El desdén por los grandes acuerdos



Ramiro Pereira-. El pacto de Olivos recibió las más feroces críticas desde el periodismo, buena parte de la intelectualidad, amplios sectores del mismo radicalismo y casi todas las otras fuerzas no oficialistas. Según como lo vemos, el acuerdo alcanzado terminó por erigirse en paradigma de la desacreditación social de la dirigencia política. 


Acuerdo viene de cordura, no de locura, sostendrían los radicales que acompañaron el pacto. Y es que el viraje político realizado por Alfonsín quiso justificarse en la necesidad de la preservación de la institucionalidad frente a la “locura” desatada por el embate reeleccionista del presidente. En el discurso del alfonsinismo, el esquema amigo/enemigo –terreno al que llevaba la disputa el PJ- se reemplazaba por el pacto, que en definitiva no era otra cosa que la defensa del pacto político de convivencia, que es lo que significa toda constitución formal que no sea mera letra muerta. Mas no hubo tal reemplazo en el escenario de lo político. No hubo una legitimación social del consenso como solución de las crisis institucionales y, del consenso como mecanismo de toma de decisiones acerca de las llamadas “cuestiones de Estado”. El reemplazo se operó en el sentido de que la lógica amigo/enemigo, se trasladó al plano de la crisis de representación política: la sociedad civil contra la política, simbolizada en el acuerdo Alfonsín-Menem.  

La tesis en que se sostuvo el abrupto giro acuerdista obrado por el líder que retomó la conducción radical, se asentaba en la disyuntiva acuerdo o caos institucional, cimentada en la vertiente autoritaria y antirrepublicana del peronismo. La UCR tenía un bloque de 84 diputados en el Congreso (83 después de diciembre ’93). Y de acuerdo a la interpretación doctrinaria adecuada de la normativa constitucional, la negativa de los diputados de la UCR bastaba para impedir la sanción de la declaración de necesidad de reforma constitucional. Incluso la interpretación del artículo 30 surgida del “proyecto Durañona y  Vedia”,  era un despropósito frente a un bloque radical en la cámara baja en estado de alerta frente a actitudes intempestivas del bloque peronista. Es decir que, apegándose a la  legalidad,  al menemismo le era imposible la reforma sin la colaboración radical. La pregunta que nunca hallará respuesta (pues los acontecimientos tomaron otros rumbos) es la siguiente: ¿le era posible al menemismo actuar al margen de la institucionalidad? 

Desde otra óptica, se plantea básicamente que el pacto legitimó lo que de otro modo hubiese sido ilegitimable desde la legalidad democrática, e incluso se duda de la  viabilidad política que hubiese tenido una acometida oficialista contra una resistencia cívica organizada del conjunto de las fuerzas de oposición. Así pareció entenderlo el periodista Armando Vidal: “no había espacio para ninguna maniobra menemista sin la colaboración radical [...] Las versiones que indicaban la posibilidad de trampas en diputados encaradas por el oficialismo a despecho de todo –oposición, opinión pública, embajada de Estados Unidos- carecían de asidero si los radicales mantenían su resistencia, tomando en cuenta incluso, que en el propio justicialismo había legisladores dispuestos a sacar los pies del plato en caso de acciones fraudulentas, y ello sin entrar en especulaciones porque la cabeza que estaba rodando como candidato en el ’95 era la de Duhalde, quien, en caso de que no hubiera reforma, veía cerca la Casa Rosada mientras Pierri soñaba con la de Dardo Rocha.” 

Finalmente la Convención Nacional de la UCR, reunida en  Santa Rosa el 3 de diciembre, aprobó el acuerdo con el peronismo e instruyó a los legisladores de la UCR a votar a favor de la declaración de la necesidad de la reforma. Muchos de los diputados radicales votarían en contra de la declaración de la necesidad de la reforma.  Y aún con el apoyo de la amplia mayoría de los convencionales, el radicalismo quedaría dividido entre pactistas y antipactistas. Y el pacto con Menem sería una traición en el sentir de buena parte del pueblo radical y del electorado que se inclinaba hacia el radicalismo, que castigó duramente en el terreno electoral el giro político de acuerdo con el gobierno. En efecto, en las elecciones de convencionales del 10 de abril de 1994, la  UCR perdió alrededor de 2 millones de votos respecto de las realizadas en octubre de 1993. Tercera fuerza en Capital Federal, Santa Fe, Mendoza y en Buenos Aires. En esta última provincia,  Alfonsín encabezó la lista de convencionales. En Entre Ríos, provincia de fuerte arraigo radical, el comité nacional debió intervenir el comité provincial ante el conflicto desatado por el triunfo en la interna del sector de Sergio Montiel, contrario al pacto de Olivos, y que culminó en la no oficialización de la lista radical. Finalmente la UCR pudo participar de las elecciones -merced a gestiones en el ministerio del Interior- pero haciendo una elección muy por debajo de su piso electoral. En cambio, el radicalismo ganó en las provincias que gobernaba: Córdoba, Río Negro, Chubut y  Catamarca (Frente Cívico y Social). La posición de estos cuatro distritos había sido clave en la adopción de la línea de acuerdo con el oficialismo.  




El pacto de Olivos puesto en perspectiva. 

De alguna manera el pacto de Olivos es el hecho maldito del radicalismo de los noventa, y marca un punto de inflexión en la historia partidaria desde la recuperación de la democracia. En la sociedad argentina ha quedado como el símbolo del pacto a espaldas del pueblo, explotado por tendencias populistas de diversas expresiones ideológicas, con marcados signos de qualunquismo. También fue visto desde el pensamiento republicano como una defección opositora (o incapacidad opositora) del radicalismo frente al avance hegemónico del peronismo. Desde la izquierda democrática (incluyendo buena parte del propio radicalismo), el pacto no podía ser valorado en términos institucionalistas, sino que ante todo implicó la legitimación de la política económica del oficialismo. 
El pacto de Olivos quedó asociado a lo peor de la política argentina. Los políticos de partido y los partidos políticos operando como corporación, ajenos a su función de representantes del pueblo y articuladores de la pluralidad de intereses de la nación. Está por cierto la moralina insustancial, cuya expresión mas emblemática está en el editorial del diario La Nación del 14 de noviembre de 1993 ¿Pueden mentir los presidentes?, cuestionando el secreto de la reunión realizada en la casa del ex cancilleCaputo. Pero hay una crítica más sustancial, referida a las implicancias políticas del pacto, mas allá del contenido institucional, que entiende que los avances de la reforma del texto constitucionalencubren una realidad socio-económica y político-institucional de continua degradación en todos los niveles. El pacto significaría, en esta interpretación, la claudicación del partido radical, y la prueba de que el radicalismo se dobla, pero no se rompe. El pacto habría dado por tierra la posibilidad de una fuerte oposición política que hiciera frente al modelo de concentración económica y exclusión social de la coalición conservadora encabezada por Menem. Y los contenidos progresistas que finalmente se concretaron en la constitución reformada, serían apenas ilusiones jurídicas frente al hecho político sólido y constatable: la reelección de Menem y la consecuente legitimación de la política  neoconservadora. 
La posición de justificación del pacto de Olivos esta suficientemente expresada en el libro “Democracia y Consenso” de Raúl Alfonsín. Los logros institucionales de la constitución del ’94, y la misma convención reformadora, conformada por convencionales de todo el arco político argentino; la elección directa de los senadores y el tercer senador por la minoría, que dígase lo que se diga, conviene a la República para que siga siendo tal y la cámara alta no se convierta en un cuerpo enteramente peronista. La autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso. Etc. 

En esencia, la de Alfonsín es una justificación racionalista: ante el embate peronista había que salvar las instituciones, culminando la transición democrática iniciada en 1983. Pero en el pacto el radicalismo perdió su perfil opositor. Y perdió consistencia como organización política. No hubo tan sólo un efecto electoral. La misma organización partidaria salió del proceso reformista mucho mas atomizada de lo que estaba entonces. Nadie sabe que hubiese pasado de haber mantenido Alfonsín su oposición a la reforma conforme la planteaba el oficialismo. Pero  parece claro que el radicalismo perdió credibilidad hacia fuera, y sobre todo, cohesión como partido nacional. No fue un partido organizado el que tomó la decisión política de acordar con el peronismo. Fue un líder el que actuó ante el estado de desorientación de su partido, mas allá de que hubo todas las instancias legales de legitimación de lo actuado por Alfonsín. La apelación a la preservación de las instituciones y a la racionalidad del dialogo y el acuerdo como elementos claves de la convivencia democrática, aparecieron insuficientes para enfrentar el proyecto neoconservador. El mismo nuevo conservadurismo atacado duramente por Alfonsín, sostenido política y electoralmente por el peronismo, y que necesitaba la deslegitimación de las organizaciones políticas populares. El pacto con Menem operó también como el símbolo de la derrota cultural del progresismo, la capitulación del radicalismo como partido enfrentado al régimen. Símbolo de la connivencia.        
Pero la política democrática se sostiene en el diálogo y en la construcción de espacios sociales para la convivencia. Cuando no hay diálogo, hay lugar para la violencia. 
Entonces  ¿Cuál es la frontera que separa la racionalidad de la claudicación? El pacto de Olivos está allí, en el borde entre las limitaciones del radicalismo como fuerza política y su genuino compromiso con la consolidación de las instituciones democráticas.