Derechos Humanos, Política y Dictadura


Gonzalo García Garro-. Hace unas semanas leí una nota de opinión de mi amigo Ramiro Pereira (a quien respeto y aprecio), quien, desde su sólida formación radical, constantemente apuesta a un debate político fundado y democrático con una constancia y voluntad que me parece sumamente destacable.
La nota publicada por Noticias Entre Ríos se titula “Alfonsín, el irrazonable”. El calificativo de “irrazonable” es usado en el artículo como un elogio a Alfonsín, a quien se le atribuye el coraje y la decisión de ir contra la lógica política del momento y enjuiciar a la cúpula de militares genocidas.
De la nota comparto la dedicatoria al "Cuco" Tardelli, a quien tengo el gusto de conocer y valoro, comparto varios de los argumentos, pero tiene algunas afirmaciones, esquemas conceptuales o contextos teóricos vinculados con la historia reciente de nuestro país y los Derechos Humanos con las cuales deseo expresar mi disenso, o al menos, más respetuosamente, hacerle tres notas al pie al artículo.

Antes de comenzar, aclaro que lo que he expresado de ninguna manera le quita valor histórico y político al Juicio a las Juntas que impulsó el gobierno de Alfonsín, en el sentido de que entiendo que los Juicios constituyen una página de más las dignas y valiosas de la historia contemporánea de nuestro país.

1) Sobre Ernesto Sábato y el informe de la CONADEP entregado al presidente Alfonsín:  Como postal histórica, seguramente el “Nunca Más” de Sábato tiene su lugar privilegiado, pero una mirada actualizada de los DDHH y la historia de nuestro país tiene mucho que cuestionar hoy, tanto a Sábato como a la versión original del Nunca Más. Incluso en ocasión de su presentación a comienzos de la democracia en los 80, muchos organismos de DDHH no estuvieron de acuerdo.
¿Qué decir de Sábato? En primer lugar, que no es extraño que Sábato haya escrito esta historia y de esta manera, digo, en especial, por el prólogo del Nunca Más y la teoría de los “Dos Demonios”.
El escritor Osvaldo Bayer con razón acusaría a Sábato de "formar parte de la hipocresía argentina". Sábato, dirigente comunista en su juventud, eterno detractor del peronismo, fue premiado por la “Revolución Libertadora” con la intervención del diario “El Mundo” en 1955.
Fue uno de los primeros en aportar una interpretación del régimen peronista tras el derrocamiento de su segundo gobierno, la cual apareció publicado bajo el título de "El otro rostro del peronismo" en el año 1956. En este ensayo, Sábato critica ásperamente al peronismo sosteniendo que "el motor de la historia es el resentimiento que, en el caso argentino, se acumula desde el indio, el gaucho, el gringo, el inmigrante y el trabajador moderno, hasta conformar el germen del peronista, el principal resentido y olvidado". Así era el nivel de análisis científico de un ex marxista: el motor de la historia no es la lucha de clases, ni las fuerzas de producción, sino el resentimiento.
Su ambigua trayectoria continuó cuando el 19 de mayo de 1976, Jorge Rafael Videla lo invitó, a un almuerzo en la Casa Rosada, al que asistió con un grupo de escritores argentinos, entre los que se encontraban Jorge Luis Borges, Horacio Esteban Ratti y el cura Leonardo Castellani. Luego del encuentro Sábato declaró a la prensa: "El general Videla me dio una excelente impresión. Se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Me impresionó la amplitud de criterio y la cultura del presidente". Esas elogiosas palabras resuenan en los laberintos de la historia argentina, todavía.
El mismo Sábato, ya mutado en mariposa democrática, sería nuevamente funcional: vendría el juicio a la Junta, los aplausos merecidos a los juicios a los genocidas, el papel de sabio que está más allá del bien y del mal, la CONADEP, el “Nunca Más” y su personal contribución: el adefesio ideológico-moral llamado “Teoría de los dos Demonios”. Ambos “contendientes” tienen la culpa, las organizaciones armadas revolucionarias y los militares, los peronistas y los antiperonistas, los unitarios y federales, Lavalle y Dorrego, y así hasta el 1810. Ambos y por igual. Para esta lógica es preciso colectivizar la culpa. Las ideologías han muerto. Ni víctimas, ni verdugos.
Sábato, quien presidió la CONADEP, escribió el prólogo al informe Nunca Más, donde expresó claramente esta teoría: “la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”. Y el gobierno de Alfonsín condenó como “iguales” a los líderes de las organizaciones guerrilleras y a los jefes de la Junta Militar.
En 2006, a instancia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, se decidió reescribir el prólogo, o hacer uno nuevo. Allí, en la nueva edición, se afirmó: 
“…Es preciso dejar claramente establecido -porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes- que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado que son irrenunciables… Por otra parte, el terrorismo de Estado fue desencadenado de manera masiva y sistemática por la Junta Militar a partir del 24 de marzo de 1976, cuando no existían desafíos estratégicos de seguridad para el statu quo, porque la guerrilla ya había sido derrotada militarmente…”.
En un detalle de índole cronológica y política, cabe recordar que fue el mismo 15 de diciembre de 1983 cuando Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres primeras juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas de 1982, excluyendo así a la última junta que decidió entregar el poder a un gobierno elegido democráticamente sin condicionamientos.
De esto último sólo dos cuestiones formales. Una, primero se ordenó enjuiciar a las organizaciones ERP y Montoneros y luego a las tres primeras juntas militares de la dictadura, en dos decretos seguidos. Segundo, se excluyó de los juicios a la última junta militar, la que le entregó el poder a las autoridades democráticas, puntualmente a Alfonsín.

