y la fragmentación de los explotados.