Aborto y demagogia en Concordia



Keila G. Albornoz-. En Concordia, por primera vez -por lo menos que se conozca públicamente- agentes sanitarios de un hospital público, efectuaron un aborto a una adolescente de 13 años. Este caso, junto a la joven internada en el hospital San Martín de Paraná por un presunto "aborto casero" ponen sobre el tapete un debate que evidentemente no se saldó con la discusión parlamentaria.
El caso de la ciudad de la menor a la que se le practicó el aborto en Concordia debería ser noticia no por el hecho médico sino por la violación a la que fue sometida la menor.
La menor llegó al Hospital Masvernat por su cuenta junto a la madre pidiendo que le realicen un aborto de acuerdo a lo que estipula el Código Penal de la Nación, sin embargo en el Hospital se negaron. Se acudió a la justicia, pero en un acto de demagogia las autoridades de salud provincial decidieron que el aborto se efectúe sin necesidad de que la justicia se expida al respecto.
¿Por qué es demagogia?
Porque el aborto no punible en nuestro país rige desde el año 1921 y lo permite cuando una mujer embarazada está en peligro, su vida o la salud y cuando el embarazo es producto de una “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente” (artículo 86 incisos 1 y 2 del Código).
Sin embargo, desde el año 2012 en el caso “F. A.L. s/ medida autosatisfactiva”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible sin importar su capacidad intelectual, sin requerirse autorización judicial previa para acceder a la práctica y sin que exista obligación de realizar la denuncia penal del delito sino que basta con completar una declaración jurada en la que la mujer víctima de una violación manifieste que el embarazo es producto de ese delito. En el mismo fallo, la Corte exhortó al Estado Nacional y a las jurisdicciones provinciales a que sancionen protocolos hospitalarios que garanticen el acceso de las mujeres a abortos no punibles y a los poderes judiciales a que no obstruyan el acceso a los servicios, es decir, que el Hospital Masvernat debiera haber aplicado inmediatamente el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo” elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2012 y al cual adhirió la provincia en agosto del 2017.
Es demagógico porque las autoridades de salud a nivel provincial están solamente preocupadas en mantener las apariencias y en quedar bien con lo "políticamente correcto", es decir, todo aquello relacionado de alguna manera a los derechos de las mujeres. Sin embargo, si uno analiza seriamente la situación sanitaria puede notar que la adolescente y su madre recurrieron al Hospital Masvernat, es decir que en la ciudad de Concordia, la segunda en importancia de la provincia y la más pobre, no tiene hospital ni centros de salud dedicados a la infancia y a la adolescencia.

Por otra parte, a su vez si a la ministra de salud le interesara en serio la salud de las mujeres gestantes y la posibilidad de que puedan acceder a métodos no clandestinos de aborto, se preocuparía para que el misoprostol esté a disposición de todas las mujeres -y menores, en este caso- que no quieran seguir con su embarazo.
El debate sobre el protocolo y su aplicación no es un debate nuevo sino que lleva más de una década, de hecho en el año 2009 Paola Bergallo y Agustina Ramón Michel,  sostenían que no fueron pocas las discusiones que tuvo el artículo 86 del código penal, que fue modificándose conforme los gobiernos de turno. Por ejemplo, estas investigadoras del CONICET sostienen que "en 1968, con el fin de terminar con los desacuerdos sobre el alcance de los permisos contenidos en el artículo 86, el decreto ley 17.567 –siguiendo el proyecto de 1960 elaborado por Sebastián Soler– introdujo el requisito de gravedad del peligro en el inciso 1 y, luego de eliminar en el inciso 2 la frase “o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, incorporó la exigencia de que la acción judicial por el delito de violación hubiera sido iniciada. La reforma agregó, además, el requisito de que “cuando la víctima fuere una menor o una mujer idiota o demente” sería necesario «el consentimiento de su representante legal». Los cambios introducidos en esta última parte zanjaron las dudas sembradas sobre el alcance de la despenalización del inciso 2 y confirmaron que la norma establecía una permisión genérica del aborto en caso de violación y una especificación sobre la necesidad de representación legal en el caso de violación de la mujer “idiota o demente” o de la mujer menor de edad" Y siguen: "Estas modificaciones fueron dejadas sin efecto en 1973 por la ley 20.509 sancionada con el objetivo de derogar la legislación penal del gobierno militar. Así, la redacción original de 1921 volvió a tener vigencia, hasta que, en 1976, el nuevo gobierno dictatorial derogó la ley 20.509 y reincorporó la versión del artículo 86 establecida por la ley 17.567".
Sin embargo con el regreso de la democracia mediante un "Ley Ómnibus" se derogó lo hecho por la dictadura. De esta manera, el artículo 86 volvió a su versión original, que se mantiene hasta el día de hoy.

Si bien la aplicación del protocolo es correcta, deja serias dudas sobre las opiniones que tienen las diferentes autoridades sanitarias respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, o incluso, respecto a la maternidad en sí. Diana Maffia, del Instituto Transdisciplinario de Género de la UBA, en el libro  "Realidades y coyunturas del aborto. Entre el derecho y la necesidad"(Autores Varios) en el año 2006 sostenía que el Código Penal Argentino reproduce todos los estereotipos dominantes acerca de las mujeres, sobre todo en lo que refiere a los abortos no punibles ya que posee "un profundo y arraigado prejuicio la reducción de toda mujer gestante a la condición de madre, porque significa borrar el resto de sus atributos subordinándolos a una condición esencial y primaria. Esta operación de rotulación genera además una expectativa social hacia las mujeres, la expectativa de que también privilegien de modo absoluto la capacidad materna por sobre cualquier otra capacidad o plan de vida (los jueces lo hacen regularmente en sus fallos). Tal reduccionismo es un obstáculo ideológico que hace mucho más dificultoso comprender el conflicto de una maternidad no deseada, o la decisión de una mujer de interrumpir un embarazo. Y ello es así aún cuando el Código explícitamente privilegia la vida, la salud y la autonomía de las mujeres al no mencionar al embrión. La palabra “madre” en lugar de “mujer encinta”, por ser un término relacional, trae implícitamente a la presencia un sujeto no enunciado y no contemplado en este artículo del Código Penal, el correlato de la “madre”, el “hijo” fantasmático cuya inexistencia se está habilitando por ser perjudicial, precisamente, para el bien tutelado explícitamente por la ley: la vida, la salud, y la autonomía de las mujeres."
Diana Maffia va mas lejos aún y sostiene que "(...) decidir la no punibilidad del aborto terapéutico es responsabilidad médica. Es el médico quien establece si hay un problema para la vida o la salud, no el juez. Agregar exigencias que no están en la ley, tanto por parte del ejecutivo (que fue lo que pasó en el caso de Concordia) como del ámbito judicial, implica violar el sistema republicano de división de poderes, ya que los cambios en la ley corresponden al poder legislativo; y agregar requerimientos que no están en la ley es modificar su letra y sobre todo su alcance en la protección de derechos".