Rock de la Cárcel



Martín Vázquez.- Una vez más, el fascismo descarado sale a la luz en Entre Ríos. Esta vez, aplicado sobre quienes -por no aportar votos- nadie se preocupa: los internos de las unidades penales de la provincia.



Es noticia que los presos estén en condiciones de hacinamiento, ya que es común denominador, sobre todo a partir de la aplicación del nuevo código procesal penal en la provincia, que los jueces manden sin condena previa a la cárcel a quienes son detenidos. y también por esa pantomima inventada para el negociado de los abogados llamada "Juicio Abreviado". Y esto lo hacen a contramano de toda reglamentación democrática basada en los derechos humanos, ya que la prisión preventiva solo se aplica en casos de excepción y no puede superar el máximo de 2 años (en la teoría, en la práctica del fascismo judicial que se vive en Entre Ríos, sirve como método de tortura medieval para que los fiscales obtengan, como los viejos torturadores de la Inquisición sus "confesiones" falsas de gente pobre. Bajo la amenaza de juicios donde hasta los peritos de armas vendieron el arma al criminal).

En Entre Ríos no se respeta la ley ni la Constitución y la violación de los Derechos Humanos es sistemática, estimulada por la prensa paraestatal, los organismos de gobierno y un Poder Judicial dependiente del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial asedia a un pueblo sistemáticamente empobrecido para llenar las cárceles con menudencias, en lo que resulta una fabulosa maquinaria de corrupción a partir de los campos de concentración. 

M.B., por ejemplo estuvo preso durante cuatro años en la Unidad Penal de Nº 1 de Paraná, acusado de matar a su cuñada y herir de bala a su hermano. En su estadía en el penal sufrió las torturas que imparte el gobierno y los insultos cotidianos, además de la calumnia de la prensa paraestatal y el desdén de la maquinaria de Inquisición llamada Poder Judicial de Entre Ríos. Cuando finalmente llegó a juicio, resultó absuelto, pero su vida no fue la misma después de haber pasado por la universidad del delito, mas conocida como cárcel. Los que antes eran dirigentes de derechos humanos y hoy se dedican a enriquecerse como funcionarios del macrismo -rama Rosario Romero de Halle- festejan con sus impúdicas riquezas haber convertido a Entre Ríos en una maquinaria de campos de concentración para la gente que ellos mismos empobrecen. Los fabulosos salarios que se pagan por el silencio, tanto en el Poder Judicial, la prensa y el Ejecutivo, llegan a ser tan caros como el dinero destinado a los campos de concentración, que es dinero para enriquecer el crimen organizado de la principal Mara Salvatrucha entrerriana, denominada Servicio Penitenciario. La gente, anestesiada, sigue alimentando con sus impuestos y tarifazos este retorno a la Edad Media en materia penal. Los grandes bufetes están muy ocupados enriqueciéndose como para acordarse de las razones por las que alguna vez, cuando fueron jóvenes, soñaron al estudiar leyes.


Algunos cautivos de los campos de concentración de la Unidad Penal de Paraná están de huelga de hambre porque esperan resoluciones judiciales que no llegan. Son rehenes llamados "federales" porque están acusados de delitos de carácter federal (narcotráfico, trata de personas, etc).
La ley nacional 24.660 -a la que la provincia adhirió ya que no hay Cárceles Nacionales-  es la que establece un régimen disciplinario, la forma de cumplirlo y las sanciones en caso de incumplirlas. A su vez, también establece calificaciones en conductas y quiénes son los organismos que intervienen en el desarrollo de la pena. Son los jueces de ejecución penal quienes deben resolver los pedidos, ya sea de salidas laborales como de libertad asistida. Lo que los jueces no se dan cuenta es que no es que están demorando un divorcio o una acción de compra venta (que por otra parte, nunca demoran, sobre todo si el interesado conoce a un abogaducho enriquecido gracias a cualquier funcionario del  gobierno), se trata nada mas ni nada menos que resolver sobre la libertad de las personas. No les importa. Es la mentalidad del burócrata de campos de concentración que definió Hannah Arendt.



Mientras tanto esta huelga de hambre ocurre en un contexto, donde la Ministra de Rosca Política e Injusticias, Rosario Romero, promete llenar aún mas las cárceles a partir de la fascista ley de narcomenudeo, todo esto con la promesa de que el gobierno nacional le va a mandar "pabellones de cartón" para que puedan entrar mas presos, es decir, que pretenden apagar el fuego con nafta. Literalmente. En el marco por un desprecio por la vida y los derechos humanos que solo se vivió en dictadura en Entre Ríos.


Si la situación continua así, es posible que pueda haber algún estallido que se resolverá con la aplicación ilegal de la pena de muerte sin juicio previo como las puestas en escena para asesinatos de ciudadanos de piel oscura que aparecen "ahorcados" en comisarías, ya que cualquier cortocircuito entre los presos o los guardiacárceles puede provocar lo peor por parte del estado. Pareciera ser que solo intervienen ante el hecho consumado, quizás esten esperando un motín o alguna muerte para hacer limpieza étnica por la superpoblación de secuestrados ilegalmente.
Todo esto lo hace el estado convertido en un estado fascista, en un contexto, donde la justicia, a partir de lo que fue el caso Micaela García, fue puesta en la picota por la opinión pública. Contestaron con mas fascismo, queriendo lapidar en la plaza pública al juez Rossi.
Sin embargo, el estado debe actuar de acuerdo a derecho, y no de acuerdo a los que piensen los medios de comunicación estatales manejados por Doñas Rosas que se dedican al juego clandestino con aval del IAFAS y en los casinos estatales, como hace el dueño del Canal ultraoficialista 9 Litoral. Y actuar de acuerdo a derecho significa aplicar la ley, en este caso la 24.660 que establece el beneficio de salidas transitorias ya que estas sirven para afianzar los lazos familiares o sociales, para cursar estudios o para asistir a un programa especifico de pre-libertad. En suma, contradice la noción de estado fascista y de campos de concentración que la barbarie gubernamental y sus lacayos judiciales implementan en la práctica, aunque se autoorganizan "paneles" para premiarse por los méritos que carecen, en otra fantochada típica de la Unión Soviética en la Comisión de DDHH de la ONU. Y esta ley debe aplicarse incluso para quienes fueron condenados a cadena perpetua, siempre y cuando tengan buena conducta y hayan cumplido 15 años de prisión, sancionados por los mismos demagogos punitivistas que después prefieren el negocio de los campos de concentración. Porque recordemos, recordemos siempre que el estado fascista es un gran negocio para sus ejecutores.

Si no aplicamos la ley como corresponde, las cárceles se seguirán llenando -de pobres y marginales, obvio- y jamas se va a poder bajar el alto índice de reincidencia en el delito que existe en la provincia. Pero no basta solamente con un buen régimen de libertad asistida, también es necesario que las cárceles sean un espacio respetable, con alimentación sana, con debida asistencia psicológica satisfactoria, donde los presos puedan desarrollar -paredes adentro- actividades culturales, competencias deportivas y participen de eventos recreativos.
Si no denunciamos a viva voz la presencia de campos de concentración y el estado fascista, seguirán reincidiendo quienes se enriquecen a costa de esta barbarie, de esta banalidad del mal.