Vivir de un “plan social”



Víctor Gimenez-. Ni Bronislaw Malinowski se atrevió a tanto pero esta etnografía de los “planes sociales”  intenta poner foco en el entramado social de los llamados “planeros”, “vagos”, “negros villeros”, entre otros adjetivos calificativos con los que se describe y caracteriza a ciudadanos argentinos beneficiarios de planes sociales otorgados por el Estado. Mito o realidad, un muestreo de una familia beneficiaria del universo de los planes sociales revela o al menos intenta revelar, la punta del iceberg de una problemática social que involucra al conjunto de una sociedad con más de %30 por ciento de pobres.

Un plan social se desarrolla a través de diferentes programas y cada uno de estos se despliega mediante diferentes proyectos. Es decir que cuando alguien se refiere a un plan social deberá primero discriminar a qué programa o beneficio social hace referencia.
Aproximadamente 21 millones de personas- la mitad de la población argentina- cobran algún cheque del Estado. Entre ellos están los empleados públicos,  jubilados- pensionados,  planes sociales de todos los colores y matices, subsidios, entre otros, y solo cerca de 8 millones de trabajadores registrados lo hacen en el sector privado.
Esto quiere decir que tenemos un Estado enorme, el cual brinda servicios públicos pésimos y que de ninguna manera justifica el desequilibrio fiscal en las cuentas públicas que produce el enorme déficit, impidiendo el ahorro y la inversión.
Ahora bien, ¿hay que sacar todos los “planes sociales” y despedir miles de empleados públicos?
De ninguna manera. Hay que crecer económicamente para generar puestos de trabajo dignos y el Estado debe ser operativo y eficiente para que este sea un país de oportunidades, las cuales no las tiene del todo la familia de María José y Antonio, una pareja de casados jóvenes que viven con sus seis hijos menores de edad- todos varones-, en un humilde y olvidado barrio de Paraná que queda a solo diez cuadras de Casa de Gobierno. Ambos son beneficiarios desde el año 2009 del programa nacional con inclusión social “Argentina Trabaja” que junto con el programa “Ellas Hacen”, fue reemplazado durante la gestión del gobierno actual por el “Hacemos Futuro”, que en principio fue un intento mediante el programa “Empalme” de incorporar a estos beneficiarios al mercado laboral en empresas que recibirían a cambio beneficios en las cargas patronales. Nada de esto pasó y fue un rotundo fracaso por varias cuestiones.
En la actualidad, cobran cada uno cerca de $ 5 mil pesos por mes además de la Asignación Universal por Hijo que cobra María José por cada uno de sus seis hijos de aproximadamente $1700 pesos cada uno, que con una inflación del % 48 por ciento anual, bloquea cualquier posibilidad de capacidad de ahorro.
En la actualidad no realizan ninguna clase contraprestación, al contrario de cuando comenzaron,que pintaban escuelas, realizaban huertas y se capacitaban en oficios. Nada de eso quedó. Solo obligan a quienes no han terminado de cursar los estudios primarios y secundarios, a finalizarlos y pasar por el cajero los días cinco de cada mes. La cosa no queda ahí: pertenecen a una organización política de izquierda que regentea a los beneficiarios y obligan a asistir- con arcos y flechas- a movilizaciones contra el gobierno, quien es el que les paga todos los meses.
Las relaciones de poder dentro de la organización son claras: ejercicio del verticalismo y prácticas de “punteros”. Por “reservas de privacidad” y posibles represalias me solicitaron que no cite a la organización piquetera de izquierda que lleva adelante el registro de los beneficiarios y controla mediante toma de asistencia, las presencias de los beneficiarios en las marchas. Si no asisten, afirman, amenazan con retirarles el beneficio. Buena gente.

Cobrar un “un plan social” es un estigma, manifiesta la joven pareja, porque no quieren que sus hijos crezcan viendo a sus padres vivir del Estado. Con todos los cheques que cobran por mes a dura penas llegan a cubrir la canasta básica de alimentos por lo que Antonio, sale a trabajar todas las noches de remisero y María José, realiza trabajos ocasionales de costura. Afirman también que sus hijos asisten al comedor de la escuela y que por la noche buscan una vianda social que cocina la comisión vecinal del barrio.
Como vemos, por lo menos en este caso, no pretenden vivir de un “plan social” y es por eso que despliegan estrategias de supervivencias. Se las arreglan, como lo hacen muchas familias para llegar a fin de mes y están de acuerdo en que les gustaría tener un trabajo genuino, en blanco y no depender del beneficio social.

Al despedirme de ellos, me confiesa Antonio sonriendo y termo bajo el brazo, que “zafaron” con el bono de $3000 pesos que otorgó el gobierno nacional para las fiestas de fin de año, que evitó un estallido social; a lo que sentenció: “ojalá sea todo el año fiesta”.
Espero, en un futuro no tan lejano, poder titular en una nota: “La vida después de un “plan social”.