El jurado es el juez natural por excelencia




Paula Montefiori-Notas sobre el Juicio por jurados en la Provincia de Entre Ríos

“Es un problema del poder, de quién ejerce el poder. El juicio por jurados es un acto
revolucionario, porque es darle poder de juzgar al pueblo” (1)  

                                                     Dr. Marciano Martínez

Hace  un  par  de  semanas  atrás  un  colega  amigo  y  penalista  se  sorprendió  gratamente  al  verme  “juradista”.  Pues  claro  que  lo  soy,  como  fiel  defensora  de  la  Constitución Nacional.   Además, ¿por qué temerle?
El  juicio  por  jurados,  recientemente  abordado  por  nuestro  máximo  tribunal  nacional  y  último  intérprete  de  la  Constitución,  es  un  saldo  pendiente  con  la democracia argentina y con nuestra Constitución.
Es cierto que desde la Academia muchas veces nos hicieron creer que era una especie de espada de Damocles,  el pretender supeditar una importante decisión judicial a representantes del autogobierno. En especial, el castigo penal, la ratio del Estado Moderno.
Aún en la actualidad, en las comunidades desiguales el derecho penal vigente parece llevarse muy mal con nuestras más elementales preocupaciones de tipo democrático, tal como refiere Roberto Gargarella en su libro “Castigar al prójimo ”.(2)
Hay quienes relacionan participación popular y democracia con el hiperpunitivismo y desconfían de la razonabilidad de las decisiones que los cuerpos que representan a nuestra sociedad pudieran tomar.
Ahora bien, debemos reconocer que ese mismo grado de desconfianza, o tal vez más impera a la inversa, donde la sociedad hoy en su gran mayoría descree de los jueces o del Poder Judicial en general.
En su defensa, diré que los jueces de hoy no son los mismos jueces ventrílocuos que Montesquieu explicaba hace dos siglos, al referir a ellos como “la boca inanimada de la ley”. Como dijo recientemente el Juez Rosatti, los jueces del siglo XXI tienen otras funciones, más funciones, y si los legisladores no marcan el camino, plantando mojones o guías, dejan librado a la entera discrecionalidad de los jueces la adopción de decisiones sustanciales convirtiéndolos incluso en legisladores en atención al deber de resolver todas las causas que se les presentan.
Basta recordar que tampoco fue idea de Montesquieu el desarrollo de la judicial review –o revisión judicial de las leyes- sino más bien ideas de Hamilton y Marshall, no sin críticas, especialmente de la mano de Bickel, Waldron y por aquí Gargarella, al cuestionar el carácter contramayoritario de los jueces.
En esta línea argumental, así como existen posturas que sostienen que los jueces están en mejores condiciones de resolver cuestiones constitucionales que encierran problemas morales, debido al entrenamiento, la instrucción y el aislamiento en el que actúan; del mismo modo hay quiénes postulan que nadie mejor que nosotros mismos para aplicar el castigo.
Waldron en su libro Derecho y desacuerdo visibiliza que hay muchas prácticas contramayoritarias, y propone tomarse en serio el ideal del autogobierno y el derecho de los derechos: el derecho de participación de todas las personas como sujetos activos y pensantes(3). En este camino, la apertura al diálogo y participación que la Corte Suprema de Justicia en los casos de litigios estructurales de “Verbistsky”(4)  y “Mendoza ”(5) coadyuvan a adoptar decisiones democráticamente robustas, como menciona Gargarella.(6)
Es que este tipo de decisiones requiere de la más amplia e inclusiva deliberación, donde sean escuchadas todas las voces, a través de audiencias públicas como sucedió en sede judicial con el tema del Riachuelo y la educación religiosa en escuelas públicas de Salta(7), o en materia de despenalización del aborto en el Congreso.
Es menester reconocer que el juicio por jurados tiene “su talón de Aquiles” que debe ser detenidamente examinado. La principal afrenta proviene del doble conforme o derecho al recurso, en mérito a que el veredicto popular no exterioriza su fundamentación –lo que no equivale a que sea infundado-.
Para alivio juradista, la Corte IDH (8) recientemente ha manifestado –en un caso donde una víctima se alzó contra el veredicto absolutorio- que nada excluye que las garantías judiciales recogidas en la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH) sean aplicables al sistema de juicio por jurados, pues en su momento, sus redactores no tuvieron en mente un sistema procesal penal específico. Es más, en el considerando 222° la Corte IDH advirtió que muchos Estados americanos han adoptado el sistema de juicio por jurados y la participación popular en la administración de justicia, siendo el modelo clásico el más utilizado en la región.
