Sr. Cobranza



Joakito-. Con un juicio insólito para Entre Ríos -por la cantidad de imputados como también por el uso político del mismo- comienzan las audiencias de acusación contra el intendente de Paraná Sergio Varisco -acusado de presunto financiamiento al narcotráfico- y a"Tavi" Célis, el "Caponarco" arrestado sin drogas en su poder.




Se mire por donde se lo mire, el "megajuicio" que comienza no es otra cosa que un gran montaje operado por los tribunales federales, con la complicidad burda del poder político provincial que es quien maneja a la policía, la misma que hizo la mayoría de los allanamientos.
Fijémonos por qué:
Primero, resulta insólito la unificación de dos causas absolutamente distintas, sólo porque uno de los imputados está presuntamente vinculado a las dos causas: la "narcoavioneta" y la causa bautizada por los medios de comunicación del oficialismo provincial (Daniel Enz, el eterno chupamedias de los gobiernos que están y troll judicial cuando se van, no pudo acordar la continuidad de la escansdalosa pauta publicitaria que recibía en blanco de Blanca Osuna) como "narco municipio".
Tengamos en cuenta, que en la primer causa, el objeto encontrado y presentado como prueba son una determinada cantidad de kilos de marihuana que se encontraron en una avioneta en un campo a la salida de la ciudad de Paraná; y en la otra causa, las pruebas presentadas son unos cuadernos con anotaciones -donde en teoría figura el nombre de Sergio Varisco-  más algún que otro kilo de cocaína. Es decir, cocaína y marihuana; dos productos distintos, para dos mercados también distintos.



Los jueces Lilia Carneo, Noemí Berros y Roberto López Arango que integran el Tribunal Oral Federal, que llevará adelante el juicio. Estos jueces son parte de un Juzgado Federal que viene de absolver a una joven paranaense cuyo domicilio fue vulgarmente allanado por la policía provincial en búsqueda de armas, a partir de un testigo -"soplón"- que nunca apareció. Ojo: el puntero peronista enemistado con Varisco por asuntos de polleras, Leandro Ríos, procesa a cualquiera que la cana le diga que lo encontraron fumando aspirinetas, la Cámara lo absuelve y así, total paga Juan Pueblo.
Es decir, que estamos en presencia de una Justicia Federal -por lo menos en el ámbito de la provincia de Entre Ríos- que aunque haya absuelto a la joven cannabicultura  - pone en la misma bolsa a quienes supuestamente mueven más de 300 kilos con quien tiene sus plantas para consumo personal en su casa. Amparados lógicamente, no en investigaciones que busquen realmente desarticular las grandes bandas criminales -vale la pena recordar la acusación de Elisa Carrió acerca del movimiento de drogas por la Hidrovía Paraná, o el reciente caso del barco detenido en las costas del río frente a Piedras Blancas por orden de un Tribunal de Morón- sino que el juicio que hoy comienza fue todo construido -a excepción de avioneta con "faso"- en base a declaraciones de acusados que para rebajar su condena se transforman en "testigos protegidos".

Que existan "arrepentidos", tiene que ver, como lo demuestra el caso correntino de la ciudad de Itatí, con los acuerdos que existen entre determinadas bandas criminales y la justicia, y sobre todo, el negocio de los "arrepentimientos" habla a las claras del fracaso no sólo de la justicia sino también de los ministerios nacional y provincial en materia de seguridad.