La ley del boludo



Lucas Carrasco-. Medir el trabajo de un legislador por cuántas leyes hizo en vez de cuántas leyes eliminó, es no entender que el problema son la cantidad de leyes, que solo a nivel nacional son casi ¡¡¡28.000!!! Sí, leyó bien, tenemos 28.000 leyes. Mejor ni preguntar por los resultados de este despropósito.

Una vieja bandera del progresismo a nivel mundial era la simplificación del sistema tributario. A cualquier entendido en la materia no se le escapa que su actual nivel de complejidad no solo sirve a la elusión, que es un deporte corporativo que podría integrar las Olimpíadas (así ganan algo esas islitas caribeñas y de Oceanía), sino que, en términos generales, profundiza la desigualdad fiscal que deviene luego en social. En Argentina es bastante obvio, porque el Estado sustenta la madeja de subsidios directos e indirectos a los dueños ricos de empresas pobres, a través del Impuesto al Valor Agregado. En Entre Ríos pasa lo mismo con el Inmobiliario y con los impuestos a los trabajadores y en la Municipalidad de Paraná, con sus equivalentes, aunque se llamen tasas y se les exija, cada vez más, tareas que solo un estado puede hacer cobrando impuestos.
Con más de 27.000 leyes (llegando casi a las 28.000) sancionadas por el Congreso Nacional, no hay ni la más remota posibilidad de que el ordenamiento jurídico no se contradiga, no tenga leyes viejas y en desuso, ni mejore la calidad institucional.
En la provincia de Entre Ríos, nadie sabe, nadie se molesta, por averiguar siquiera cuántas leyes se han sancionado. Pero si nos atenemos a la historia, como Entre Ríos tuvo menos interrupciones a la democracia que el conjunto de la Nación, es decir, menos golpes militares, tal vez sean más la cantidad de leyes. Porque además, la Constitución de 1933 contiene la cláusula de que los diputados se eligen proporcionalmente luego de que se le otorgue la mayoría simple a la lista más votada, que siempre ha sido la que gana el Ejecutivo. No se reformó en 2008 (y está bien, pero por otras razones). Ese es un aliciente para que la legislatura provincial sea más eficiente que el Congreso Nacional. Pero esa eficiencia, al tener el propósito estratégico errado, puede ser un tiro al pie.

Cuanto más compleja sea la trama legal, más reaccionaria.
En estos tiempos de alocado punitivismo y demagogia penal, es difícil ir contra la corriente. Pero un legislador que no presente ningún proyecto de ley le hace bien a la provincia y a la Nación.
Por supuesto, lo ideal sería que trabaje en derogar leyes. Empezando por las vetustas, las sin sentido, las que se contradicen. Podría darle color a esta nota nombrando varias leyes como las que dicen que cualquiera, sin ser socio, puede acceder a un club o la que prohíbe escupir en el suelo de los bares.
Nota: ambas leyes son autoría del primer legislador socialista de América Latina: Alfredo Palacios. Ambas leyes están vigentes.

La fatal ignorancia en matemáticas puede hacer que esta nota sea incomprendida. Muchas de las leyes sancionadas son modificaciones, en la mayoría de los casos necesarias, de leyes anteriores. Otras muchas son leyes necesarias para el funcionamiento normal del estado. Otras son bonitas declaraciones de intenciones, que van desde pedir por la paz mundial a felicitar la Fiesta de la Sandía. Y muchas otras, la gran mayoría, son simplemente leyes que nadie cumple y a nadie le importa. Pero queda bien votar. Y se votan. Al pedo, pero se votan.

Sobre la base de varios mitos sustentados en el desprestigio institucional, se extiende la creencia de que tenemos poca legislación en materias donde la legislación abunda. Y sobra.
Así como el pensamiento mágico hace presuponer que hay que hacer leyes para tal o cual problema coyuntural (en la mayoría de los casos, esas leyes ya existen, de manera que lo que se hace es agravar las penas, si son penales o hacerle correcciones y agregarle detalles irrelevantes, si son civiles) para contentar las olas linchadoras que con salvajismo coyuntural atraviesan la agenda pública. La mayoría de esas leyes nunca se llegan a aplicar. Y no es culpa de jueces, legisladores, periodistas ignorantes ni histéricos de las redes sociales. Es un problema más grave. Es la epidemia de ignorancia.