Asimismo nuestra CSJN se ha expedido en “Canales”(9)  al evaluar un recurso de queja interpuesto por la defensa del condenado, para revisar el sistema de jurados y su constitucionalidad, oportunidad en la que convalidó el procedimiento vigente en la provincia de Neuquén, incluso se expidió respecto al carácter obligatorio del juzgamiento por jurado frente a ciertos delitos y la mayoría sin unanimidad. Por si fuera poco, aclaró que la falta de exteriorización de los motivos que llevaron al veredicto no implicaba que fuera infundado. Expresamente se lee: “los miembros del jurado deciden su voto en función de un sistema de valoración de la prueba conocido como "íntima convicción", que no requiere expresión o explicación de los motivos que conformaron el convencimiento sobre la resolución adoptada para el caso. Ello no impide una adecuada revisión de lo decidido, toda vez que la verdadera fundamentación no radica en la expresión escrita de razonamientos, sino en la coherencia entre las afirmaciones de las partes, las pruebas y el sentido de la sentencia”.
De lo expuesto cabe concluir que el sistema de juicio por jurados debe conciliarse y no resulta incompatible con los Tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, en especial con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) y la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), por lo que en casos de arbitrariedad en la valoración de la prueba o comprobación de los hechos indirectamente se puede llegar a revisar el veredicto del jurado.
En la conocida sentencia “BRAY – PAREDES”(10) la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires se pronunció respecto a la facultad del querellante particular para recurrir el veredicto absolutorio. En la decisión se tuvieron en cuenta dos ejes: el supuesto derecho al recurso por parte del órgano acusador -público o privado- para ir contra el veredicto absolutorio; y la naturaleza soberana de la decisión del jurado popular y la irrecurribilidad del veredicto.  Respecto a lo primero, es sabido que la víctima tiene derecho a la tutela judicial efectiva y a ser parte en el proceso penal, pero ello no equivale a afirmar que tenga como garantía derecho al recurso ya que éste, como garantía sólo le asiste a la persona inculpada de delito (art. 8 inc. 2 punto h CADH y 14.5 PIDCyP) y Corte IDH en “Mohamed”(11) sin que ello implique desconocer las innumerables conquistas y derechos que las víctimas y sus representantes poseen en el proceso penal, máxime en la actualidad a partir de su consagración legislativa (Ley 27.372). Siguiendo con la el segundo eje de “BRAY- PAREDES”, los jueces explicaron que el veredicto es una decisión emanada directamente del soberano, de carácter irrecurrible y afirmaron que lo único que resulta recurrible es la sentencia que se dicte en base a ese veredicto y sólo en los casos de culpabilidad. En otras palabras, el veredicto absolutorio cierra de manera definitiva e irrevocable la potestad punitiva estatal sobre el acusado y ello no configura de modo alguno una discriminación arbitraria en razón de que como vimos, encuentra fundamento convencional, por lo que se rechazó la impugnación por los acusadores. 
Otro punto de inflexión es su naturaleza: ¿garantía del imputado o diseño institucional? En la sentencia “Canales”, el Juez Rosatti en su voto razonado afirma que “en nuestro sistema constitucional, el juicio por jurados supone no solo -o no tanto- el derecho de una persona a ser juzgada por sus pares sino -fundamentalmente- el derecho del pueblo a juzgar” adoptando una postura que excede el juicio por jurados como garantía para el imputado –y por ende opcional o renunciable- configurando un diseño institucional y constitucional.
La respuesta a ello es clave porque permitirá resolver situaciones como la de coprocesados o coimputados que no se ponen de acuerdo respecto al tipo de juicio en el que van a ser juzgados – con jurados o con tribunal técnico-, para el supuesto de que el sistema de jurados sea renunciable u optativo.
En este sentido, en “DÍAZ VILLALBA”(12)  también resuelto por el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, esta vez la Sala Cuarta, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 22 bis del CPP de la Provincia de Buenos Aires, que extiende la renuncia al juzgamiento por jurados efectuada por un coimputado a los restantes, por considerar que el principio debe ser el inverso atento a que el jurado es el juez natural constitucional por excelencia.
En este contexto, y con los contrapuntos anunciados, todo indica que en nuestra provincia se tratará un proyecto de juicio por jurados, aplicable en principio para unos pocos delitos graves –o crímenes como refiere la Constitución- que tengan previstas penas de más de veinte años (apenas un puñado de delitos como homicidios simples y  agravados, robos agravados por el uso de armas de fuego con aptitud para el disparo acreditada, delitos agravados contra la integridad sexual) con la posibilidad de extenderse luego de que el sistema se consolide. La práctica institucional indica que una vez instalado el juicio por jurados, no hay marcha atrás en la sociedad.

