Los fallos que explican "fallas"



Joakito-. Ya nada sorprende a estas alturas: las decisiones tomadas por la justicia en Entre Ríos, donde demuestran que se le está "acabando la soga" al Procurador General y a los fiscales puestos a dedo, aunque sin embargo, cuentan con el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) para que les saque "las papas del fuego".
Recientemente se conoció el fallo del Supremo Tribunal de Justicia donde deja en libertad y no permite la realización de un nuevo juicio a los implicados en el asesinato de Gisela Lopez en la ciudad de Santa Elena en el año 2017.  El fallo del STJ demuestra a las claras, una vez más, cómo es el funcionamiento judicial en la provincia caracterizado por la poca y casi nula formación de los fiscales -desde su jefe el Procurador General Amílcar García- hasta el último, con saludables pero pocas excepciones.
No es la primera vez que un caso de relevancia llega hasta esta instancia y donde el STJ resuelve apañar y "justificar" el accionar de los fiscales y aunque éstos se equivoquen o demuestren la falta de experiencia -como pasó en el caso de Gisela Lopez- y queden familias destruidas, ni siquiera se los sanciona de acuerdo a lo que estipula las leyes y el funcionamiento normal de un Poder Judicial serio. Es tal la inoperancia del Ministerio Público Fiscal que el STJ les dijo en la cara que no saben hacer su trabajo, al señalar "que ni siquiera el órgano acusador tiene certeza sobre el lugar en que se produjo la muerte de la víctima puesto que solo señala una posibilidad y, menos aún, que eso haya ocurrido en el predio del imputado, cuando no ha podido esgrimir un mínimo indicio que así lo acredite". Ajá, ¿y entonces? Entonces nada, todo sigue como si nada.
Es decir, ni más ni menos, que los fiscales que tenían que dedicarse a investigar, a recabar pruebas para poder acusar a alguien, a juntar testimonios que acrediten que los imputados tienen relación con el crimen directamente, ni siquiera hicieron su trabajo.
No es la primera vez, que el STJ debe fallar para solucionar "las fallas" cometidas por el Ministerio Público Fiscal que comanda García, y, visto los nombramientos de jueces, fiscales y miembros de Casación en la provincia -en donde el que no es "pariente" u "obsecuente" al Procurador no puede ni siquiera concursar- seguramente no será la última.
Años atrás, y casualmente en otro "femicidio", el STJ al ratificar la condena a Facundo Bressan por el crimen de Priscila Hartman había señalado en sus argumentos las falencias en el trabajo de los fiscales, sobre todo en la "falta de investigación por parte del Ministerio Publico Fiscal en cuanto a la posible participación de terceras personas". Así lo señalo uno de los miembros del STJ, Daniel Carubia y a pesar de estar en desacuerdo, con su firma Claudia Mizawak se vio sorprendida sobre la "falta de investigación" en cuanto a la posible participación de más personas en el homicidio. Mientras tanto, Bressan cumple cadena perpetua. Sus abogados, Miguel Cullen y Guillermo Bartorelli llegaron hasta el STJ: ¿algún ámbito judicial superior, fuera de la provincia o del país, emprolijará esta situación tremenda? No lo sabemos, pero no sería la primera vez que ocurra en los últimos tiempos, desde la bastardeada Reforma del Código Procesal.
Ya hemos señalado, en mas de una oportunidad, nuestras críticas al funcionamiento del STJ y a la justicia entrerriana en general, por lo que no hace falta agregar demasiado, sin embargo, la composición del Ministerio Público Judicial y el manejo que se hace de éste continúa igual o peor, como si en vez de en Entre Ríos estuviéramos en Macondo. Basta fijarse que el Ministerio Publico Fiscal desde que existe jamás fue regularizado, se han hecho concursos donde los nombrados no asumen o lo que es peor hay fiscales interinos -designados por "Aureliano Buendía" García- sin ni siquiera llamar a concurso.

No se trata de la crítica del trabajo particular de los fiscales, sino del funcionamiento inconstitucional del Ministerio Público Fiscal en su conjunto, ya que tal como establece la ley 10.407 en su artículo 13,  tanto "el Procurador,el Defensor General de la Provincia, los Procuradores Adjuntos, el Defensor Adjunto, los Fiscales de Cámara y de Coordinación, los Defensores de Coordinación, los Defensores de Casación, los Agentes Fiscales, los Defensores Públicos y los Fiscales y Defensores Auxiliares serán designados por el Poder Ejecutivo con Acuerdo del Senado, con ajuste al procedimiento de selección que la Constitución de la Provincia establezca”, este procedimiento de selección es nada mas ni nada menos que los concursos de antecedentes y oposición. Nada de eso se ha hecho para designar a la mayoría de los fiscales, así que no es para sorprenderse que cada vez que un tribunal en la provincia dicte un fallo, el STJ al avalar o no la sentencia, deba salir a explicar las burradas cometidas por los fiscales actuantes. Pero cambiar, no cambia nada.