Sobre el uso de celulares en las cárceles


 Daniela Sánchez-. A partir de las fotos subidas a Internet desde la Unidad Penal de Mujeres en Paraná por parte de Nahir Galarza -condenada a perpetua por asesinato- se instaló el debate sobre el uso de celulares en las cárceles.

Cabe preguntarse entonces, ante las voces punitivistas y demagógicas que se levantan contra el uso de celulares en las cárceles: ¿Se puede considerar lesivo para algún bien jurídico la posesión de un teléfono celular por parte de un preso?
Durante la presidencia de Menem, mediante sucesivos decretos se reglamentó Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad nº 24.660, que no permite el uso de artículos electrónicos a quienes están privados de la libertad, como tampoco, el ingreso de los mismos por parte de los familiares o las visitas, y deja claro que se trata de una infracción grave. Las sanciones para ese tipo de faltas y según el artículo 19 del Decreto 18/97, establecen: “permanencia en su alojamiento individual o en celda cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta quince días ininterrumpidos; permanencia en su alojamiento individual o en celda cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta siete fines de semana sucesivos o alternados; traslado a otra sección del establecimiento de régimen más riguroso; traslado a otro establecimiento”.
Sin embargo, hay que tener en cuenta, que a partir de la reforma del estado llevado adelante por el menemismo, se transfirieron todos los servicios públicos a las provincias, y que, a su vez, no todas las provincias cuentan con unidades penitenciarias de carácter federal. En este sentido, por ejemplo, las provincias de Rio Negro y de Santa Fe, avalan el uso de celulares dentro de las cárceles. Santa Fe, establece excepciones para los detenidos (procesados o condenados) que tengan un expediente de buena conducta y no sean considerados de alta peligrosidad  para la población.
En el caso de Río Negro, se reglamentó el uso de los celulares en las cárceles: hasta dos horas por día y sin acceso a Internet.
Lo que queda claro es que la ley en sí, no prohíbe el uso de celulares aunque lo deja librado al establecimiento de las reglamentaciones de cada institución penal. De hecho, en el artículo 158 de la ley citada se establece  que: "El interno tiene derecho a comunicarse periódicamente, en forma oral o escrita, con su familia, amigos, allegados, curadores y abogados, así como con representantes de organismos oficiales e instituciones privadas con personería jurídica que se interesen por su reinserción social. En todos los casos se respetará la privacidad de esas comunicaciones, sin otras restricciones que las dispuestas por juez competente." Es decir, que el uso de los celulares en las cárceles garantiza un derecho fundamental, que es el derecho a la cominucación.
Según un trabajo de Paulo Pereyra, publicado por la Asociación de Pensamiento Penal de la Argentina "la comunicación con el mundo fuera del presidio, es un derecho fundamental de las personas privadas de libertad que deriva no sólo del principio de necesidad de garantizar una menos traumática reinserción social (art. 5.6 CADH; Art. 10.3 del PIDCP; Arts. 18; 31 y 75 inc. 22 Constitución Nacional Argentina) sino del derecho de todas las personas privadas de libertad a la evitación de toda trascendencia de la pena o prisión preventiva (art. 5.3 CADH)" y que también lo establecen "las Reglas Mínimas De Las Naciones Unidas Para El Tratamiento De Los Reclusos (Reglas Mandela) en cuanto al contacto con el mundo exterior, Regla 58 1.: Los reclusos estarán autorizados a comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familia y amigos: a) por correspondencia escrita y por los medios de telecomunicaciones, electrónicos, digitales o de otra índole que haya disponibles"
Es de público conocimiento, que a partir del gobierno de Nestor Kirchner y los sucesivos de Cristina Fernandez, los derechos humanos fueron transversales en la construcción de políticas de estado. Y en este sentido, en el año 2014, la Procuración Penitenciaria de la Nación solicitó a los jueces de la nación considerar el empleo de internet y de teléfonos celulares así como, en general, el acceso a nuevas tecnologías para asegurar el contacto de las personas privada de su libertad con sus familias y allegados. Para la Procuración la contención familiar es un derecho inalienable de toda persona detenida y ello exige revisar los dispositivos vigentes a fin de ajustarlos a las posibilidades que ofrecen los actuales entornos tecnológicos.
 Es central la comunicación desde la cárcel al exterior y actualmente esa comunicación es mediante los celulares, porqué como sabemos, en los cárceles, casi todo queda obturado en una “zona de no-derecho”, siendo esencial que el grito trascienda los muros. Sólo así, se garantiza un derecho humano básico, como lo es el de la comunicación.
Los argumentos que rechazan el uso de teléfonos celulares por los internos chocan con una gran contradicción: que la mayoría de los pabellones del sistema penitenciario argentino cuentan con teléfonos fijos, que funcionan con monedas o tarjetas, o a cobro revertido, no pudiendo explicarse de modo satisfactorio la razón por la cual el riesgo se encuentra en la telefonía móvil, pero no en la fija, en lo que aparecería como una suerte de discriminación a la actividad de las compañías dedicadas a este rubro.
A su vez, quienes se oponen a que los presos usen celulares, son los mismos que piensan que todos los presos son malos, muy malos. Habrá que recordarles, durante las inundaciones que sufrió la ciudad de La Plata en el año 2014, todo los presos de la Unidad nº 31 de Florencio Varela decidieron donar sus alimentos durante el transcurso de una semana.