2) Sobre la posición del PJ respecto a la dictadura militar en el 83: El artículo hace hincapié en la idea de que el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) y a su candidato Ítalo Lúder convalidaron la auto amnistía del gobierno militar, haciendo un contrapunto con Alfonsín y su “irrazonabilidad” que lo impulsó a llevar adelante el Juicio a la Junta.
Ahora, los juicios a la cúpula militar no fueron una decisión política individual y fuera de contexto de Alfonsín, sino un justo reclamo de justicia del pueblo. Pero más allá de la lectura política general, a la idea de un Alfonsín fuera del contexto de la razonabilidad política le falta un recorrido, a la fotografía le falta un antes y un después para explicar la película de esta pasaje de la historia.
Me parece oportuno recordar que Deolindo Felipe Bittel, un representante o dirigente afín a un sector del peronismo que reiteradamente sufre ataques, muchas veces injustos, en relación a los hechos acaecidos en aquellos días. Él fue, luego, el candidato a vicepresidente de Lúder en 1983. Bittel no era justamente una expresión de la tendencia revolucionaria del peronismo, ni un cuadro de superficie de Montoneros, más bien todo lo contrario, era un dirigente de la expresión más tradicional del peronismo del interior del país. Era además alguien alienado en sus últimos días a Isabel Perón.
A un nivel meramente formal tal vez, Bittel pudo manejar y conducir, dentro de lo posible, el peronismo en su dimensión institucional (obviamente una parte sesgada de lo que el peronismo expresaba) durante los años de la dictadura militar. Y lo hizo pudiendo reclamar, en plena época de muertos y desaparecidos, por los Derechos Humanos, atreviéndose a firmar en 1979 - en su carácter de vicepresidente primero a cargo de la presidencia del PJ - el único documento que un partido político emitió en nuestro país abogando por los detenidos en forma clandestina e ilegal. Es decir, la UCR no hizo ningún reclamo formal por los desaparecidos como partido. Reitero, ni la UCR, ni ningún otro partido, a excepción del PJ, hicieron un reclamo por DDHH a los organismos internacionales.
En este documento entregado por Bittel en 1979 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se puede, fácilmente advertir el compromiso que el peronismo, incluso en la expresión de Bittel, mantuvo en la lucha por los derechos humanos durante la última dictadura. El título del documento fue: “El justicialismo denuncia la violación de los derechos humanos”. Entre sus párrafos se lee: “…Por todo esto, los beneficiarios de la actual situación, son y serán nuestros implacables adversarios. Y sostenemos que quienes se aferran al privilegio no encontrarán otra manera de mantenerlo sino solo mediante la violación sistemática de los derechos humanos... Nosotros, hombres del Justicialismo, no hemos de permanecer impasibles, no hemos de hacer de nuestro silencio una conducta. Sentimos un imperativo, producto de nuestras convicciones y de nuestra larga y dura militancia en la causa de la Patria. En consecuencia, el dolor de una madre es nuestro dolor; el dolor de un hijo es también nuestro; el obrero al que le falta el pan y no permiten decir lo que le falta, se hará voz en nuestras voces. Y esto nos compromete a asumir el dolor de aquellos que padecen la cárcel, a través de “actas”, “decretos” o “bandos” en las prisiones, embajadas, domicilios y confinamientos; y de los que padecen – y son millones – este exilio interior de la represión, el silencio y el hambre..Hacer ese mundo más justo significa, entre otras cosas (…) que no haya injusticia y desigualdad en la impartición de la justicia; que no haya nadie sin amparo de la ley y que la ley ampare a todos por igual; que no prevalezca la fuerza sobre la verdad y el derecho, sino la verdad y el derecho sobre la fuerza; y que no prevalezca jamás lo económico ni lo político sobre lo humano….Por ello, el Justicialismo DENUNCIA:… la muerte y/o desaparición de miles de ciudadanos, lo que insólitamente se pretende justificar con la presunción de fallecimiento, que no significa otra cosa más que el reconocimiento de quienes se han atrevido o se atreven a levantar su voz y que han llevado o llevarán como “pena” desde un silencio impuesto, hasta la muerte”.
Alfonsín y Balbín, al igual que Lúder, se entrevistaron con los miembros de la CIDH, pero solo el PJ denunció la violación de DDHH en 1979, es decir en plena dictadura.
Por entonces, en plena dictadura cuando el contexto era el más adverso, la UCR y Alfonsín fueron más “razonables” que el PJ que se expuso abiertamente denunciando a la dictadura.

