¿Cuándo corresponde la prisión preventiva?



María Celina Tosi Bagilet-. El abuso de la prisión preventiva, utilizada como coacción jurídica ilegal y como linchamiento simbólico de la sociedad, está regulado por ley. Te lo explicamos en esta nota.




El límite constitucional para la prisión preventiva se enmarca dentro del principio de legalidad establecido en el art. 18 de la Constitución Nacional, entendiéndose que nadie puede ser penado sin sentencia firme fundada en ley anterior al hecho del proceso. En los papeles, dice eso.
Es de común acuerdo que la prisión, sea preventiva o en cumplimiento de una sentencia, es una pena, y por tanto, su imposición sin veredicto judicial firme atenta contra uno de los principios fundamentales del derecho penal argentino. Esto es, no solamente la prisión preventiva, sino la prisión sin sentencia firme, deben estar de acuerdo a la ley y ser la excepción, no la regla, como sucede con la prisión sin sentencia firme. En el caso entrerriano, la Justicia ha convertido la prisión preventiva en la regla y no en la excepción. Esta pena sin juicio nos retrotrae a tiempos anteriores incluso a la Edad Media, donde hasta la Santa Inquisición tenía un sistema legal y la tortura estaba legalizada. Hoy en día, la pena en cárceles superpobladas con una población hacinada y sin sistemas sanitarios y educativos de calidad, son perfectamente ilegales. La Inquisición, en este sentido, era menos hipócrita.

La procedencia de la prisión preventiva está vagamente regulada en los artículos 312 a 315 del Código Procesal Penal de la Nación, estableciendo como únicos requisitos que al delito o concurso de delitos (más de uno en un mismo hecho) que se le atribuye al imputado, le corresponda pena privativa de libertad y que el juez, arbitrariamente, estime que no procederá condena de ejecución condicional; o, en su defecto, aunque sea atribuible condena de ejecución condicional pero no fuera procedente conceder la libertad provisoria porque la "objetiva" valoración de las características del hecho, la posibilidad de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si éste gozó de excarcelaciones anteriores, hacen presumir que intentará eludir la acción de la justicia u obstaculizar las investigaciones. En criollo: si hay indicios firmes o precedentes de que se va a escapar o entorpecer la investigación, por ejemplo, amenazando o agrediendo a potenciales testigos con el fin de intimidarlos. Recordemos, que la prisión preventiva -la pena sin juicio- debe darse solo en casos excepcionales y no a los fines de amedrentar al imputado -como sucede en Entre Ríos por el fracaso de los Juicios Abreviados- con el fin de se declaren culpables. En el caso de Entre Ríos hemos visto incluso prisiones preventivas -sean domiciliarias o no- para imputados de delitos que son excarcelables.
Además, la Ley 25.430 modificatoria de la Ley 24.390 de Plazos de Prisión Preventiva, establece en la modificatoria del artículo 3° que el Ministerio Público tiene la facultad de solicitar la prisión preventiva del imputado por la gravedad del delito que le fuere atribuido o cuando concurre alguna de las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior. Es decir, se le agregó una nueva condición, que es la gravedad del delito. La cual la decide solamente el juez de manera arbitraria y, aunque no está escrito en la ley, los medios de comunicación o la presión social.
Esta modificación, que en ciertos contextos y delitos podría tener sentido, al usarse de manera arbitraria o en causas políticas, se acerca más al linchamiento y las modalidades de pena prejurídicas.

Además, el Código Procesal Penal de Entre Ríos establece en su artículo 353 que luego de la declaración del imputado, el Juez de Garantías puede disponer la prisión preventiva a pedido del fiscal, siempre que existan elementos suficientes para sostener la participación punible del procesado en el hecho investigado. El objetivo de la medida cautelar es asegurar la presencia del imputado en el proceso, siempre que sea probable la aplicación de una pena privativa de libertad, que no se someterá al proceso o que obstaculice la averiguación de la verdad. Por supuesto, ésto tiene que demostrarse. Y en lo posible, seguir un mismo criterio para todos los imputados de delitos parecidos, no elegir a dedo, como sucede con frecuencia, tener una vara distinta según la cara del cliente y aprovecharse en los casos donde el imputado tiene defensor oficial porque carece de recursos económicos.

Nosotros leemos ésto: