Criticas al COPNAF



Joakito-. Si bien no es mi intención "destruir" los logros del gobierno provincial en materia de primera infancia señalados por Irene Ríos, cabe destacar el poco trabajo y articulación con los demás sectores -sobre todo con la justicia y con el Consejo General de Educación- que ha llevado adelante el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y las Familias (COPNAF) en estos 4 años. A continuación algunos casos que ilustran esta falencia
 En el año 2017 el COPNAF, debido a una queja del Supremo Tribunal de Justicia, decidió diferenciar los casos de atención: en un acta firmada entre este organismo y el COPREV (comité de prevención de la violencia) una especie de entelequia creada por decreto en el 2013 y con rango de ley en el 2017 cuyo accionar -si tomamos en cuenta el crecimiento de los casos de violencia en la provincia- ha sido prácticamente nulo. En ese acta se diferenció entre los niños y adolescentes "objeto directo" de violencia de los que son solo "testigos" de violencia. reservando al COPNAF la atención de los primeros, mientras que respecto de los segundos se asignó al Coprev y al programa provincial de Abordaje de la Temática de Violencia Social, dependiente de la Dirección de Salud Mental, "la asistencia y el abordaje integral del grupo familiar y de los niños y adolescentes testigos de violencia entre adultos, es decir que presencian o escuchan las situaciones de violencia familiar y no son objeto directo del maltrato". Es decir, que el COPNAF, violó no solo las constituciones provincial y nacional sino también los pactos internacionales referidos a los derechos de los niños.
Cabe destacar que el artículo 8 de la ley 9.198 que regula las acciones de prevención de la violencia familiar establece que ante una denuncia, los jueces deben requerir un diagnóstico sobre la situación familiar que debe ser elaborado por peritos de diversas disciplinas en un plazo de 24 horas. A partir de ese diagnóstico, el juez determinará daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima, su situación de riesgo y el medio social y ambiental de la familia, orientándose en la decisión sobre las medidas cautelares a adoptar. Es decir, que tanto el COPNAF con la complicidad del COPREV se desvinculó del trabajo de prevención sin modificación de la legislación vigente. Por otra parte, es absurdo, considerar a un menor como "testigo" de un caso de violencia familiar y no como una víctima ya que toda la literatura al respecto señala que los niños que han sido parte de una familia con situaciones de violencia familiar sufren mayor perjuicio que los que han vivido en una situación de guerra, por lo que es responsabilidad del Estado -en este caso a través del COPNAF- brindar asistencia y resguardo a dichos menores.

En cuanto a la poca o nula coordinación con el Consejo General de Educación, hay que tomar en cuenta los que antes eran llamados "hogares de menores" que a partir del cambio de la ley nacional de niñez, pasaron a denominarse "residencias socioeducativas". Estas "residencias" nunca dejaron de ser cárceles de hecho, ya que a quienes están en ellas nunca se les brindó la posibilidad en serio de reinsertarse con sus familias o con familias de acogidas para que abandonen las residencias. Para poder hacerlo es necesario no solo que se respete el trabajo de los profesionales -muchas veces vapuleado por trabajadores de menor rango, que aprietan a los mismos para que no desarrollen bien sus trabajo, ya que si así lo hicieran, la residencia no tendría razón de ser y tendría que cerrar. También es necesario una profunda articulación con el sector educativo, no sólo para lograr que los menores institucionalizados vayan a la escuela, sino también, un trabajo con el equipo profesional que posee el Consejo General de Educación para que estos menores tengan una inserción lo menos traumática posible. Actualmente, la provincia tiene 36 residencias dependientes del COPNAF, aunque según lo ocurrido en Victoria, donde cerró la residencia porque tenían un solo chico institucionalizado, se ve a las claras que el COPNAF entiende las residencias como un depósito de gurises, como paso previo a la cárcel o al cementerio, ya que la mayoría de los chicos que llegan a las residencias tienen problemas de adicciones o psiquiátricos, y se los deja depositados, librados a su suerte.