Las avivadas del Procurador General




María Celina Tosi Bagilet-. Entre Ríos copió mal la creación del Ministerio Público Fiscal de la reforma constitucional de 1994, hasta el punto de haber creado su propio Frankenstein.


El Ministerio Público es una institución autónoma a los tres poderes del Estado que se incorpora con la Reforma Constitucional de 1994. Según el artículo 120 de nuestra Constitución, se trata de un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de los intereses generales de la sociedad.
En resumen, tiene la función de promover las acciones legales, de oficio o por instancia de parte, y de prestar servicios de defensa en los procesos judiciales a quienes así lo requieran. Está integrado por el Ministerio Público Fiscal, encabezado por el Procurador General de la Nación, y el Ministerio Público de la Defensa, dirigido por el Defensor General de la Nación.
Se trata, por lo tanto, de un pilar clave en nuestra arquitectura jurídica.

Este mismo esquema se replica a nivel provincial, regulado por la Ley 9.544 (Ley Orgánica del Ministerio Público de Entre Ríos), pero con una diferencia sustancial: los métodos de elección.
A nivel nacional, la designación de magistrados se realiza a través de un concurso público de oposición y antecedentes del cual surgirán las ternas de candidatos que el Procurador General de la Nación presentará al Poder Ejecutivo, quien debe nombrar a uno con acuerdo del Senado. Mientras que en nuestra provincia son elegidos discrecionalmente por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, sin concurso público previo que respalde la postulación al cargo. No sabemos si el método en Entre Ríos es más potestativo, pero sí sabemos que el Poder Ejecutivo elige personas sin considerar siquiera los antecedentes y la trayectoria de las mismas.
Por eso, cada polémica en la que se ve envuelto el Procurador General, le resbala. Mientras no se meta con el gobernador de turno, tendrá una vida tranquila. Ya cuando deje el cargo y si el nuevo gobernador, por necesidades políticas, así lo requiere, le hará la vida imposible al exgobernador de turno llenándolo de causas judiciales. No hace falta abundar en ejemplos: la prensa sensacionalista, siempre oficialista, muestra todos los días cómo funciona este esquema ideado durante el anterior gobierno. Sin saber, como probablemente no sepa el actual gobierno, que el experimento se convertiría en su propio Frankenstein.
El mismo método se utiliza para la elección de funcionarios y empleados provisorios, interinos o suplentes. Existe un vacío legal en cuanto a la regulación de estos nombramientos, debido a que lo único que establece la ley es que el Procurador General tiene la atribución de proponerlos, pero nada reglamenta en cuanto a los plazos de las funciones. Esto posibilita las decenas de funcionarios y empleados provisorios, interinos o suplentes en situación de inestabilidad. Que hacen sin chistar lo que les ordena el Procurador General, porque de otro modo, quedan afuera de la Justicia. De más está decir que abunda el nepotismo, el acomodo, los traslados raros, los fallos arbitrarios, la politización de la Justicia, los pésimos resultados, el descontento general. Hay de todo menos eficiencia, integridad y capacidad. Esa te la debo.

Otra laguna legal se presenta en cuanto al método de remoción de funcionarios, debido a que la ley sólo atribuye al Procurador General la facultad de formular la acusación de magistrados ante el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia en los casos en que el órgano disponga la formación de la causa contra el denunciado y de proveer las medidas probatorias; luego del debate, puede mantener la acusación o expedirse por la absolución del enjuiciado. Pero no establece las causales de remoción, como tampoco la forma y los plazos del procedimiento. O sea, es completamente arbitrario un eje estratégico del funcionamiento real de la maquinaria judicial en su costado más sensible. Un despropósito que los legisladores, tarde o temprano, tendrán que enmendar.

Uno de los principios funcionales del Ministerio Público Fiscal es el de unidad de actuación, el cual implica que el accionar del órgano debe ser único e indivisible y estar plenamente representado en la actuación de cada uno de sus funcionarios. En otras palabras, las acciones y decisiones de cada uno de los fiscales debe estar en armonía con la institución como un todo, bajo la dirección del Procurador General. Como si fuera un Ejército, con ese grado de autoritaritarismo, arbitrariedad y falta de garantías: si el Procurador decide que todo el Estado irá contra el acusado, los soldaditos tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir con los deseos del Teniente General.
Aún así, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de Entre Ríos establece que este principio debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que corresponde como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales y defensores, en razón de los diversos intereses que deben atender. Es decir, se establece un límite al principio general, el cual debe entenderse teniendo en cuenta que cada uno de los fiscales y defensores son operadores jurídicos idóneos, capaces, con posicionamientos políticos y jurídicos acordes a la función que desempeñan, por lo que el Estado les concede la facultad de actuar de forma autónoma en cada uno de los procesos judiciales dentro del marco general establecido en el Ministerio Público. Pero si nos atenemos a la cantidad de suplentes, acomodados, familiares y demás avivadas mencionadas en esta nota, ese nebuloso artículo 1 es de imposible cumplimiento. De hecho, así sucede: ese artículo duerme el sueño de los justos.
Se entiende que cada fiscal y cada defensor en su individualidad tiene la capacidad y la idoneidad para desempeñar sus funciones correctamente de forma autónoma. Mejor dicho, debería entenderse así. Pero los oportunos "vacíos legales" lo hacen de imposible cumplimiento.