Menores en conflicto con la ley

Joakito-. En nuestras sociedades se suele asociar a la niñez con lo bueno, lo pulcro y lo sano, entonces, cada vez que un menor de edad entra en conflicto con la ley, la sociedad se escandaliza y da la sensación de que el delito cometido es mil veces peor que lo que hacen los adultos.



La mayoría de la literatura especializada indica que las generaciones más jóvenes de transgresores son más violentas que sus predecesores. Esto se vincula a un aumento registrado en varios factores de riesgo, como son la deserción escolar, la violencia doméstica, el maltrato infantil y por supuesto, el crecimiento de la pobreza y la marginalidad. Señalan también que la violencia que impera en las generaciones más jóvenes se debe a una multiplicidad de razones.
¿Significa esto que debemos volver a prácticas punitivistas de principios del siglo XX?
El código penal de 1921 establecía la edad de imputabilidad a las 14 años. En 1954 se estableció en los 16 años y la última dictadura militar en una de sus primeras medidas volvió la edad de imputabilidad a los 14 años y estableció por primera vez en la hisoria nacional un Régimen Penal de Minoridad.
Con el retorno de la democracia la edad mínima volvió a establecerse en los 16 años, aunque quedaron varios resabios del Régimen Penal de Minoridad de la dictadura.

El primer cambio importante se produce a partir de la sanción de la ley de Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes, reconociendo los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta convención en los Artículos 37 y 40 sostiene que los niños en conflicto con la ley tienen derecho a recibir un trato que fomente su sentido de la dignidad y de su valor, que tenga en cuenta su edad y que aspire a su reintegración en la sociedad. Asimismo, el ingreso de los niños en conflicto con la ley en un centro de reclusión (cárcel, centro de detención, centro de rehabilitación o cualquier otra institución cerrada) debe ser una medida de último recurso, que ha de evitarse siempre que sea posible.
La Convención prohíbe la imposición de la pena capital y la prisión perpetua por delitos cometidos por menores de 18 años.
Según la UNICEF, los sistemas jurídicos que no tienen en cuenta la edad de niño y no fomentan la reintegración en la comunidad, agravan las posibilidades de que sean víctimas de la marginación y la pobreza.



En nuestro país, antes de la adhesión a la Convención, y de la nueva ley de infancia, en la legislación nacional predominaba una visión tutelar sobre la minoridad, que fue dejada de lado para pasar a hablar de "interés superior del niño", abandonando el modelo tutelar.
La filosofía del modelo tutelar considera al menor como un enfermo al que es necesario curar, es un modelo que se basa en su poder inquisitivo, germen de una intervención represiva y controladora. De allí, que durante décadas el sistema de niñez en la Argentina entendía a los hogares y refugios como cárceles.
El cambio de paradigma, supone en términos judiciales -y también sociales- no referirse a los menores como delincuentes cuando han cometido un delito, ya que se considera un etiquetamiento pernicioso que puede llegar a traducirse posteriormente en la estigmatización de estas personas.

Antonio Beristain, un prestigioso penalista español, utiliza acertadamente el término “infractor”, cuando se trata de menores, por considerarlo una “calificación no tan reprochante” evitándose así las connotaciones negativas de “delincuente” o “criminal”; y agrega que desde la Sociología del Lenguaje es deseable que no se aplique la palabra “delito y castigo en la normativa referida a los jóvenes” optando, en su lugar, por “infractor” y “sanción”.

Todos los científicos sociales coinciden en la gran importancia del medio ambiente (familia, escuela, clubes y barrio), como fuente principal en el proceso de socialización del menor en conflicto con la ley. Por estas razones, la sociedad tiene una obligación ineludible de proteger las condiciones de sanidad de este proceso socializante, a la vez que le provee la dirección normativa esencial, para que puedan lograr desarrollarse como sujetos responsables, obedientes de la ley y puedan contribuir al bienestar de su país.

Entre Ríos, a diferencia de las mayorías de las provincias argentinas, cuenta con una ley de régimen penal juvenil moderna, que fue impulsada por el juez de menores Pablo Alejandro Barbirotto, donde se propone un tratamiento adecuado para las personas menores de edad que están en conflicto con la ley penal y que inclusive es un modelo para seguir en el resto del país. Sin embargo, existe una brecha muy amplia entre lo que plantea la ley y lo que pasa en las prácticas cotidianas, fundamentalmente por el escaso trabajo en conjunto con el resto de los poderes del estado.
De todas maneras, desde la sanción de este nuevo régimen penal juvenil y el nombramiento de alguien especializado al frente del COPNAF, es notable el avance realizado en pos de ver la problemática del adolescente desde un modo integral, más allá de la especificidad que tienen los adolescentes que se encuentran atravesando el sistema penal juvenil.
El cambio en la manera de trabajar del COPNAF se notó básicamente en el mejoramiento de los Centros Socio Educativos de Régimen Cerrado: los Centros Cerrados son dispositivos creados para alojar chicos en el marco de medidas de coerción procesal privativas de libertad, ordenadas por la justicia penal competente. Entre Ríos cuenta con dos de estos centros, uno en Paraná y otro en Concordia.