Para finalizar, y sin perjuicio de algunas preferencias personales, considero que  el proyecto, el debate mismo, es un brote verde de democratización y participación popular que hay que acompañar en su evolución, mejor prudente y a paso firme.


1- MARTÍNEZ, Marciano Edgardo: El juicio por jurados (…un inolvidable encuentro con el Juez Robin Banks, Mary Mann y Domingo Faustino Sarmiento), 4° edición, Delta Editores, p. 12. 
2- GARGARELLA, Roberto: (2016) Castigar al prójimo. Por una refundación democrática del derecho penal. Ed. SXXI. 
3-WALDRON, Jeremy: Derecho y desacuerdos, Ed. Marcial Pons, traducción de José Luis Martí y  Águeda Quiroga, 2005.  4-CSJN, Fallos 328:1146  3  CSJN, Fallos 259:65  
  CSJN, Fallos 328:1146
5- CSJN, Fallos 259:65
6-GARGARELLA, Roberto: “Dificultad contramayoritaria e interpretación constitucional. La  dificultosa tarea de la interpretación constitucional” en Teoría y crítica del Derecho Constitucional,
Abeledo Perrot, Tomo I, págs. 123/148  5 CSJN, sentencia de fecha 12/12/2017 “CASTILLO, Carina Virginia y otros c/ Provincia de  Salta”.  6 Corte IDH: Caso V.R.P., V.P.C.* y otors VS. Nicaragua. Sentencia de 08/03/2018. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_350_esp.pdf
7- CSJN, sentencia de fecha 12/12/2017 “CASTILLO, Carina Virginia y otros c/ Provincia de Salta"
8- Corte IDH: Caso V.R.P., V.P.C.* y otors VS. Nicaragua. Sentencia de 08/03/2018.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_350_esp.pdf
                                                   
9 - CSJ 461/2016/RH1 “CANALES, MARIANO EDUARDO Y OTRO S/HOMICIDIO AGRAVADO”.  8 “BRAY, Juan Pablo y PAREDEES, Javier Maximiliano s/ recurso de queja (art. 433 CPP)  interpuesto por  el particular damnificado”, 12/09/2017 Sala Quinta del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, publicado en https://www.cij.gov.ar/nota-27874-El-Tribunal-de-Casaci-n-bonaerense-rechaza-un-planteo-contra-la-norma-que-impide-al-acusador-privado-recurrir-el- veredicto-de-no-culpabilidad-de-un-jurado.html .  9  Corte IDH  “Mohamed vs. Argentina” disponible en www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nld_Ficha=233&lang=es

10-  “BRAY, Juan Pablo y PAREDEES, Javier Maximiliano s/ recurso de queja (art. 433 CPP)
interpuesto por  el particular damnificado”, 12/09/2017 Sala Quinta del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires
https://www.cij.gov.ar/nota-27874-El-Tribunal-de-Casaci-n-bonaerense-rechaza-un-planteo-contra-la-norma-que-impide-al-acusador-privado-recurrir-el-veredicto-de-no-culpabilidad-de-un-jurado-div

11-. Corte IDH  “Mohamed vs. Argentina” disponible en
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nld_Ficha=233&lang=es


 12  “DIAZ VILLALBA”