HISTÓRICO GOLPE A LA PATRIA CONTRATISTA

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Por primera vez, se le permite a la prensa oficialista hablar de ellos


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Todos contra Varisco



Joakito-. La autointitulada representante de los vecinos, el gobierno en los tres niveles y sobre todo Marcelo Baridón, ex Secretario de Transporte de José Carlos Halle, hacen lo imposible por salvar a los delincuentes empresarios de la única solución que queda: la estatización del transporte público en Paraná. 



Después del resultado electoral que arrojaron las PASO y de más de una semana sin colectivos por un conflicto de carácter gremial, todos, absolutamente todos, resolvieron abandonar al intendente Sergio Varisco, pensando más en la política que en los usuarios.
Primero fueron los opositores por conveniencia de la Asamblea Ciudadana, que ante todo micrófono hacían responsable a Varisco no sólo de los aumentos de tarifas -impuestos por el Concejo Deliberante- sino también de si a los colectivos se le pinchaban las gomas o pasaban tarde. Después, fueron los miembros de la oposición que en el fragor de la campaña electoral de junio no quisieron tratar las tarifas -reclamada por los delincuentes  empresarios para poder abonar los aumentos salariales a los choferes- para que finalmente Varisco saque el aumento mediante un decreto. Es decir, que se quejaban de la inacción del Intendente, pero por otro lado no querían hacerse cargo de pagar las consecuencias políticas que implica un aumento de tarifas. Ni proponían otra alternativa.
Con el inicio del paro por tiempo indeterminado de los choferes de colectivo en reclamo del pago de salarios y aguinaldos atrasados, Paraná se vio envuelta en una disyuntiva institucional, ya que todos entre sí pateaban la pelota para otro lado: municipio culpaba a la nación por suspender los subsidios, los delincuentes empresarios culpaban a cualquiera que no sean ellos, la provincia miraba para otro lado y la Asamblea Ciudadana seguía diciendo boludeces, con tal de no reconocer que antes estaban con Varisco en la Alianza y enfrentados al hípermemista Julio Solanas que privatizó el transporte y ahora sus grandes enamoramientos son exactamente al revés.

A todo esto, no sólo la oposición le tira nafta al fuego, sino que también lo hacen los propios aliados de Sergio Varisco -tal el caso de la vice intendenta Josefina Etienot y el Concejal Emanuel Gainza- al no permitirle al municipio tomar  un crédito por 90 millones de pesos para “gastos emergentes” vinculados a lograr “la normalización del servicio”, es decir, plata para poder pagar la deuda que tienen los delincuentes  empresarios con los trabajadores y levantar de esta manera el paro de choferes que aún siguen acampando en la Plaza 1º de Mayo.

A toda esta ensalada rusa, ahora se le agregó otro ingrediente: la justicia provincial que no le permite a Varisco ejercer su derecho de policía pero a la vez lo obliga a ser policía. Sí, así como lo leen, no es un crucigrama. Resulta que la Cámara en lo Contencioso Administrativo dispuso que el servicio de transporte no está incluido entre los “servicios esenciales” (para así bancar la privatización y los negociados). Mediante algo que puede ser considerado una chicana judicial, este tribunal sostuvo que el reclamo del municipio no era válido por ser una "medida autosatisfactiva" que no le daba tiempo a los delincuentes  empresarios a ejercer su defensa. Para los que no saben, una medida autosatisfactiva en derecho es  una "solución jurisdiccional urgente, autónoma, despachable inaudita pars y mediando una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles", término acuñado por el jurista Jorge Peyrano y se trata de " un requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota, de ahí lo de Autosatisfactiva, con su despacho favorable, no siendo necesaria, entonces, de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento".
El tribunal -integrado por el ex secretario de transporte durante la intendencia de Halle como es Marcelo Baridón- sostuvo que “quien debe garantizar la continuidad de los servicios públicos, y en este caso el de transporte de pasajeros automotor por ómnibus (…) es la Municipalidad promoviente, que soslaya su poder/deber dirigiendo peticiones que claramente son de imposible cumplimiento a la Justicia, requiriendo garantice la prestación del servicio a quien evidentemente no se encontraría en condiciones de hacerlo, siendo la propia actora la que dispone de herramientas instrumentales necesarias desde hace tiempo y que no las ha ejercido en tiempo y forma”, pero en un acto de absoluto cinismo y salvajismo no cree que el transporte público de pasajeros que realizan los colectivos sea un "servicio esencial". Esto no es un dato menor, dado que si se considera que es un servicio esencial, los trabajadores en huelga deben mantener ciertas guardias mínimas. Y el Estado garantizarlas. Lo que en este escenario devendría en el fin del negociado y el choreo, con la obvia solución al problema inventado por los "empresarios": la estatización.
Habrá que recordarles a los miembros del tribunal que durante el conflicto del subte en la Ciudad de Buenos Aires, el municipio decidió que el transporte público era un servicio esencial amparado en el decreto 387 firmado por el Presidente y el ministro de Trabajo, que conformó la integración de la Comisión de Garantías. Esta comisión estableció que, cuando por un conflicto colectivo de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizarse la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. Es a esto a lo que la justicia provincial le dio la espalda.

Y los que se joden no son los jueces que viven a tres cuadros de sus despachos (y además no van nunca, a pesar de tener una flota de autos que todos les pagamos) sino la gente que de verdad trabaja, los chicos que pierden clases, la gente que vive de changas.
En todos ellos se están olvidando mientras juegan a la política.

Nosotros leemos ésto: