La judicialización de la política entrerriana



Osvaldo Quinteros-. La judicialización de la política tiene como rehenes al espacio kirchnerista, cuyo líder provincial y su brazo derecho, Sergio Urribarri y Pedro Báez, afrontan diversas causas judiciales en el fuero provincial, donde los dirigentes de Cambiemos son (ahora) sistemáticamente absueltos como sucedió con los ministros de Montiel, Carbó y Verón. Las denuncias de los dirigentes de Cambiemso tienen trámite express luego de años de hacer lo contrario.
Por su parte, el juez federal Leandro Ríos, dice que la droga llegó a Paraná en el 2015 y que el intendente de Cambiemos, Sergio Varisco, lidera una banda de narcotraficantes. Ninguno de los punteros del peronismo es también vendedor de droga. Humilló a la funcionaria radical Bordeira ante el deleite de la prensa y al concejal Pablo Hernández y parece divertirse difundiendo información, en muchos casos falsa como se ha demostrado en reiteradas oportunidades, que perjudique a Cambiemos. Ahí, los peronistas más oportunistas festejan, aunque luego digan que la justicia federal es deplorable cuando se refieren a Julio De Vido, Cristina Kirchner, etc.





Esta judicialización de la política entrerriana está llena de sobreactuaciones, hipocresías -hay dos que son para el espectáculo del humor negro: que Varisco lidera una banda narco que se maneja en micros y pide contratos municipales y que Urribarri y Báez se enriquecieron ilegalmente con afiches- y todo el combo habitual de degradación última de la política, que cuando los jueces creen que pueden reemplazar a la democracia.
Lejos de ser un fenómeno local, esta histeria antipolítica de jueces jugando a ser Dios y reemplazar la democracia, pasa en todo el mundo. Desde Estados Unidos hasta Guatemala, desde España hasta la sobria Uruguay (que se llevó puesto un vicepresidente). Con distintos grados y repercusiones, el gobierno de los jueces ha destrozado Brasil e Italia y va en camino a romper el sistema político argentino.
Esto no quiere decir que no exista la corrupción, el narcotráfico, y los delitos complejos. Pero no se los investiga ni caen presos los culpables. Se los utiliza como armas políticas a presuntos culpables, que en realidad reciben su pena antes de que siquiera exista un juicio, de manera que luego no haya juicio imparcial posible. El gobernador de Entre Ríos anunció en varias oportunidades la puesta en marcha de los jurados populares: hasta ahora, no avanzó un solo milímetro.
Los actuales oficialismos saben que mañana, u hoy, pueden ser rehenes de alguna de las distintas bandas judiciales, que a pesar de tener bandas nunca deja de actuar de manera corporativa. Es el último reducto que se resiste a la democracia, pero es el que, en última instancia, maneja la vida y la muerte de las personas, además de sus bienes y su capital social.
Que lo digan sino los cinco asesinados en la cárcel de Victoria, que ni siquiera merecieron que alguna de las bandas judiciales se digne a investigar el suceso, pues eran pobres y sospechados de tener conductas criminales.
El deterioro de los derechos humanos va de la mano del deterioro judicial y la esquizofrenia periodística, que trata de conquistar clics a cualquier costo. Así sea publicando primicias que en pocas horas se desmienten -Celis, el supuesto jefe narco que se manejaba por Flechabus como un pasajero normal, se iba a arrepentir y complicar a...fue todo una bomba de humo lanzada por el juez Ríos, esto solo por poner un ejemplo, hay muchísimos- y se multiplican las usinas de rumores, difamaciones, persecuciones y escraches en los medios.

Esta degradación de la vida política entrerriana no empezó hoy, por supuesto. Solo que en estos tiempos alcanzó su punto máximo, con la posverdad en su enésima potencia y el gobierno de los jueces, disfrutando de un placer sádico y antidemocrático.
Lo peor de todo es que nadie imagina que en los próximos meses, al calor de la crisis económica, la situación se tranquilice, sino por el contrario. Todo indica que la degradación se profundizará.