3) Sobre lo que hizo Alfonsín luego, la Ley de Obediencia Debida y Punto Final: La irrazonabilidad de Alfonsín encuentra otras desmentidas históricas. Estas son ex post Juicio a las Juntas.
Ante un contexto de enorme presión de las fuerzas militares (cabe recordarlo), el 5 de diciembre de 1986, Alfonsín anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para establecer un breve plazo tras el cual caducaba el derecho a reclamar justicia sobre lo sucedido desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. Sería la tristemente célebre Ley de Punto Final. A fines de aquel diciembre fue promulgada la Ley 23.492 de Punto Final que estableció el fin de los juicios a todos aquellos que no fueron llamados a declarar "antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente”. Fue una forma abrupta y chocante de levantar un muro de impunidad a favor los genocidas. En términos de DDHH fue una tremenda derrota. Fue objetivamente una aberración jurídica. Algo que décadas después se declararía inconstitucional (al igual que la Ley de Obediencia Debida) por entender que los delitos de Lesa Humanidad son imprescriptibles y se sancionaría una legislación a los efectos de derogarlas.
Pero como adelantamos, los pasos hacia atrás no quedaron aquí. Luego del Punto Final se sancionó la Ley de Obediencia Debida, promulgada el 4 de junio de 1987. Alfonsín dispuso así que la extinción de acciones penales a los militares que “cumpliendo órdenes” cometieron crímenes bajo la dictadura genocida (1976-1983). Esta ley excluía de los procesos judiciales a los subalternos, la mayoría oficiales y suboficiales, porque según justificaban, estos debían cumplir las órdenes de sus superiores.
Es cierto, y justo mencionarlo nuevamente, que Alfonsín sufrió el embate militar, en un contexto de una democracia frágil, que lo condicionó para tomar estas medidas. Los levantamientos militares de aquel momento fueron señales claras de las resistencias a las políticas de DDHH. Es cierto también que parte del arco político no radical lo acompañó en estas acciones de “pacificación”.
Pero, claramente, el proceso quedó trunco, y a la vocación de justicia “irrazonable” para su momento histórico, le siguió una racionalidad fría que puso fin a las causas de DDHH, garantizando impunidad e injusticia durante décadas. Semana Santa de 1987 marcó un punto de freno de las esperanzas de la "primavera democrática" del alfonsinismo. “La casa está en orden” fue una expresión de la razonabilidad política que dejaba de lado la ruta hacia la Justicia por los crímenes de Lesa Humanidad.
Fue recién con el gobierno de Néstor Kirchner que los argentinos pudieron profundizar el camino de Memoria, Verdad y Justicia con el renacer y la continuidad de los juicios y condenas a los genocidas. Procesos que aun hoy siguen buscando una sentencia que haga Justicia para las víctimas, sus familiares, sus seres queridos y con la historia misma.