La extrema judicialización de la política entrerriana



Gerardo Pressman-. Reemplazar la discusión de ideas por los carpetazos en la prensa es pavimentar el camino para un Bolsonaro. Judicializar la política es ir creando una sociedad autoritaria, cerrada, elitista.

No hace falta enumerar la serie de hechos que tienen por común denominador el uso del poder disciplinario en la política, sucesos que van en su versión más dura con altisonantes militantes que ofician de funcionarios judiciales pidiendo cárcel para sus rivales internos partidarios, a la exigencia de castigo por salirse de lo políticamente correcto.
La política entrerriana está navegando en aguas peligrosas.
Los estamentos menos democráticos y menos transparentes de la sociedad se arrogan poderes extrademocráticos hasta límites increíbles.
Sin ir más lejos, la voluntad popular del pueblo soberano de Paraná, se vio alterada por el abuso de la prisión preventiva. Un concejal de Cambiemos está preso sin condena ni delito in fraganti, alterando la composición del Concejo Deliberante electo por voluntad popular.
A la inversa, el Senado provincial, alteró el voto popular  a través de un borocotazo del Frente Renovador y se volvió oficialista sin que medie ninguna explicación ni mucho menos investigación, porque la alteración fue para el lado que coyunturalmente tiene la manija de los clivajes judiciales.
El Presidente de la Cámara de Diputados y su mano derecha, también diputado, tienen pedidos de desafuero cuando no hay ningún juicio que se esté celebrando.
¿Cómo creer en un Poder Judicial, altamente desprestigiado, que siempre es tuerto y va para donde sopla el viento? ¿Cómo no intuir que si las urnas ratifican a los perseguidos, ese mismo Poder Judicial se volcará a perseguir a los rivales de los hoy perseguidos? ¿Lo consentirán éstos últimos?
No es casual que tanto el Intendente de Paraná como el actual Presidente de la Cámara de Diputados no hayan usado ese método de judicializar y dar carpetazos contra sus antecesores y rivales internos.


La supresión de la política por los carpetazos y el barro putrefacto de las causas judiciales contra quien deja el poder y la caja, han llegado a un nivel incluso peor que durante la gobernación de Sergio Montiel, que le armó decenas y decenas de causas a su rival Jorge Busti. Los mismos que le armaron las causas judiciales lo absolvieron sin un solo juicio apenas Busti volvió a ser electo por el voto popular por tercera vez gobernador. Recordemos que Busti, al asumir, no se tomó revancha ni hizo lo que a él le hicieron. Todo un gesto que hay que recordar de un veterano político con quien se puede disentir por el rumbo zigzagueante que ha tenido, pero que también fue el arquitecto de una Constitución surgida por un amplísimo consenso.
Parecía que la dirigencia política, que incluye también a los popes del Poder Judicial ya que ingresan a sus altos cargos gracias a la política, había madurado.
Ahora sabemos que pecamos de optimistas. Se ha caído en un nivel de bajeza donde el espionaje ilegal ni siquiera se oculta, se ventila a los medios eternamente complacientes con el gobernador de turno la vida privada de los rivales como si fuera moneda corriente.
¿Se transformarán las actuales víctimas en victimarios cuando tengan más poder?
Esperemos que no.
De lo que estamos seguros es de que la gente de a pie no se come ninguna. Vota sin tener en cuenta las jugadas sucias de la política. Aunque la acumulación de estas jugadas sucias termina hartando y alejando a la gente de la política.

Esto no quiere decir que uno esté abogando porque reine la impunidad. De hecho, varios funcionarios de Busti en sus distintas gobernaciones fueron presos o condenados, con juicios de distinta calidad judicial pero en general, mucho más elevada que el actual puterío solemne por asuntos menores que nada tienen que ver con la vida concreta de las mayorías. No hay grandes empresarios vinculados, no hay decomiso de bienes que sean probados como malhabidos ni las causas se instruyen en tiempo y forma. Porque son políticas y están judicializadas. De hecho, es tan evidente que se ajustan a los cronogramas de instancias partidarias cruciales como de las elecciones generales.
Esto rebaja la calidad de la discusión pública. La vuelve un griterío sin sentido. Impide que se debatan los proyectos políticos con profundidad, incluso los proyectos de gobierno que merecen un debate profundo, como por ejemplo, qué le conviene o qué le toca a Entre Ríos en el presupuesto nacional, dónde y cuándo se tiene que hacer el puente Paraná-Santa Fe o el aeropuerto de cargas en Concordia, cuál es el grado de acierto o desacierto al fusionar turismo con cultura, cómo sostener a largo plazo la caja previsional de los entrerrianos (que está siendo bien administrada y paga jubilaciones mayores que la Nación), por enumerar algunos temas. Hay más, como la situación docente y educativa en general, la política de viviendas (se están haciendo viviendas populares con fondos provinciales), la degradación de la salud pública, el aumento de los accidentes de tránsito, la educación sexual en las escuelas, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, la necesidad de regular el uso de agrotóxicos, la buena política que distintos gobiernos vienen desplegando en el Instituto Becario, la situación de Salto Grande, el rol que debe jugar la UADER en un proyecto de desarrollo provincial y un largo etcétera.
Estos son debates pendientes y urgentes que necesitan de serenidad, intercambio, escucha a especialistas y una sociedad involucrada en su propio destino. Es difícil involucrar a la sociedad en peleas intestinas con los peores métodos.

La judicialización de la política no deja de mandarnos malas señales cuando salimos del microclima político de Entre Ríos. No es buena consejera. Sin embargo, resulta un negocio para algunos. Para otros, una comodidad.
Detrás de esos pequeños intereses, se están cargando la institucionalidad y la calidad de vida de los entrerrianos hoy y de las futuras generaciones.