Prision Domiciliaria Para Todos



Joakito-. A Luis D´Elía los tribunales nacionales se la niegan y muchos hablan de persecución. En Entre Ríos, la justicia la otorga y sin embargo, la ministra de gobierno-encargada del servicio penitenciario- mira para el costado, no la otorga y dice que no le alcanzan las tobilleras electrónicas.
Así, a la vista de todos y con el silencio cómplice del Supremo Tribunal de Justicia, el Estado entrerriano vulnera -una vez más- los derechos y garantías básicas de cualquier ciudadano. La prisión domiciliaria está contemplada desde hace casi un siglo en el Código Penal que elaboró Vélez Sarsfield  y se le otorgaba a los mayores de 70 años. En 1996, se cambió la edad a setenta años haciéndose extensiva a los que padecían una enfermedad incurable. Con la  reforma de la ley 24660 por la ley 26472, en  2008, no se modificó la edad para acceder al beneficio, por lo que sigue teniendo vigencia el haber cumplido setenta años, quedando así plasmado en el artículo 70 del Código Penal pero aplicándose ya no solo a condenados con sentencia firme, sino también a quienes están procesados con prisión preventiva. A su vez, la aplicación de esta pena a quienes no tienen sentencia firme, solo es válida cuando se demuestra que éstos no pueden entorpecer la investigación penal o poner en riesgo la vida de terceros o fugarse.

Volvamos a la realidad carcelaria entrerriana. Sabido es, que debido al otorgamiento a las fuerzas policiales de la capacidad para intervenir en el negocio de las drogas, en ese mamarracho jurídico conocido como Ley de Narcomenudeo, sumado al aumento de las condiciones de vulnerabilidad de la población que hacen que el delito crezca, las cárceles a cargo del gobierno provincial, no solo están colapsadas, sino que la mayoría de los internos se encuentran en pésimas condiciones de detención.
Todo esto hace necesario, que la prisión domiciliaria  no sea aplicable solo a los casos de connotación mediática sino que si uno toma los distintos fallos y la literatura del derecho penal argentino que existe, valdría para la mayoría de los que hoy habitan las cárceles entrerrianas, ya que la prisión domiciliaria funciona como una solución prevista por la ley para aquellos casos en que el encierro carcelario supone, por la situación particular del penado o de la penada, un sufrimiento intolerable e inhumano, por lo que precisamente, la finalidad de este instituto se dirige a humanizar la ejecución de la pena privativa de libertad, cuando en función de la situación descrita, la finalidad de reinserción social no tiene efecto práctico.
Según la Ley, el juez de ejecución de penas o el tribunal interviniente puede otorgar la prisión domiciliaria en los siguientes casos: al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándose un trato indigno, inhumano o cruel;  al interno mayor  de setenta  años; y la mujer embarazada; y a la madre de un niño menor de cinco  años o de una persona con discapacidad, a su cargo. Es decir, que si realmente se cumpliera con la ley, por ejemplo todos los enfermos de HIV -que según datos del propio Servicio Penitenciario Provincial- cada vez son más e incluso crece la tasa de contagio hacia dentro de las cárceles, como así también la mayoría de las mujeres presas en cárceles entrerrianas deberían estar detenidas en su casa.
Ahora bien, si a un juez o jueza de Entre Ríos, se le ocurre otorgar este beneficio, resulta que no podrá aplicarse, porque según el Ministerio de Gobierno no disponen de la cantidad suficiente de tobilleras electrónicas, como si esta condición fuera "sine qua non" para aplicar dicha medida judicial. ¿Acaso el Servicio Penitenciario Provincial, o la propia Policía de Entre Ríos no cuenta con la cantidad de agentes necesarios para velar por dichos arrestos domiciliarios e impedir que se fugue? ¿O estamos ante una grave conducta de punitivismo demagógico de la clase política?