¿La prisión preventiva es un "privilegio"?



Gustavo Guzman-. La prisión preventiva domiciliaria a Juan Pablo Aguilera hizo florecer en todo su esplendor la hipocresía de un sector de la oposición. Pero también sirvió para demostrar la distinta vara de la Justicia.

Concretamente, la diputada provincial  María Alejandra Viola, de Cambiemos, se presenta como una santa de la política, pero no pidió celeridad en las causas por corrupción que involucran a su marido.
Luego de que la diputada provincial María Alejandra Viola considerara que se trató de “un privilegio” la prisión domiciliaria concedida a siete personas imputadas en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratos suscriptos en la Legislatura entrerriana y pidiera “celeridad” en las resoluciones judiciales, es necesario recordar que lejos de tratarse de un privilegio, lo que sucede con esta medida es que empiezan por fin a cumplirse en Entre Ríos los derechos de las personas privadas de su libertad contenidos en la Constitución y en tratados internacionales.  En este caso puntual,recordemos que el esposo de la diputada, el ex ministro montielista Oscar Berón, cumplió una pena por delitos de corrupción, está inhabilitado para el ejercicio de la función pública y se declaró culpable de varios delitos en otra causa también por hechos de corrupción en la que optó por un juicio abreviado. Ahora, la diputada Viola, se presenta como la santa de la política, cuando debería estar elaborando proyectos que ayuden a que Entre Ríos salga de esta vergonzosa situación en la que quedó en evidencia que no se cumplen en nuestro territorio las garantías mínimas del Estado de derecho.
Viola se refiere ahora al accionar presuntamente parcial del Poder Judicial, pero nada dice sobre su esposo, el ex ministro de Economía de Sergio Montiel Oscar Berón, o sea miembro del gobierno que más daño hizo a la provincia de Entre Ríos desde el advenimiento de la democracia, incluso con víctimas fatales”.
El marido de la legisladora cumplió condena de dos años y dos meses de prisión condicional y fue inhabilitado a perpetuidad para el desempeño de cargos públicos, lo que lo llevó a alejarse de la vida política. Fue por avalar la recepción de colectivos usados de la empresa de transporte San José para cancelar deudas impositivas, lo que se encuadró en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, administración infiel y fraude a la administración pública, dado que generó un considerable perjuicio al Estado.
Y como cuando estaba cumpliendo esta condena, el año pasado, llegó el juicio oral y público en su contra por otra causa de corrupción en la que fue imputado de defraudación a la administración pública y falsedad ideológica por designaciones irregulares en el Ministerio de Acción Social, temeroso de que una acumulación de penas lo llevara a una unidad penal, optó por beneficiarse con un juicio abreviado y declararse culpable de esos delitos”.

Si bien Berón y otros encumbrados hombres del montielismo finalmente resultaron absueltos en esa causa en primera instancia, ese fallo no está firme y la Fiscalía no motorizó la correspondiente apelación, como hace en todos los demás casos. Aunque pasó casi un año y medio, no se la ve a la legisladora pidiendo imparcialidad y celeridad en este caso que la involucra en lo personal.

Que, por las razones que sean, se haya incumplido sistemáticamente la ley, sobre todo en los últimos tiempos, que es clara en materia de prisiones preventivas, abusando de éstas y haciendo caso omiso a la ley, a la Constitución tanto provincial como nacional, y a los Tratados Constitucionales que en nuestro país tienen rango constitucional desde 1994, no significa ningún privilegio para nadie. Es la ley.
La reacción correcta sería reclamar que la ley se cumpla para todos. Sin hablar para la tribuna y mirando a la Justicia con un solo ojo, más aún cuando la prisión preventiva -sea domiciliaria o en una Unidad Penal, si ésta se ajusta a la normativa vigente- no puede aplicarse en este caso por riesgo de fuga, ya que los imputados siempre estuvieron a derecho. En cuanto al otro causal de la prisión preventiva sin condena, el de entorpecimiento de la investigación, parece más un anhelo de un sector de Cambiemos, ejemplificado en los dichos hipócritas de la diputada Viola, que en la conducta de los imputados. Precisamente, tratar de sacar rédito político haciendo demagogia, es entorpecer la investigación. Además de prejuzgar y pedir castigos sin condenas ni juicios.
Lo cual está mal de por sí, pero más viniendo de una legisladora que debería abocarse a lograr en materia legislativa que la ley, la Constitución y los Tratados Internacionales no sean letra muerta, sino que se apliquen para todos. Y reclamar "celeridad" para todos, no solamente para sus adversarios del peronismo.