La simplificación del sistema legal presupondría disminuir el peso de las burocracias mediadoras, ayudaría a la comprensión de la arquitectura legal que sustenta los lazos sociales y blanquearía las porosas regulaciones que abundan en la economía.
Un primer paso sería comprender que la demagogia periodística -nacida de la estupidez, no de una conspiración malvada- de hacer un ranking de proyectos presentados por cada legislador, avala algo nocivo para la democracia: los cambios de partido una vez que el legislador ya fue electo. Además de que contribuye a la desinformación de que el problema legislativo es la cantidad de leyes, no cuántos proyectos se presentan. Más profundo aún: la calidad de los proyectos es más importante que la cantidad de proyectos.
Por ejemplo, un legislador puede presentar innumerables proyectos de declaración -solicitando que se pavimente una ruta, que se declare de interés planetario y marciano alguna fiestita, etc- y quedar como un campeón para los periodistas brutos. Mientras que otro legislador puede tomarse el trabajo de simplificar el sistema tributario para, por citar ejemplos reales, las trabajadoras de limpieza en casas de familia (posibilitando así un masivo blanqueamiento, como ocurrió) y según el parámetro de los ignorantes, el primer legislador es mejor. No. no funcionan así las cosas.

La equivocada creencia de que el Congreso Nacional de Argentina es una "escribanía del gobierno de turno" desconoce que en los países nórdicos, con sistemas parlamentarios en su totalidad, las leyes que sanciona el Parlamento y son autoría del Poder Ejecutivo, son proporcionalmente muchas más que en la Argentina, medidas de acuerdo a las últimas décadas. Incluso en sistemas presidencialistas como Estados Unidos, las leyes originadas en el Poder Ejecutivo y aprobadas por el Congreso, son mayoría en comparación con Argentina. En EEUU, al igual que en Argentina, no hay Parlamento: la diferencia es que a ningún legislador yanqui, como pasa con los legisladores argentinos, se le ocurriría autodenominarse "parlamentario". Hasta a una ex docente de Derecho como Elisa Carrió le gusta hablar de "parlamento" en vez de Congreso, como si viviera en Albania, Botsuana, Líbano o Etiopía. Países con sistema parlamentario, como le gusta a los socialdemócratas cool.

La falla, también, está en considerar los proyectos por legislador en vez de por bloque. Además de las obviedades constitucionales del rol de los partidos políticos, de los menos conocidos negocios que significan armar bloques legislativos aparte, el curro de los estudios de abogados que se contratan para que redacten muchas leyes (a cual más irrelevante) y de que es una estafa a la voluntad popular, la integración por bloques posibilita, por ejemplo, que en las Cámaras Legislativas existan sindicalistas, obreros, licenciados de otras ramas que no sean jurídicas y así se enriquezca la visión legislativa.
Si un representante de la Organización de Trabajadores Radicales -la rama sindical de la UCR- no integra un bloque legislativo con diputados y senadores que provengan de licenciaturas diversas y cámaras patronales, por ejemplo, es prácticamente imposible que logre avanzar sus intereses particulares dentro de un cuerpo colegiado. Y sí, sus intereses particulares son representativos, quizás mucho más representativos que los de las cámaras patronales. Pero para que coexistan de manera más o menos equilibrada, deben integrar un bloque y, en un país ideal, tener un partido político con amplia democracia interna pero también fuerte capacidad de sanción si alquilan su banca.



La simplificación de la arquitectura legal, posibilita además su cumplimiento.
La Reforma Protestante, cuyo origen tiene, como todo fenómeno social profundo, un racimo de causas complejas, tenía como bandera un reclamo simple: que la misa no sea en latín, así todos podían entender las escrituras de la biblia. Esto resultaba subversivo para el catolicismo, en aquella época y hasta no hace mucho.
Al tratarse de religión, la cuestión social contenía un aspecto civil, de suma importancia: si cualquiera podía leer la biblia al ser traducida a su idioma, la relación con dios podía ser personal, sin necesidad del cura como traductor.
Esa reforma, que fue revolucionaria en sus tiempos, fue de las pocas experiencias de rebelión legal efectiva que ha tenido occidente.
Argentina necesita algo así.

O bien, puede quedarse en el chiquero mental de contar, como milico en la época de Onganía, el largo del pelo de cada legislador y medir las faldas de las legisladoras -todo con el lenguaje reaccionario pseudoprogre de esta época- y hacer de centinela de la patria revisando los contratos de la legislatura. O cuántos empleados tiene la biblioteca. O qué cartelito demagogo pone cada legislador delante de su banca -ya convertida en almacén de ramos generales para la iconografía: en breve van a contratar como asesores a escenógrafos de TV para que les decoren su banca-. Una sugerencia para el legislador que se atreva: ponga un cartelito delante de su banca que diga "Vidriera en Preparación". Ser boludo es legal en Argentina. Ninguna ley lo prohíbe. Hasta ahora.
No sea cosa que...






Nosotros leemos ésto: