Alfonsín-Menem: Treinta años del primer traspaso democrático de la presidencia



Ramiro Pereira-. Era el año 2008 –no recuerdo el mes- y transcurría una olvidable sesión de la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos. Un diputado radical había hecho mención a los diez años del gobierno de Menem y al hacer uso de la palabra, el diputado del Frente para la Victoria José Ángel Allende corrigió en su réplica: “diez años y seis meses.. siempre les faltan seis meses a los radicales”.
Hubiera quizás bastado que se lo interrumpiera para recordarle la extraña paradoja de Carlos Menem, caso único de un candidato a presidente de la Nación que, ganando en primera vuelta, renunció a participar en segunda vuelta por la sola certeza de la derrota electoral, con el fin de restarle legitimidad a quien debería asumir la presidencia (Néstor Kirchner).[1]
La anécdota referida es pertinente, puesto que durante los años ‘90 los radicales soportamos el estigma de habernos ido del gobierno seis meses antes (escupiendo sangre: así decía Alfonsín que habían querido que se fuera su gobierno (hiperinflación, saqueos).
La renuncia (caída) de De La Rúa en la mitad de su mandato actualizaría la idea que sólo el peronismo puede gobernar efectivamente y es por ello que tiendo a coincidir con quienes señalan la importancia política (cuasi institucional) que adquiere el 10 de diciembre de 2019, en que un presidente no surgido de las filas del peronismo (Macri) concluirá su mandato completo.
Pero lo escrito hasta ahora adolece de alguna superficialidad.
Lo cierto es que Alfonsín no pudo concluir su mandato y debió adelantar cinco meses y 2 días la entrega del gobierno a su sucesor. Fue un 8 de julio de 1989. Hace treinta años. Menos de dos meses antes, el candidato del Frente Justicialista Popular, Carlos Saúl Menem, había triunfado en las elecciones generales del 14 de mayo por sobre el candidato radical Angeloz y obtenido la mayoría en el colegio electoral. El propio Menem era una sorpresa en el escenario político, pues en verdad, por primera (y única) vez en su historia, el PJ había decidido en internas de afiliados sus candidatos y en ellas había perdido el gobernador de Buenos Aires, Antonio Cafiero, acompañado por casi todos los gobernadores y con un perfil de peronismo modernizado.
Durante los ‘90, mientras Alfonsín enfatizaba en su prédica contra el neoliberalismo[2], de un hecho que objetivamente había sido una derrota, el ex presidente construyó una épica. Básicamente, el Radicalismo había accedido a irse de modo anticipado para consolidar el éxito de la transición democrática. Argumentos en el fondo similares –renunciar para bien de todos- han sido utilizados por aquellos que quisieron –con mayor o menor convicción- hacer de la necesidad virtud.[3]
Cabe señalar que una vez ganadas las elecciones, el presidente electo y su séquito político estuvieron lejos de colaborar con el gobierno para atemperar la crisis económica y sus implicancias sociales y políticas.
En tal sentido, basta referir que una vez elegido Menem, su esposa Zulema Yoma concurrió asiduamente a visitar a Mohamed Alí Seineldín, detenido en la sede del antiguo Primer Cuerpo de Palermo en razón del tercero de los levantamientos carapintadas. Ello afectaba seriamente el orden en las filas castrenses.[4] En ese mismo contexto de transición, Guido Di Tella refirió por su parte que el nuevo gobierno preveía un “dólar recontra alto”, colaborando en que la altísima inflación, se disparara en la hiperinflación que dejó sin moneda a los argentinos durante 1989/1990, mientras la Confederación del Trabajo exigía la inmediata entrega del gobierno al presidente electo y el propio presidente electo afirmaba estar preparado para asumir.[5]
En un librito que para mí fue muy significativo, el ex diputado radical Bernardo Salduna expresó, en su estilo diáfano, que la derrota electoral de la UCR en 1987 había marcado el declive de Alfonsín y que “Un gobierno sin poder político, ni capacidad de maniobra, se ve obligado a abandonar la escena ¿seis meses antes, como dicen algunos? ¡Más bien, casi un año y medio después![6]
El argumento de Salduna –utilizado hace veintidós años- no es malo. Así, cabe referir que la reforma constitucional de 1994 atemperó ese problema pues a los cuatro años, el presidente o es reelegido y conserva poder político, o bien pierde y “se va”[7](si es que no tiene que irse antes, claro).
De todas formas, la perspectiva histórica hace que el fracaso económico del gobierno de Alfonsín -general en Latinoamérica en lo que se ha llamado “la década perdida”- resulte cada vez más opacado por la real significación del 8 de julio de 1989: un presidente que había sido elegido por el pueblo en elecciones democráticas, entregaba el gobierno a otro presidente elegido por el pueblo. Este hecho no ocurría desde el 12 de octubre 1928, en que Alvear le entregara la banda presidencial a Hipólito Yrigoyen. Más de sesenta años antes.[8]  
La naturalidad con que en la actualidad se percibe la regla democrática es prueba de ese éxito poco espectacular que hoy evocamos a 30 años.
Cabe recordar que los diputados nacionales elegidos junto a Menem recién asumirían en diciembre, por lo cual la UCR acordó facilitarle al presidente Menem la aprobación de las leyes que precisaba entre julio y diciembre de 1989, lo que fue concretado por el bloque radical de diputados, sin dejar por eso de señalar duras posiciones contrarias a la política económica iniciado por el nuevo gobierno (plan Bunge & Born, leyes de reforma del Estado y emergencia económica).[9] Ello ante la necesidad de favorecer la gobernabilidad en un contexto de hiperinflación y sus secuelas sociales.
En verdad se trataba de la finalización de toda una época en el plano de la intervención del Estado en la vida económica[10] en simultáneo con el cambio del escenario internacional con el derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el triunfo de las ideas neoconservadoras en las democracias occidentales, y a ese orden de cosas e ideas se ajustó y viró el nuevo gobierno surgido de las urnas.
El funcionamiento regular de las instituciones en contextos de crisis económica y social es motivo de pudoroso regocijo para quienes reivindicamos la democracia liberal como piso de la democracia. En igual sentido lo acontecido en 2001/2002, en que las instituciones representativas, incluso deslegitimadas, lograron una salida de la crisis económica bajo el gobierno del senador Eduardo Duhalde, quien a caballo entre una liga de gobernadores propia del siglo XIX y un gobierno de coalición semi parlamentario, tuvo relativo éxito en sus cometidos básicos.
Dejo a otros reivindicar el supuesto “argentinazo” de diciembre de 2001. Prefiero lamentar aquella tragedia social y económica que hizo eclosión en ese tiempo -con sus muertes a manos del Estado, tanto Federal como en distintas provincias - y sostener que el camino del desarrollo social y económico va por el lado de la institucionalidad y que el caos no debiera ser celebrado por los partidos y las facciones políticas.
Por eso corresponde conmemorar que hace 30 años acontecía un suceso básico para institucionalizar la vida en el país de los argentinos. La idea de institucionalización es un concepto que debiera ser atendido en su real dimensión, pues su uso frecuente genera vaciamiento y se convierte en lugar común. En cambio, creemos que la construcción de marcos institucionales e instituciones adecuadas resulta imprescindible para el desarrollo y el consecuente bienestar.


