Un juez y 17 empresarios

Eduardo M Romero-. A raíz de la noticia sobre la aparición de cuadernos en los que, el chofer de Barata -el segundo de De Vido- Oscar Centeno detalla traslados de bolsos con coimas recibidas de distintos empresarios estalló una andana de información, con algunas contradicciones, pero que sin embargo deja un pensamiento en el sentido de que algo raro pasa.





En el marco de las investigaciones por corrupción, siempre fueron políticos los que eran blancos de las mismas y en los últimos tiempos en relación a la gestión kirchnerista, lo fue en el caso de Cristina por su vinculación con Báez, no por la obra pública sino por las contrataciones de éste con los hoteles de propiedad de la ex presidente y por el memorándum con Irán; en el caso de De Vido por Río Turbio, la compra de gas y tragedia de Once; en el de Boudou por el caso de calcográfica Ciccone.
Pero en el caso de los cuadernos de Centeno la investigación lo es sobre la obra pública y por ello caen, hasta ahora, en la investigación, además de ex funcionarios políticos, un juez y 17 personas vinculadas a empresas de la construcción incluyendo el presidente de la Cámara de la Construcción.

Muchas empresas de la construcción vinculadas a la obra pública en nuestro país han acordado entre ellas precios que permitió, desde hace mucho tiempo, por no indicar desde siempre, repartirse las obras y acordar los precios para percibir del Estado sobreprecios significativos.

El 22 de Noviembre de 2005 el entonces Ministro de Economía Roberto Lavagna en la convención anual de la Cámara de la Construcción Argentina denunció la existencia de acuerdos entre las empresas que construyen obra pública con sobreprecios para el Estado, el entonces Presidente Néstor Kirchner le dice a las empresas que ellas son “la columna vertebral del país”; le retira el saludo a Lavagna y luego de algunos días le pide la renuncia.
Este blanqueo permitió a las empresas continuar su cartelización, pero muchos señalan con la exigencia de “un retorno” de las ganancias obtenidas por el sobreprecio.
Nunca nadie avanzó en esta denuncia de Lavagna, habiendo podido investigar aun sin denuncia con solo las palabras del ex ministro, hasta que aparecen las anotaciones detalladas de Centeno.

Es ciertos que existen algunas dudas sobre los cuadernos de Centeno: en primer lugar no es muy claro cómo llegó al periodista del diario La Nación, ni cómo llegó a manos de la justicia, ni cómo la causa cayó en manos de Bonadío a pesar de que existe lo que podríamos llamar un relato de cómo acontecieron estos encadenamientos.
Pero lo real es que “algo raro pasa” porque a pesar de que no aparecieron los originales, con lo cual ninguna pericial podrá determinar la fecha en que las anotaciones fueron realizadas, es cierto que el funcionariado y en el empresariado han entendido que esto es la punta de un ovillo que tiene atada la corrupción en la obra pública y por ello todos salieron presurosos a ofrecerse como arrepentido a los fines de zafar de una condena.



Hasta Calcaterra, el primo de Macri, sin siquiera haber sido imputado se presentó ante Bonadío, algunos dicen por consejo del fiscal Stornelli, detallando que intervino en el pago de alguna sumas descriptas en las fotocopias y por ende quedó imputado ofreciéndose como “arrepentido” o “imputado colaborador” en los términos de la ley 27.304.
Otros como algunos empresarios y el mismo chofer Centeno habrían convenido con el fiscal y homologado por el juez este tipo de figura de “imputado colaborador”, algunos muy apurados como Calcaterra que lo hizo sin estar aún imputado ya que conforme aparezcan más “arrepentidos” será tarde para seguir sumando imputados que puedan acceder a esta figura.

Más allá de la no aparición de los originales de los cuadernos, la aparición de estos arrepentidos da cuenta de que “algo raro pasa” y muchos están convencido de quedar salpicados, ante lo cual, presurosos, se ofrecen como imputados colaboradores para obtener disminución de las condenas ya que sin dudas serán condenados, porque el arrepentido reconoce el delito, solo que accede a una condena mucho más reducida.

Los delitos de corrupción tienen como característica la dificultad en la obtención de pruebas, por ello los aportes de los “imputados colaboradores” juegan un papel relevante y obligan a muchos a tomar el mismo camino y por ende generan los aportes de pruebas necesarios para las condenas.
Es cierto que aún resta mucha actividad judicial y se verá con el tiempo si los arrepentidos aportan lo suficiente o no para gozar de esa calidad al momento de la sentencia.
También da lugar a muchas interpretaciones el reconocimiento de empresarios que las sumas entregadas fueron para campañas electorales como buscando negar que fueran retornos de la obra pública; en realidad fueran aportes, a la campaña o no, fueron dineros que la empresa obtuvo por las obras que el gobierno les concedió con sobreprecios: es decir el Estado, de nuestra plata, le pagó sobreprecios y de estos precios inflados ellos hicieron el aporte.

Por ahora hay que esperar pero lo seguro es que “algo raro pasa”.