¿Quienes se oponen a la Ley de Salud Mental?


Joakito.- La Ley Nacional de Salud Mental fue aprobado en 2009 por unanimidad en la cámara de diputados, como muy pocas veces sucede en nuestro país. Todos los bloques votaron afirmativamente. Eso demuestra que la citada ley no tiene puntos oscuros, ni contradictorios o que lesionen en lo más mínimo a algún habitante de nuestro país. Actualmente existe un proyecto de reforma del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 por el cual se pretende dar un giro rotundo en la política de salud mental.
Esta ley fue apoyada por numerosos médicos psiquiatras de todo el país que no aceptan pasivamente el mandato de las corporaciones médicas. Hay que tener en cuenta que las corporaciones solo buscan maximizar sus ganancias, y por el contrario, la ley de salud mental, pone el énfasis en los derechos de las personas con padecimiento mental, promoviendo tratamientos fuera de los manicomios y clínicas considerando en igualdad de condiciones a todos los profesionales del equipo interdisciplinario.
Esto último, es sumamente necesario para orientar una verdadera política de Salud Mental.
¿Por qué? 
Simple, en materia de tratamiento de la salud mental hay dos alternativas: a los pacientes se los encierra y/o medica, o se le brinda una atención integral con énfasis en la familia, lo social y lo psicológico, aunque por supuesto, teniendo en cuenta, en los casos que lo requieran, el aspecto orgánico.


¿Quienes se oponen a esta ley? 

Principalmente las instituciones psiquiátricas consideran a los psicólogos y otros profesionales de la salud mental, como profesionales de segunda, como auxiliares de la psiquiatría, o integrantes de un “pseudo equipo interdisciplinario”. Entonces, el principal punto al que apuntan quienes pretenden modificar la ley es a que se termine con los equipos interdisciplinarios, modificando de cuajo la concepción de salud mental que instaló la ley e imponer nuevamente las llamadas “prácticas fundadas en evidencia científica” excluyendo cualquier aporte de disciplinas como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, o el trabajo social.
Otro de los puntos preocupantes es que se pretende volver a una lógica tutelar, donde el estado tenga la capacidad de considerar "loco" a una persona mediante edictos y fallos judiciales.



Esta avanzada del gobierno nacional para modificar el paradigma en salud mental se suma a lo realizado con el lanzamiento de la  cobertura universal de salud  por el gobierno nacional cuyo espíritu busca desfinanciar el sistema público de salud nacional en favor de las clínicas y sanatorios privados.
Cuando desde el gobierno nacional insisten en la idea de modificar la ley, plantean la necesidad de existencia de hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, es decir, la vuelta lisa y llana de los manicomios como instituciones de encierro, tratando a quienes tienen un padecimiento mental como personas peligrosas para el resto de la sociedad. De esta manera, buscan aislar y encerrar el problema, alejando a las personas enfermas de cualquier tipo de entorno social, política que sabemos fue un fracaso total en el país, sino también en el mundo.

Queda claro que quienes se benefician con la modificación de la ley de salud mental y adicciones no son los pacientes y usuarios de la red de salud pública sino los empresarios dueños de manicomios, clínicas y laboratorios. Pero también los subsidiarios de estos empresarios, es decir la Asociación Argentina de Psiquiatras, y la Asociación de Psiquiatras Argentinos que basan su trabajo profesional, no en tratamientos acordes a la personalidad y el entorno de cada paciente, sino por el contrario en una gran medicalización de los pacientes bajo su órbita. Aún contra la abundante evidencia científica de que las terapias cognitivas y conductuales son mejores que la medicación para los trastornos psiquiátricos más comunes.