[1] Con la renuncia de Menem, Kirchner se convirtió en el presidente menos votado de la historia. Si bien es un análisis contrafáctico, de haber Menem sostenido su candidatura, muy probablemente en la segunda vuelta Kirchner se hubiera convertido en el presidente más votado. No está demás referir que menos de un año atrás en Francia, el ultranacionalista Le Pen, enfrentando  una situación análoga  de previsible derrota aplastante ante Chirac, igualmente compitió, asumiendo los resultados electorales previsiblemente adversos. No deja de ser una paradoja la puntual conducta democrática asumida por quien sustentaba ideas esencialmente contrarias al ideario democrático
[2] Cfr. ALFONSIN, Raúl Ricardo. “Contra la Corriente” , artículo editorial de Propuesta y Control  N° 19, Noviembre/Diciembre 1991.
[3] En tal sentido, es elocuente la carta de Perón renunciando a la Presidencia el 19 de septiembre de 1955, luego de tres días de iniciada en Córdoba la sublevación armada contra su gobierno:  "Yo, que amo profundamente al pueblo, sufro un profundo desgarramiento en mi alma por su lucha y su martirio. No quisiera morir sin hacer el último intento para su paz, su tranquilidad y felicidad. Si mi espíritu de luchador me impulsa a la pelea, mi patriotismo y mi amor al pueblo me inducen a todo renunciamiento personal"  para concluir que "Ante la amenaza de bombardeo a los bienes inestimables de la Nación y sus poblaciones inocentes, creo que nadie puede dejar de deponer otros intereses o pasiones. Creo firmemente que ésta debe ser mi conducta y no trepido en seguir ese camino. La historia dirá si había razón de hacerlo" (Cfr. GAMBINI, Hugo; “Historia del Peronismo”, Tomo II, págs. 381/383, Planeta, 2001 y LUNA, Felix págs. “Perón y su tiempo. Tomo III, 331/335, Sudamericana, 1986)
[4] Cfr. JAUNARENA, Horacio; “La casa está en orden”, pág. 269, Taeda, Libros, 2da. Edición, 2012.
[5] Sobre este puno, recomiendo la entrevista que Tomás Eloy Martínez le hiciera a Raúl Alfonsín en “Alfonsín responde”, págs. 83/91, Editorial Tiempo de Ideas, 1992.
[6] SALDUNA, Bernardo Ignacio Ramón; “Reformas a la constitución de Entre Ríos”, pág. 100, Delta Editora, julio 1997.
[7] Cabe resaltar que el caso de De La Rúa no fue una rareza en el contexto regional, con presidencias truncas en Bolivia y Ecuador. Todo en el marco de una salida de las políticas de ajuste estructural, que no pueden dejar de vincularse a la mejor situación económica de los países de la región en la primera década del siglo XXI.-
[8] La sucesión entre Justo y Ortiz no califica, pues ambos carecían de legitimidad democrática, si bien eran gobiernos técnicamente constitucionales. Tampoco califica la reelección de Perón en 1952, pues si bien su legitimidad era democrática, la reelección indefinida en un régimen presidencialista es poco republicana y en lo práctico, de lo que se trata es de la sucesión pacífica y democrática del poder, no de la renovación del mandato de un mismo gobernante.
[9] El bloque radical retiraba diputados de las sesiones, en número suficiente para permitirle al nuevo oficialismo lograr mayoría en la cámara baja. Según  me cuenta el ex diputado Rodolfo Miguel Parente (UCR - Entre Ríos), el presidente del bloque radical, Cesar Jaroslavsky, a esta práctica la llamaba “votar con el culo”.
[10] Cfr. HALPERIN DONGHI, Tulio. “La larga agonía de la argentina peronista”, Ariel, mayo 1994.

Nosotros leemos ésto: