Pooles de siembra o educación universitaria



Sebastián P.-.  Para enriquecer aún más a los pooles de siembra, el gobierno desfinancia las universidades nacionales. ¿Se pretende, acaso, un pueblo con el nivel educativo de un Alfredo De Ángelli?


Las universidades públicas mediante sus máximas autoridades nucleadas en el CIN han reconocido públicamente que los fondos ingresados mediante los convenios de asistencia técnica -convenios suspendidos por decreto- cubrían gastos corrientes, es decir, reconocen de esta forma que la falencia presupuestaria de las universidades, mas allá de los recortes que pueda llegar a realizar el gobierno y de la inflación, vienen desde hace tiempo, pero esta falencia era maquillada mediante maniobras ilegales.
El rector de la UNER salió fuertemente a repudiar los recortes sufridos, asegurando que el aumento presupuestario en este 2018 fue del 17% y que no le alcanza a la universidad para cubrir el aumento de 50% en servicios como la luz, el gas, servicio de vigilancia y limpieza (estos dos últimos, servicios tercerizados a empresas privadas). Se desconoce cual es la realidad de la UADER presupuestariamente.
Si bien la UADER es parte del Consejo Interuniversitario Nacional(CIN) es financiada casi exclusivamente por el gobierno de la provincia.



El presupuesto universitario es mayoritariamente destinado a salarios docentes, al mismo tiempo que afecta a becas estudiantiles, comedores y programas especiales. Todas estas áreas, así como obras que corren peligro de quedar eternamente inconclusas, afectadas principalmente por las medidas que se deberán tomar para cumplir con el acuerdo firmado con el FMI.

La inversión realizada por el Estado Nacional en Universidades Nacionales pasó de 0,87% del PBI en
2015 a sólo 0,81% en 2016 y a 0,77% en 2017. Para mantener la participación del gasto en Educación en el PBI el Estado debería haber invertido aproximadamente $10.000 millones más que lo actualmente presupuestado.
Recordemos que el costo fiscal de la quita de retenciones al campo anunciado por Macri fue de entre 25.000 y 30.000 millones de pesos. O sea que manteniendo en manos del Estado solo un tercio de los recursos que se decidió transferir al campo, se podría haber mantenido el nivel de financiamiento a las Universidades Nacionales alcanzado en 2015.

Durante el primer semestre de este año, según un informe del Instituto de Estudios y Capacitación del gremio de docentes universitarios (CONADU) el presupuesto fue recortado en 1.056,4 millones de pesos y la deuda en las transferencias exigible a la Secretaría de Políticas Universitarias llega a 13,552,7 millones. Estos recortes, sumados a los que se tiene previstos para el 2019 que se estima será de 20.000 millones, va a contramano de lo suscrito por la Argentina en la reciente Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe realizada en la ciudad de Córdoba donde se reafirmó que la educación superior "es un derecho y que los Estados tienen la responsabilidad de asegurarlo, especialmente frente al embate destructivo del capital financiero y el avance de la mercantilización". Según la CONADU, el atraso en los pagos en lo que va del año implica atraso muy altos en actividades como Desarrollo de Proyectos Especiales (100%); Programa Bec.Ar (93,7%), Gastos para Funcionamiento (73,3%); Investigación de los Docentes Universitarios (53,5%); y el Financiamiento de los Hospitales Universitarios (49,5%).

No es menor lo que pueda llegar a suceder con las universidades públicas, sobre todo teniendo en cuenta las experiencias históricas y el accionar del radicalismo -principal socio de la alianza de gobierno. En marzo del 2001, el gobierno de De La Rúa anunció un recorte presupuestario a la educación -principalmente a las universidades- que terminó con grandes movilizaciones encabezadas por Franja Morada (brazo estudiantil del radicalismo) llevando a la renuncia del por entonces ministro de economía Ricardo Lopez Murphi. Actualmente, el radicalismo tiene una gran presencia en las universidades públicas nacionales y ejerce el control absoluto del CIN. Habrá que ver si Macri puede llevar adelante el recorte a las universidades, esto depende en gran medida si puede contar con el apoyo de los rectores. Por lo pronto los rectores se encuentran en estado de alerta, sobre todo teniendo en cuenta, que al día de hoy no han podido siquiera cerrar la paritaria docente. Recientemente el presidente y el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional tuvieron reuniones con el jefe de Gabinete y con el ministro de Educación, donde les aseguraron que  el presupuesto 2018 y el de 2019 para las universidades nacionales no va a tener ningún recorte y va a estar en lo que las universidades necesiten. Sin embargo, el problema pasa por la evolución del presupuesto.

El presupuesto 2018 (votado en el 2017) para las universidades es el 91% de lo que todas las universidades pidieron que necesitaban, mas allá del impacto que ha generado la inflación, hay que resaltar que este 91% que le dieron a las universidades, por lo menos en los últimos 20 años, es el máximo histórico.