El peligroso curro de las mutuales de salud


Pablo Mori-.

Tomando solamente a las mutuales que prestan servicios de salud, los datos indican que en el 2015 el número de asociados asciende a 944.197 y en noviembre de 2016, el número de asociados se elevó a 1.018.608. Es decir,un aumento del 7.8% en sus afiliados. En términos generales, el opaco INAES (organismo que debe regular y controlar este curro) no maneja cifras precisas (¡Qué casualidad!), pero puede estimarse en 4.500 el número de mutuales con matrícula vigente, lo cual no significa en funcionamiento. Son empresas privadas en los hechos, pero al inscribirse como mutuales se benefician de todos los curros de la mafia financiera y de la salud sin pagar ni un solo impuesto y más aún, recibiendo subsidios multimillonarios.

El crecimiento de afiliados no debe debe sorprender ya que este tipo de asociaciones suelen crecer al calor de las crisis económica y sociales, ya que las entidades conocidas como mutuales, nacieron en estas tierras con la intención de la ayuda mutua fundamentalmente de trabajadores económicamente menos favorecidos para defenderse y buscar, por sus propios medios, un mecanismo que diera satisfacción a sus necesidades. Luego, se pervirtieron y se transformaron en lo que hoy son: bandas criminales amparadas y subsidiadas por el Estado. Que subyugan a los más débiles, para variar.
Nacieron con el nombre de sociedades de socorros mutuos de personas inmigrantes de un mismo país, siendo éste el nombre inicial, que en algunos casos aún conservan, a su vez nacían también las constituidas por trabajadores de un mismo gremio, como por ejemplo, zapateros, sastres, tipógrafos, empleados administrativos.
Actualmente las mutuales se rigen por la ley Nº 20.321 y por diversas resoluciones que dicta el órgano competente en la materia: el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Esta ley establece que las mutuales están obligadas a brindar prestaciones a sus asociados. Prestaciones mutuales son aquellas que, mediante la contribución o ahorro de sus asociados o cualquier otro recurso con apariencia lícito, tiene por objeto la satisfacción de necesidades de los socios ya sea mediante asistencia médica, farmacéutica, otorgamiento de subsidios, préstamos, seguros, construcción y compraventa de viviendas, promoción cultural, educativa, deportiva y turística, prestación de servicios fúnebres, así como también cualquier otra que tenga por objeto alcanzarles bienestar material y espiritual. ¿No suena genial? Sí, pero la realidad es muy distinta.

Si bien, la legislación en la materia se fue modificando y por ejemplo se incorporó a las mutuales de servicios financieros a la lista de presuntos sospechosos de lavado de dinero, la misma ley actúa de cómplice ante cualquier caso donde se sospeche, ya que el INAES recibe obligatoriamente un importe anual de 0,005 centavos por asociado a cualquier cooperativa.
Si tomamos los números de los afiliados a mutuales de salud estamos hablando de mas de cinco millones al año.



Dinero ya, préstamos en el acto, sin veraz, Vamos a su domicilio son las promesas que promocionan las financieras y casas de crédito a sola firma y los empleados públicos, jubilados y pensionados se convirtieron en las víctimas más frecuentes de esta usura ESTATAL que ofrecen las financieras, mutuales y cooperativas, que prestan montos mínimos, en cuotas mensuales que terminan acumulando intereses altísimos. Mientras ningún organismo regula y fiscaliza la actividad financiera en la provincia de Entre Ríos (las mutuales las manejan los mismos políticos y funcionarios judiciales con patotas formadas por policías), la voracidad usurera sigue ensañándose con los sectores más desprotegidos de la sociedad, que no pueden ingresar al sistema bancario oficial. Que aunque suene increíble, es menos delictivo que este sistema pensado para robar a los más pobres y ancianos.
Pero, obviamente, alguien como Eskenazi no va a quedarse afuera de ninguna asociación ilícita que esté legalizada y amparada por gente tan poderosa.



Si tenemos en cuenta que el Senado de la Nación legalizó decretos de Macri donde se autoriza a que los sueldos de los trabajadores puedan ser embargados en su totalidad, y si a eso le sumamos, la poca formación en materia económica y financiera, no nos asombremos si a partir del mes próximo miles de trabajadores, sobre todo los empleados estatales de la provincia y de los municipios que cobran mediante el BERSA -financista de varias mutuales- se encuentren con llamativos descuentos en sus recibos de sueldos.
En la capital provincial en los últimos años ha crecido sobremanera el numero de entidades crediticias bajo la figura de "mutual", y por lo general, se desconoce (jeje) quiénes son los dueños reales de estas entidades que suelen entregar dinero en el acto a empleados públicos con el único requisito de presentar el DNI y el recibo de sueldo. Después -como ha pasado en innumerables casos- estos trabajadores se encuentran con que el BERSA les descuenta directamente el dinero de sus sueldos. ¿Reclamar en la Justicia? Jaja...buena suerte.

Incluso en Entre Ríos a partir de la dirección de Nelio Calza -vinculado al Frente Grande que de negociados con las cooperativas sabe mucho- en Sidecreer, y luego continuado en la gestión de Juan José Canosa se aplicaba este sistema desde el propio Estado. La tarjeta "cobraba una tasa del 3 o 4% a las mutuales, que trasladaban a Sidecreer la gestión del crédito, el personal e infraestructura, el pago a través del código de descuento y el cobro, porque lo retenía la provincia del recibo de sueldo.
Las comisiones que cobraba Sidecreer (las legales, no las que enriquecían a los funcionarios) a las mutuales distaban mucho de lo que cobraban las mutuales a los empleados. Lo mas grave de esta operatoria es que se desconoce en esencia quién autoriza y controla el descuento por códigos que se realiza en los recibos de sueldos de los empleados públicos, cuando éstos deciden tomar un préstamo con distintos destinos con alguna de estas entidades mutuales. Lo peligroso de estas operaciones es que llevan a quienes se encuentran con sus sueldos prácticamente embargados a recurrir a otros préstamos de iguales condiciones, generando un círculo vicioso de endeudamiento. Esta mafia la maneja el propio Estado a través de sus más altos estamentos.

Muchas -sino la mayoría- de las mutuales que se dedican a entregar dinero, están vinculadas con grandes estudios jurídicos que por lo general no radican en la misma región donde operan las mutuales (para que no se vea cómo se enriquecen con esta mafia). Estos estudios jurídicos, mediante una serie de puestas en escena jurídica se dedican a molestar, apretar y amenazar -muchas veces telefónicamente, otras con patotas de policías, o sino con fiscales y jueces dueños de las mutuales- a los deudores. Especialmente, gente con problemas mentales, jubilados de avanzada edad y personas con discapacidades.
Pero el Estado y el BERSA no son los únicos cómplices en este tipo de accionar mafioso. También lo son los sindicatos y gremios, ya sea porque estos suelen recomendar a sus afiliados a que concurran a las entidades mutuales para la obtención de créditos, o bien, por hacer silencio y no presentar nunca ningún tipo de reclamo o denuncia ante los órganos correspondientes. Naturalmente, nadie cree que esta complicidad gremial con la principal mafia de Entre Ríos, sea gratuita.