¿Quién paga el ajuste que pide el FMI?



Ezequiel Bauman-. El inevitable ajuste que reclama el Fondo Monetario Internacional lo tiene que diseñar el gobierno, eligiendo a qué sectores recortar. El Fondo solo pide la baja del déficit fiscal, no quiénes deben ser los perjudicados por esta medida reaccionaria, que de todas maneras era un objetivo del gobierno: sucede que su impericia y la corrupción del negocio de endeudar al país, hicieron que incremente a récord históricos el déficit fiscal y la balanza comercial negativa. Sería bueno que esta fiesta de los ricos la paguen por primera vez los ricos.



Si se repusieran las retenciones al trigo y al maíz en el 10% y se mantuviera las retenciones a la soja (hoy en el 30%,, luego de una generosa devaluación) y a la vez se repusieran las retenciones a la minería, la mitad del ajuste requerido por el Fondo Monetario Internacional estaría hecho. Siempre y cuando no siga subiendo el precio del trigo y los commodities en general. Ahí se recaudaría mas y cerrarían menos panaderías y el pan no llegaría al precio al que ya se está remarcando. Al contrario, al abaratarse la harina de trigo, se abaratarían todos los productos derivados de la misma, incluido el pan, alimento central para todas las familias argentinas pero sobre todo para los mas pobres. Además, los obligaría a liquidar inmediatamente los dólares de la exportación (sería bueno que volviera la prohibición de liquidarlos en el exterior) y eso llenaría las arcas desguarnecidas del Banco Central.

Recordemos que diversos gobiernos -desde el de Cristina Kirchner, que eliminó y repuso las retenciones al trigo, hasta el de Arturo Frondizi, que nunca las eliminó- se han hecho estos cambios en las retenciones de acuerdo al costo interno de los alimentos, los precios internacionales y las necesidades de divisas al país. Obviamente, cuando los criterios no son éstos sino la ganancia personal y la corrupción, los terratenientes como el propio Ministro de Agroindustria Luis Etchevehere, no reparan en que sus fabulosas ganancias extraordinarias son gracias al sufrimiento de los trabajadores, que deben subsidiar sus ganancias soportando el dolar alto y la consecuente inflación.

Si se terminara con los grandes subsidios a las empresas, se completaría la otra mitad del ajuste. Aclaremos: esos grandes subsidios vienen desde la época de Duhalde y entre sus beneficiarios están el Grupo Clarín, la empresa del amigo presidencial Nicolás Caputo en Tierra del Fuego, la propia SOCMA (Sociedades Macri) entre muchas otras, pasando por los dos Kirchner y no se han incrementado significativamente durante el gobierno de Macri, aunque él mismo y la mayoría de su gabinete sean socios o accionistas de empresas subsidiadas.

A su vez, si el Estado Nacional, que representa a la totalidad de los argentinos de todas las provincias, dejara de hacer pagar a las provincias la Policía Federal, que es exclusivamente porteña, AYSA, que es exclusivamente metropolitana al igual que las privatizadas EDENOR y EDESUR (a las cuales se les perdonó una multimillonaria deuda), los entrerrianos, junto a los formoseños, santiagueños, fueguinos, etc, no tendríamos que sufrir estos oprobiosos tarifazos y una presión impositiva tan alta, descargada sobre todo en los jubilados y trabajadores.
Las provincias tienen clara mayoría en el Congreso Nacional. Es solo cuestión de voluntad política.

La otra receta, la de Macri y el coro de gobernadores peronistas que le hacen de claque, ya la conocemos: el ajuste, para pagar la fiesta de los ricos que disfrutaron estos tres años y ahora esperan que el FMI financie la última fuga de capitales hacia paraísos de la elusión fiscal, recaerá sobre jubilados y trabajadores, aumentará la pobreza y la indigencia, además del desempleo y la consecuente represión policial.
En la provincia de Entre Ríos, la Ley de Narcomenudeo va en esa dirección: además de ser un negocio para la policía y los políticos que la comandan, es una fenomenal herramienta de disciplinamiento social, que viola todos los derechos humanos que en nuestro país tienen rango constitucional.


Lo propuesto en esta nota está basado en la concepción sobreideologizada de un gobierno de derecha, pero que a diferencia de muchos gobiernos de derecha en el mundo que también consideran el déficit fiscal como el mantra a neutralizar (aunque no sea el caso de EEUU, Canadá, Australia, Austria -donde gobierna la extrema derecha neonazi- ni Francia) son gobiernos que no son estructuralmente corruptos, como lo es el gobierno del PRO. Que hasta quiso condonarse una deuda que el Presidente mantiene con el Estado por no pagar ni siquiera el canon por el desfalco del Correo Argentino: no fue capaz de traer un solo dolar de sus cuentas en paraísos fiscales para devolverles a los argentinos lo adeudado, ya no hablemos de los costos que trajo el saqueo noventista que tantos réditos les dio.
Como es poco probable que un gobierno de incapaces dedicados a salvar sus tesoros personales no responda a sus instintos primarias cuando crezca la crisis que ellos mismos crearon, la única manera de poner sobre el tapete un ajuste alternativo pasará por la movilización de sindicatos y movimientos sociales y la presión a los gobernadores y legisladores nacionales porque son los verdaderos ejecutores del ajuste que maquina el gobierno del PRO.