La tortura de los Juicios Abreviados



Joakito-. Como si fuese un nuevo capítulo de Black Mirror, de una semana a la otra quienes antes eran los dueños y adalides de la lucha por la justicia y la transparencia, a partir del fallo absolutorio el Juez Rossi de Gualeguaychú. Como si nada hubiese pasado anteriormente, las máximas autoridades judiciales pasaron a ser cuestionadas con la única intención de quedar bien con la "corrección política", sin cuestionar los asuntos de fondo que llevaron a que el poder judicial entrerriano se convierta en una corporación cerrada. ¿Dejaron de ser un problema los juicios abreviados? ¿Alcanzan sólo dos Juzgados de Ejecución de Penas en una provincia con cárceles superpobladas en cinco ciudades distintas?


Los juicios abreviados se orientan en criterios puramente económicos y no jurídicos (aprovechamiento de los recursos, descongestionamiento de los tribunales, reducir la inflación en el volumen de los procedimientos orales). Lo que se buscó con este mecanismo es una supuesta "rapidez y eficiencia" en el sistema judicial. En un juicio abreviado, no se lleva a cabo la producción de pruebas, lo que se hace es que una vez obtenida la confesión -muchas veces bajo coerción y amenazas- se aplique la pena directamente.

Quienes defienden este tipo de procedimientos, muchas veces se escudan que es a favor del acusado ya que el acusado se ahorraría "los costos" de un juicio cuando no es probable que en ese juicio obtenga un resultado favorable, y que un juicio abreviado expone menos al imputado ante la exposición pública, pues se acelera el proceso, se prescinde de la publicidad, pasando directamente a la fase de la imposición de la pena y la condena. Lo que en realidad están diciendo es que el Ministerio Público de la Defensa es un fiasco o por lo menos que no trabajan como corresponde, ya que toda persona acusada de un delito tiene derecho a una legítima defensa por más que no tenga recursos económicos para afrontarla, para eso existen las Fiscalías.

Luis Ferrajoli -uno de los principales teóricos del garantismo  jurídico en el mundo- sostiene que este tipo de mecanismos judiciales "por su carácter no contradictorio, no puede ser un mecanismo procesal idóneo para demostrar la verdad de la imputación con un grado mínimo de confiabilidad. El primer problema de este instituto consiste en que la sentencia se fundara en los elementos de convicción de la investigación, muchos de ellos incorporados sin control alguno de la defensa". En otras palabras, el juicio abreviado lo que hace es violar el principio de inocencia ya que coloca a los acusados de un delito a la par de los acusadores (todo el estado, ni más ni menos, en contra), obligando a los primeros a colaborar con quienes lo acusan y así lograr una condena sin pruebas.
Es este mecanismo, lo que ha hecho que las cárceles entrerrianas pasen a ser superpobladas en los últimos 5 años, y no la ley de narcomenudeo (aunque hay que esperar para ver si este resultado empeora). Tengamos en cuenta que en nuestro sistema judicial existe el principio de inocencia, que no nos permite dar un castigo anticipado a la sentencia firme impuesta por un juez competente. La eliminación del juicio oral y público, lleva a que se presione al acusado y este acepte la  pena que le propone el fiscal.

Volviendo a Ferrajoli, éste caracteriza a los Juicios Abreviados como un  “intercambio perverso” donde existe un acuerdo en donde se intercambia prueba por pena, donde el fiscal le ofrece al imputado una pena menor a la que pediría en el juicio oral a cambio de su declaración de culpabilidad, a lo que el imputado accede no por estar de acuerdo con la pena, sino para poner fin, aun a costa de perder la oportunidad de su absolución, a una prolongada detención preventiva, de limites imprecisos y duración imprevisible”. Es decir que los juicios abreviados no son más que una prueba del chantaje que la corporación judicial realiza sobre los ciudadanos, teniendo como cómplices de esta extorsión al Servicio Penitenciario.

El otro punto en debate, que hicieron que los jueces y fiscales pasarán de ser tratados como si fuesen Blancanieves a convertirse en ogros y brujas malvadas, tiene que ver con el funcionamiento de los Juzgados de Ejecución de Penas. Actualmente, de acuerdo a la Ley 9.246 de Entre Ríos, existen solamente dos Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con sede en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú. Los jueces que ocupan estos juzgados tienen, entre otras funciones, "velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales de los penados". Ahora bien ¿Cómo hacen dos Juzgados para atender a toda la población carcelaria que está distribuida en cinco ciudades diferentes?
Al respecto, Bordet, como consecuencia del asesinato de Micaela García - es decir, como Entre Ríos era portada en todos los medios nacionales- buscó avanzar en el recorte de las garantías constitucionales que la Ley 9.246 otorga a los presos, intentando modificar el funcionamiento de los Juzgados de Ejecución de Penas,  pretendiendo dar participación a las víctimas en el control de la ejecución de la pena del condenado. El proyecto -que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia- sostiene que "La víctima o quien acredite un interés legítimo en el proceso de ejecución deberá ser informado, a su solicitud, de las vicisitudes del cumplimiento de la pena por el interno y particularmente del régimen de salidas transitorias, libertad condicional o libertad asistida”. Pero lo más grave de este proyecto es que reduce las funciones de los Jueces de Ejecución de Penas, obligándolos a responder afirmativamente a los informes presentados por parte del Equipo Técnico del Juzgado, el que debe resultar favorable para su concesión, caso contrario se deberá garantizar la realización de un nuevo informe en las condiciones que fije la reglamentación para la concesión del beneficio.
Llamativo es que en esta reforma no se haya escuchado la voz del Defensor General del Poder Judicial de la provincia quien plantea cada vez que es consultado, que hay que actuar siempre preventivamente y en este sentido, señala que los informes técnicos que elaboran los equipos técnicos de las unidades penales o de los tribunales “no son suficientes”.
“Los riesgos ante estas cuestiones nunca van a desaparecer, siempre habrá un margen de riesgo, pero es obligación de los poderes públicos tratar de minimizarlos”
Lisa y llanamente se pretende a partir de un golpe de efecto mediático, que quien acusa pueda negarse a que los condenados puedan ser reinsertados en la sociedad. Si esto no es antidemocrático y primitivista,entonces ¿Qué carajo es?