Alfonsín, el irrazonable



Ramiro Pereira-. Dedicado al Dr. Juan Antonio Tardelli (el Cuco), dirigente radical y abogado defensor de presos políticos durante los años de plomo.




Hace unos días, en ocasión de un nuevo aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, recibí por whats app un flyer con imágenes sobre el juicio a las Juntas y Ernesto Sábato entregándole el informe de la CONADEP al presidente Alfonsín, con una leyenda que rezaba: “ellos pusieron el feriado, él puso las pelotas”. Como ya no tengo 20 años y me interesa mucho más comprender las cosas que tener razón, procuré reflexionar sobre la política del peronismo respecto a la violación de los Derechos Humanos durante la última de las dictaduras y fugazmente bramé contra la paradoja de que muchos de quienes apoyaron a un candidato a presidente que avalaba explícitamente la autoamnistía militar, cuestionaran luego la ley de obediencia debida.

Sin embargo, hay algo que ciertamente no se nombra, que son las razones que llevaron al Frente Justicialista de Liberación y a su candidato Italo Luder -apoyado, entre otros, por el Partido Comunista - a sostener la convalidación de la autoamnistía del gobierno militar.

No es que se tratara de malhechores insensibles, sino que la postura política del peronismo en 1983 era razonable en términos políticos. La transición de la dictadura a la democracia iba a hacerse con unas Fuerzas Armadas no subordinadas al poder político emanado de la ley y la soberanía popular, sino con la autonomía que habían gozado in crescendo desde la década del ’30.

Por otra parte, la dirigencia política del ’83 no tenía la mirada de quien se sitúa años después y no podía saber si el nuevo gobierno constitucional sería reemplazado por otro gobierno constitucional o culminaría desplazado por la fuerza. Esto es obvio, pero no está demás decirlo. Y eso es así incluso cuando -visto desde hoy- la democratización no fue un fenómeno aislado ocurrido en Argentina sino que se dio en la región en la década del ’80.

La posición del FREJULI respecto de la cuestión militar era pues comprensible. Desde ya que implicaba garantizar la impunidad, pero debe entenderse que no ha habido país en el mundo, salvo la Argentina durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en el cual la transición de un gobierno autoritario a uno democrático se hiciera juzgando -con respeto al debido proceso y con derecho a defensa- a quienes pocos años antes habían tenido la suma del poder público y a su merced las vidas y las muertes de los argentinos. Hubo juicio, y como consecuencia del debate y la prueba contundente de la represión ilegal, condena.

La impunidad de los dictadores como fenómeno general y universal -que tuvo su única excepción en el juicio a las juntas de la Argentina- se debe al hecho del poder que tienden a conservar quienes se van del gobierno y a la posibilidad objetiva de frustrar la democratización. Por caso, el “Pacto de la Moncloa” es un monumento a la impunidad después de cuarenta años del atroz régimen franquista. Y sin embargo, es citado como ejemplo de transición democrática. Lo es porque en la Moncloa se procuró construir la democracia española del porvenir.

La razonabilidad de la impunidad propugnada por el FREJULI en 1983 deja a Alfonsín en la situación del candidato que postulaba una línea de acción que no se ajustaba a la razonabilidad política del momento.

En efecto, como hechos históricos, la CONADEP y el juicio a las juntas revisten una extraordinaria excepcionalidad, que tienen su razón fundamental en la extraña decisión de no ser razonable adoptada por el presidente Alfonsín.