La Unisectorial selfie contra el tarifazo

Pablo Mori-. Con la humildad -de convocatoria- que los caracteriza, se realizó en la Plaza 1º de Mayo de Paraná una concentración para manifestarse en contra de los aumentos en los servicios públicos.

Lo que calla la Multisectorial de Derechos Humanos



Pablo Mori.- Siempre es más fácil hablar sobre asesinatos, vejámenes y ajustes producidos a distancia -tanto en el tiempo como en el espacio- tal vez por eso la Multisectorial omitió las atrocidades ocurridas en nuestra provincia. ¿Qué no dijo el documento de la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná?
Quizás porque quienes integran los organismos de derechos humanos en su mayoría son funcionarios del gobierno provincial, o quizás porque al igual que Clarín les conviene seguir con el negocio de la grieta "K vs Macri", lo cierto es que los organismos de derechos humanos de la provincia de Entre Ríos hace mucho que callan cosas que suceden en la provincia. Cosas que antes, hace ya bastantes años, sí denunciaban y por eso mismo ocupaban un lugar de respeto en la ciudadanía. Hoy eso está más dudoso. Más desdibujado si usted quiere.
El documento leído por los organismos de DDHH tras la marcha del 24 de maro, que conmemora a las víctimas del terrorismo de estado, hablaba de un endeudamiento externo del gobierno Nacional, lo cual es cierto, pero omite nombrar el escandaloso endeudamiento del gobierno de Bordet con tasas que ni siquiera pagan los países africanos.
Se toman dos párrafos para hacer mención -en abstracto obvio- a la lucha del movimiento de mujeres, pero a su vez omite pedir por el esclarecimiento del brutal femicidio de Jessica Paola Do Santo, joven pobre y prostituta que apareció descuartizada en el Barrio Bajada Grande en noviembre del 2016 y que aún sigue impune.
Habla del gatillo fácil, de la doctrina Chocobar nombrando solamente un caso -el del joven que apareció ahorcado en Victoria- pero omite decir que las fuerzas de seguridad de la provincia estan formadas bajo este accionar y que lo de Victoria no es un caso aislado tal como lo demuestra el caso Lopez ocurrido en el 2015 en Concepción del Uruguay, entre tantos otros.



El anticonstitucional Código de Contravenciones en los hechos, se ha extendido hacia los trabajadores más pobres que utilizan su moto para concurrir al trabajo. A diario se entera cualquiera de los múltiples atropellos a las libertades civiles que comete la policía de Entre Ríos reconvertida en agentes de tránsito, que cobran por cada moto incautada. Por supuesto, cobran los comisarios y ese dinero los agentes de a pie ni lo ven, pero son presionados para aumentar el número de motos incautadas. Por lo tanto, utilizan métodos de espionaje, seguimiento y detención propios para atrapar narcotraficantes y asesinos, pero lo hacen para agarrar a un joven que aún no pago el seguro y se atrasó dos días.
El silencio sobre este punto es crucial porque atacar la caja negra de la policía es poner los focos sobre el gobierno provincial. Es muy cómodo cuestionar a la distancia a Patricia Bullrrich por su cruzada violenta y frívola a la vez, pero no se puede omitir lo que sucede alrededor solo porque los dirigentes de derechos humanos pasaron a ser funcionarios K y ahora son parte del llamado "peronismo racional" y son arrastrados a apoyar la candidatura presidencial de Urtubey, un ícono de la violación sistemática de los derechos humanos dado que en Salta se tortura, se mata y se encarcela porque sí a las minorías y a los más pobres, especialmente si son indígenas.

Los "suicidios" en comisarías y cárceles nunca son investigados. Por investigación nos referimos a una investigación seria e independiente, no lo que hace el Ministerio de Gobierno y Justicia, que es mirar para otro lado.y aceptar como verdad santa lo que diga la policía. No lo hace solo Patricia Bullrrich, también es experta en la materia Rosario Romero, lo que pasa es que no lo anda gritando a los cuatro vientos y nadie se lo plantea.
Lamentablemente la oposición en la provincia se calla sobre estos temas, salvo honrosas excepciones, como la del diputado Sergio Kneeteman, quien pidió investigar el accionar policial. No le hicieron caso.