Una Interpol Sudamericana




O. Rivarola Salduna-. La creciente trasnacionalización del delito alrededor de las drogas o el caso de la trata de personas, obliga a pensar un modelo policial y jurídico distinto. La experiencia europea en la materia, puede servir.


El delito vinculado al tráfico de drogas ilegales está asistiendo a un cambio de percepción. Ex Presidentes conservadores, como Juan Manuel Santos en Colombia, Zedillo y el propio actual Presidente en salida Enrique Peña Nieto en México, entre muchos otros, están pidiendo que haya un cambio a nivel jurídico que, como se ha hecho en los países desarrollados, como en Estados Unidos por ejemplo, se aleje al ejército del combate de este ilícito y se plantee seriamente la legalización de las drogas.
Aún así, las acutales organizaciones criminales trasnacionales, resistirán todo lo posible los intentos de legalización de su lucrativo negocio, el cual se basa, esencialmente, en la prohibición. La cual ha fracasado a lo largo y ancho del planeta. En la región sudamericana además, ha provocado enormes sufrimientos humanos.
Con independencia de ese debate jurídico, existen organizaciones criminales multinacionales como las redes de trata y los circuitos bancarios para eludir los controles gubernamentales y blanquear dinero en guaridas fiscales. La cuestión financiera es la mas delicada. Dado que el origen de esos capitales proviene tanto de empresarios y políticos, como el actual staff de gobernantes, empezando por el propio Presidente de la Nación, así como de narcotraficantes, terroristas y tratantes de personas.
No hace falta demostrar el rotundo fracaso de nuestros sistemas de seguridad ante este fenómeno propio de la globalización. Instituciones como Interpoll pueden intervenir una vez que la Justicia de un país pide la captura de alguien a otro país. Ahí hay frecuentemente una larga burocracia por los distintos sistemas jurídicos y las distintas eficacias de las policías locales, que son quienes hacen la mano de obra de Interpol.
Este sistema, como la realidad demuestra día a día, es insurficiente.



Por eso se hace imperioso comenzar a pensar en un organismo supranacional sudamericano, quizás dependiente de Unasur, del Mercosur o de la OEA (que abarca a todo el continente, con el riesgo de que Estados Unidos imponga políticas que jamás impondría fronteras dentro de su país).
Este organismo debería comenzar a analizar los distintos sistemas jurídicos, para tratar de empalmarlos y adaptarlos de cara a la creación de una policía de élite, con formación técnica adecuada para investigar tanto los circuitos financieros legales como los ilegales -a menudo son los mismos- por los cuales circula el dinero que hace rentable sostener una red multinacional del crimen, cuyos costos son elevados. No solo por las fabulosas ganancias que adquieren los capos mafiosos con sus horripilantes crímenes, sino porque su estructura de costos incluye una red de sobornos en cada país a jueces, fiscales, policías, periodistas, banqueros, etc. Hablamos de quienes cobran sobornos sin mancharse las manos de sangre, sin tocar jamás drogas o prostíbulos, sino simplemente haciendo la vista gorda. Siendo ineficaces en su trabajo, alcanza y sobra. Mirar para otro lado, es también un negocio redituable. Indispensable para las redes internacionales del crimen.

Un cuerpo policial de élite, compuesto por agentes de distintos país, con alta capacitación técnica y buenos salarios, podría ser la solución para comenzar a investigar por lo menos a los sindicatos internacionales del crimen.
Por ahora, nuestras fronteras porosas, no se solucionan comprando parafernalia bélica a Israel o los Estados Unidos ni instalando bases militares chinas.
La remanida Triple Frontera, sea o no cierto lo que divulgan los servicios de inteligencia de Estados Unidos, debe ser abordada respetando la soberanía de los países que la componen, sin injerencias externas a menos que cuerpos de policía locales puedan diagnosticar con precisión e información propia, la gravedad de la amenaza.
La desaparición de chicas jóvenes de las cuales nunca se sabe mas nada -Entre Ríos está plagada de ejemplos dolorosos, pero pasa en todo el país y con mayor frecuencia- encuentra a las policías provinciales sin los recursos necesarios ni la capacidad jurídica para abordar estos fenómenos.
Argentina no tiene un cuerpo de policías federal, aunque sí con ese preciso nombre, una policía porteña que pagamos todos los argentinos. No parece suficiente ni siquiera fronteras adentro.
¿Qué podemos esperar, entonces, fronteras afuera?
La creación de una Interpol Sudamericana es una prioridad si queremos realmente combatir el delito trasnacional que se adapta a la globalización mucho mas rápido que nuestros sistemas jurídicos y policiales.