Ilaraz y la complicidad de la cúpula eclesiastica



Joakito-.Es la hora de la verdad en el Juicio que se esta llevando adelante contra el sacerdote Justo Illaraz por abusos cometidos en el Seminario cuando éste se encontraba al frente. La novedad está en el tratamiento especial que se le dio al cardenal Estanislao Karlic, quien al igual que los obispos Puiggari y Rossi podrá declarar por escrito ante la Justicia. Cabe destacar que el trato especial al cardenal no tiene que ver con su carácter de autoridad eclesiástica sino por su avanzada edad. Aunque existe una disposición dictatorial de asignarle a los obispos el salario de un Ministro de la Nación y por lo tanto, sus privilegios, como por ejemplo declarar por escrito.
Hay que resaltar en este caso, la importancia de los obispos y del cardenal de no ampararse en los "fueros" que le brinda el código penal en el artículo 250 donde  les da a "los altos dignatarios de la Iglesia" el mismo derecho que al presidente, los Ministros, los gobernadores o los rectores de las Universidades que no están obligados a comparecer (como testigos) ante la Justicia. Karlic tiene 91 años.


De todas maneras y sin esperar a la resolución de la justicia entrerriana sería óptimo que desde la curia, acaten sus propias normas y apliquen los castigos. ¿Qué dice el Vaticano ante estos casos?
El Vaticano cuenta con sus propias leyes -el derecho canónico- y tribunales, diferentes a los ordinarios, para juzgar y condenar a los culpables de abusos, cómplices y encubridores. Y también cuenta con normas para demostrar la mala praxis de los obispos que, por ignorancia o mala fe, no obraban según la "tolerancia cero" auspiciada (supuestamente, desde ahora) desde Roma, perpetuando el modelo de ocultación y secretismo que fomentó los abusos contra menores en todo el mundo.
En caso de demostrarse que las máximas autoridades católicas de Entre Ríos sabían lo que ocurría en el Seminario, el Vaticano dice que los obispos que no denuncien (teniendo conocimiento del delito) pueden ser también expulsados del orden episcopal.
Mas allá de las conclusiones a las que llegue la Justicia entrerriana en este caso en particular (recordemos que se juzgan los abusos de Ilarraz, no el encubrimiento de la Iglesia), hay que señalar que desde el Papado de Francisco (Bergoglio) las acciones tendientes a encubrir los casos de abusos al interior de la iglesia han sido harto evidente a pesar de las declaraciones públicas del propio Bergoglio.
Por ejemplo, tal como señala la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, Francisco designó en una de las Comisiones que funcionan como órgano consultivo del Papado al cardenal George Pell, que es responsable de encubrir más de 4.000 casos de abusos sexuales del clero en Australia. Tampoco, por ejemplo, ha expulsado al cura Julio Cesar Grassi a pesar de estar condenado por delitos de abuso sexual y corrupción a menores. Tampoco ha modificado las normas jurídicas de la iglesia conforme a las exhortaciones que realiza la ONU para los casos de abuso sexual.
Estos ejemplos sumados a los años de silencio respecto a las denuncias que se recibieron sobre la presunción de abusos por parte del cura Illaraz sirven para demostrar como desde la propia iglesia se ha hecho suficiente para sostener hasta el final el sistema de encubrimiento de obispos, curas, monjas y laicos culpables de delitos aberrantes contra la niñez.

Si bien hay que esperar lo que dictamine la Justicia en este caso en particular, hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica -por mas esfuerzos y simulaciones que realice Bergoglio que se sacó una foto o firmó un libro de víctimas de pederastia eclesiástica- sigue siendo una institución sumamente oscurantista y como tal, desde las altas esferas de la misma se ha cumplido un rol determinante para garantizar que los abusos sexuales por parte de los curas se continúen sin mayores obstáculos, sin victimarios dañados y con víctimas ocultadas.