¿Cómo opera el partido judicial en Entre Ríos?



Gerardo Pressman-. Cada día los medios de comunicación nacionales publican en sus portadas noticias referidas a investigaciones, acusaciones y cruces hacía varios dirigentes políticos -fundamentalmente de la oposición- por parte de la Justicia. La Justicia se ha convertido en un factor clave y decisivo en la arena política en este año electoral. ¿Cómo funciona el Partido Judicial (PJ) en Entre Ríos?
Este año hay elecciones en la provincia y en la Nación, sin embargo, aún resta conocer las definiciones sobre quiénes serán los candidatos, aunque ya se ve jugando fuerte sobre la mesa de negociación electoral al poder judicial de la provincia, especialmente, quienes dependen de la Procuración General de la provincia.
¿Cómo y por qué los fiscales a cargo de la procuración general de Entre Ríos, toman decisiones que influyen en la arena electoral?
En principio, hay que empezar señalando los nombres de quienes influyen sobre las decisiones que se toman a diario en el Palacio de Justicia. El primer nombre a mencionar, ya que es sin duda quien más ha fortalecido al PJ de Bordet, es la ministra de gobierno Rosario Romero. ¿Por qué? Por que fue ella, quien estando al frente del Consejo de la Magistratura -cuando el gobernador era Sergio Urribarri- y desde allí, se encargó de nombrar en puestos claves del poder judicial, a todo aquel que le venía respondiendo políticamente o eran sus familiares, otorgándole juzgados y fiscalías a su antojo (Marcelo Baridón, Alejandro Cánepa -ambos jueces- y Alvaro Piérola -fiscal- por ejemplo, eran funcionarios bajo su cargo cuando su marido Juan Carlos Halle fue intendente de Paraná).
Aunque por los pasillos de los tribunales provinciales, todos se hagan los tontos y se oculten bajo el mote de que ellos no hacen política sino que son simples técnicos, lo cierto es que todos -desde el Supremo Tribunal de Justicia hasta el último de los fiscales, provienen de la militancia política. En ese marco, los que responden al matrimonio Halle, son abrumadora mayoría. No existen los "técnicos" en el derecho, en un sistema republicano como el nuestro que tiene tres órganos: el ejecutivo que dicta actos administrativos, el legislativo que dicta actos leyes, y el judicial que hace cumplir las leyes.
Los tres poderes están sometidos a la voluntad popular, a pesar de que en Argentina, los jueces y fiscales no son elegidos por el voto popular, la idea que prima es la de hacer valer la voluntad popular, entonces, queda claro que tanto jueces como fiscales, responden a la lógica del poder.
En Entre Ríos, el código procesal se basa en un sistema acusatorio"inicial", a diferencia de otros sistemas acusatorios provinciales como el de Neuquén que es un sistema acusatorio intermedio, y por último existe un sistema acusatorio "original" que es el modelo norteamericano -en el que se basa desde un fundamento filosófico el sistema acusatorio de la Argentina- donde el Procurador y los fiscales son elegidos popularmente (esa diferencia no es menor), se establecen juicios por jurados con una participación activa popular en las decisiones penales, etc: este es el sistema que se quiso copiar, pero manejado por una pequeña oligarquía.
En Entre Ríos, al aplicarse un código procesal desde un sistema inicial en vez de mejorar la aplicación de la justicia solo se han limitado a darle más poder al Partido Judicial sin garantías para los ciudadanos, ya que la mayoría de los fiscales son suplentes o interinos y actúan de acuerdo a lo que manda el Procurador General. Como se sabe, el matrimonio Halle se caracteriza por saltar de partido a partido, por lo que el partido Judicial va haciendo lo mismo: proteger a quien tiene la caja, destrozar al que perdió el poder.
Este fortalecimiento del Partido Judicial se ve en evidencia en el propio funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, ya que este tiene autarquía, es decir maneja su propio presupuesto de la manera en que se le antoja; a su vez, el Procurador tiene garantía de inamovilidad otorgándoles el puesto de por vida.
Entonces cabe preguntarse los problemas e inconvenientes que esto trae aparejado, como por ejemplo ¿Quién controla al Procurador?¿Qué legitimidad tiene este para definir o perseguir una conducta criminal? De esta manera, al tener un puesto de por vida, el Partido Judicial lo que se garantiza es que el poder político -elegido mediante la voluntad popular- se vea sometido a los mandatos del Procurador.
A su vez, además, en el ministerio público fiscal entrerriano existe un principio de jerarquía entre el Procurador General y el resto de los fiscales de toda la provincia.
Por eso, en varias causas importantes de la provincia, los pocos fiscales titulares y con algo de dignidad dejan por escrito algo insólito en sus dictámenes: "por instrucciones del Procurador" cambiando muchas veces acuerdos de partes, sean o no legales las instrucciones del Procurador. Cabe aclarar que entre los jueces no existe este principio de jerarquía. Y que a la vez, si se apela una decisión del Procurador, ésta va a la Cámara de Casación, compuesta por la mujer del Procurador.
En síntesis, la provincia de Entre Ríos le dio todo el poder al Ministerio Público Fiscal, vació de garantías -cuando se debatió acerca de las funciones y de las nulidades que tiene el Procurador General, fue el propio Amilcar García quien se encargó de sacar mas de  90 artículos, dejando sin posibilidad de reclamo, es decir se da de hecho la suma del poder público. Todo esto se realizó bajo el argumento de que los procesos penales sean ágiles y mas expeditivos. No sirvió para eso. Sirvió para superpoblar las cárceles y hacer política, persiguiendo gente, cruzando una línea que ni el gobernador Montiel se atrevió a cruzar. Quizás porque tuvo el tino de rechazar a Rosario Romero como vicegobernadora.


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