De la teoría a la práctica


Ezequiel Bauman-. Dice la teoría económica del gobierno nacional, que si bajan el dólar, bajan las tarifas de los servicios públicos y los precios en general. Pero eso no pasa. A su vez, sostienen que si se "seca la plaza de pesos" a través de las LEBACs, el aumento de las tasas de interés, la rebaja salarial y de jubilaciones y asignaciones familiares, en suma, con un severo ajuste, baja la inflación. Pero eso no pasa.


La teoría está mal. Además, está mal administrada. El resultado es que se ha registrado el mes con mayor inflación desde los tiempos de la hiperinflación de fines de los ochenta y principios de los 90, que la mayoría de los votantes no alcanzaron a vivir o eran muy pequeños para entender lo que pasaba.
El desempleo está volviendo al híperdesempleo que fue la consecuencia de bajar la inflación en los 90 a través de la convertibilidad. Mientras que la deuda externa, aumentó como nunca antes en un tiempo récord y nadie sabe para que se usó la plata, porque en los 90 se usó para mantener la convertibilidad y que así se baje la inflación, hasta que la deuda externa se volvió inconsistente y el país colapsó en 2001 y 2002.


Mientras tanto, las condiciones climáticas adversas en ciertas zonas de los Estados Unidos hicieron subir el precio de la soja, lo que aliviará en parte las cuentas nacionales, sumado a la licuación del gasto estatal en pesos que ésta produjo. La contracara es la recesión, desempleo, aumento de la pobreza y pérdida de poder adquisitivo para los asalariados y jubilados. 
En Entre Ríos se sentirán solamente los efectos negativos de la devaluación, que incluye el encarecimiento de los intereses de la deuda tomada en dólares.
El aumento del precio internacional de la soja no se percibirá porque el gobierno provincial decidió anular cualquier tributo al sector agropecuario, lo que se muestra como una política errada del gobierno del Contador Público Gustavo Bordet, a quien hay que reconocerle vocación de diálogo con los maestros y gremios docentes pero también que está haciendo inviable al Estado provincial al exceptuar de pagar impuestos a los grandes favorecidos de la provincia, que ni siquiera traen su dinero a la provincia ya no para invertir sino por lo menos para gastarlo, mientras el salario de los agentes públicos se deteriora.
Por supuesto que hay excepciones. Hay productores de cerdo, por poner un ejemplo vistoso en la ciudad de Paraná, que han puesto locales de venta al público, generando así trabajo de calidad. Lo mismo puede decirse de algún que otro productor de pollos. Pero son las excepciones, no la regla. Y no es lo mismo la producción de carnes, así tenga también como punto de referencia el mercado internacional, que la producción de granos. Donde Argentina y Entre Ríos son una potencia mundial y tienen condiciones favorables en cuanto a lo climático. Sin por esto dejar de reconocer que producen innovaciones tecnológicas que hacen más eficiente la producción y el transporte de granos. Aunque queda pendiente además el debate abierto por el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, sobre el impacto ambiental de la producción de granos en la provincia. Sobre este debate, llama la atención en una nota de opinión del exgobernador Jorge Busti que remarcara que los legisladores deben apresurar la puesta en marcha de la totalidad de la Constitución reformada en 2008, y donde remarca especialmente la cuestión ambiental. Lo cual puede leerse en clave de la interna peronista, pero esa sería una mirada mezquina. Después de todo, las superganancias que ponen a la Bolsa de Cereales de Entre Ríos de fiesta, son privadas. Las consecuencias ambientales las pagamos todos, especialmente las poblaciones cercanas a los campos.



Este impulso no debería ser desaprovechado por Urribarri, a quien hay que reconocerle el mérito de llevar a las más altas instancias de decisión política, nada menos que la Legislatura Provincial, una cuestión novedosa y acuciante como lo es el impacto de las nuevas tecnologías de producción agropecuaria en general, pero de granos en particular por la cuestión de las fumigaciones.
Al respecto hay muchas opiniones y para todos los gustos, pero hay un argumento contrario que no se sostiene y es el argumento economicista de algunas cámaras patronales que se quejan de que las nuevas reglamentaciones les aumentarían los costos de producción. Tal cosa no debería ni discutirse en un contexto de 100% de devaluación, permiso del Banco Central para que lo ganado en monedas duras por exportaciones no sea liquidado en Argentina y donde se vació el Banco Central para hacerse de dólares para fuga y atesoramiento, mientras siguió creciendo la deuda interna y externa, pero ahora estamos en manos del infame Fondo Monetario Internacional.

El gobernador Gustavo Bordet tiene además la oportunidad de pasar a la historia como quien se puso la cuestión ambiental al hombro, tan cara en la historia inmediata de Entre Ríos. A su vez, reafirmaría su compromiso público en Marruecos durante un foro mundial por la cuestión ambiental de que "Entre Ríos colaborará con la cuestión ambiental".
La capacidad de diálogo que ha demostrado hasta ahora, puede ser el punto fuerte que lo lleve a considerar que el debate realizado en la Cámara de Diputados fue un debate serio, rodeado de especialistas, científicos, activistas, productores y legisladores, que escucharon atentamente y debatieron en comisiones un asunto de tanta complejidad. Pero que no puede ni debe seguir esperando.
A su vez, la decisión de Urribarri de no partidizar la discusión, teniendo en cuenta que una mayoría de los ambientalistas son opositores al kirchnerismo, lo cual es absolutamente legítimo, ha puesto la discusión en otro nivel. Con mucha jerarquía y serenidad. Algo que no acontece hoy en el país, donde la rabia y el griterío parecen ser la norma y la mayoría de las leyes que salen del Congreso Nacional son en contra de la gente y no a su favor.