Bienvenidos al narcofascismo



Joakito.- Se aprobó después de intentos anteriores que fracasaron la ley de Narcomenudeo. Con suma algarabía la multipartidaria Rosario Romero celebró sosteniendo que esta ley no va a "generar ningún colapso en los sistemas, ya sea carcelario o tribunalicio". ¿Y con la salud de los adictos que pasa?



Ya hemos hablado sobre el mamarracho que significa la ley de narcomenudeo en cuanto a que solo va a atacar el problema del narcotráfico a pequeña escala, dejando afuera a los grandes narcos y fundamentalmente a quienes son sus principales beneficiarios: banqueros y dueños de bingos y casinos. Sin embargo nadie se fija que el hilo generalmente se corta por lo mas delgado. La ley no dice nada en cuanto que actitud tomar frente a las detenciones que se hagan por posesión para consumo personal, a excepción de un solo diputado del FPV nadie alzo la voz.

Es necesario señalar que la vez anterior que la ley fue tratada y aprobada por unanimidad -aunque luego la justicia federal la declaró inconstitucional- en el año 2014 se había prometido la construcción en Entre Ríos de ocho centros de prevención y rehabilitación de jóvenes con adicciones, al día de hoy ninguna de esas obras está terminada.

La implementación de esta ley en realidad lo que va a traer aparejado es un gran despliegue policial que seguramente aumentará la criminalización, el aislamiento y la persecución de los sectores más vulnerables, es decir, de los pobres, que sufren el flagelo de la droga.
Todos saben que a los sectores pudientes la policía no les realiza cacheos ni mucho menos detenciones por averiguación de antecedentes.
Esta situación para nada detiene el nivel de violencia en el que viven las barriadas, muy por el contrario, la aumenta.

Llama poderosamente la atención que ninguno de los legisladores haya tenido en cuenta dos leyes nacionales sobre el tema: la Ley de Salud Mental Nº 26.657 y la Ley de protección integral al consumo problemático de sustancias Nº 26.934, ambas leyes sostienen que el consumo problemático de sustancias es una cuestión de salud y no como pretenden con la nueva ley que los consumidores sean penalizados.



Por otro lado, la sanción de la ley de narcomenudeo choca con la falta de presupuesto para poder implementarla ¿Por qué? Por mas que desde el estado nacional te manden habitaciones de cartón para agrandar las cárceles, es sabido que las detenciones que se producen por parte de la policía a quienes poseen drogas para el consumo cada año, muchos de los cuales son pobres y por lo tanto requieren los servicios de un defensor público, aunado al costo de mantener la población carcelaria condenada por ese delito, le va a costar al estado provincial un dineral que incluso, quintuplicaría con creces lo que actualmente se gasta en cualquier programa de asistencia y prevención de las adicciones.

Cualquier especialista sensato sabe que las políticas prohibicionistas han fracasado y no solo eso, sino que las políticas prohibicionistas han servido para ampliar las brechas sociales, las inequidades económicas y las diferencias políticas.
El trabajo que se ha hecho en función de la llamada "guerra contra las drogas" solo ha generado militarización y mas violencia.
Repasando vemos que en Argentina, cuya ubicación geográfica hace que no estemos tan directamente expuestos a la violencia, se hayan registrado igualmente fenómenos de endurecimiento de las políticas de seguridad y militarización de las respuestas estatales, justificadas en la lucha contra el narcotráfico. En 2013 por primera vez, se dispuso la intervención de las FF.AA en tareas de patrullaje de frontera, para atender la amenaza narco. La participación de las FF.AA en tareas de seguridad interna está expresamente prohibida en las leyes, y nunca desde la transición a la democracia se había permitido. Así “lo narco” funciona como coartada discursiva para recetas punitivas y demagógicas.



Volviendo a nuestra provincia, la ley de narcomenudeo incluso va a contramano de los planteos de la Corte Suprema de Justicia  que en el 2009 emitió el fallo Arriola en el que se considera inconstitucional el artículo 14 de la ley 23.737 que pena la tenencia de estupefacientes para consumo personal, y ordena al poder legislativo adaptar la legislación a esta decisión.