Un punto de divorcio entre la UCR y la gente (1)

 Ramiro Pereira-. El pacto de Olivos tiene  dos grandes significados:



1) por un lado, cierra una etapa del proceso de consolidación de las instituciones democráticas, evitando una situación que, irrigada por la vocación hegemónica del peronismo, presentaba evidentes analogías con el proceso constitucional de 1949. 1949 significó un momento de profundización de la ruptura del pacto político, y medio siglo mas tarde,  la vida institucional argentina quedaba amenazada por  un retorno a aquel pasado de desavenencias  y enfrentamientos. Rechazando aquel  desenlace, el pacto de Olivos posibilitó la concreción de un nuevo “pacto político” consagrado en la Convención Nacional Constituyente de 1994.



2) Por el otro, el partido radical estalla en sus contradicciones, y frente a su propio electorado aparece debilitado,  cediendo ante el PJ. Es difícilmente digerido por muchos radicales y marca un punto de divorcio entre la UCR y la sociedad argentina. Muchos esperaban la actitud de aquel radicalismo del ’49. En el pacto está entonces la virtud y el defecto. Dos caras de una moneda.



La historia del pacto de Olivos, es  la historia de un gobierno que tuvo la fuerza suficiente para imponer una política económica de altísimos costos sociales y sostenerse en el poder durante una década. Es también  la historia de una claudicación; o al menos, de la percepción social de la claudicación del radicalismo ante la presencia dominante y arrolladora del  peronismo de los noventa. Precisamente, la imagen de la deserción opositora de la UCR  permite el surgimiento de una tercera opción en el escenario político-partidario. Opción que competiría  por el liderazgo opositor en los años siguientes y que, a la postre, terminaría en el armado político electoral que fue la Alianza UCR-Frepaso del año ’97, con la pretensión de cerrar la etapa de liderazgo hegemónico del PJ, que en cumplimiento de una constante en la historia política, ante la inviabilidad de posibilidades de alternativas desde la oposición, iba gestando la oposición en su mismo seno. 




El 3 de octubre y la reelección. 

Tras la victoria en las elecciones legislativas del 3 de octubre de 1993, el justicialismo había lanzado una fuerte ofensiva  para el logro de un objetivo definitivamente innegociable: la posibilidad de que el presidente de la nación Carlos Menem pudiese competir por un nuevo turno como presidente de la Nación. Había que reformar la Constitución de 1853, en virtud de cuyas disposiciones el presidente  no estaba facultado para ser electo por un nuevo período en forma consecutiva.



Promediaba el cuarto año del mandato presidencial de Menem, y el triunfo electoral de 3 de octubre de 1993 contrastaba con el cuarto año de presidencia de Raúl Alfonsín, castigado con la derrota electoral de 1987. El 3 de octubre terminó de instalar la cuestión de la “reelección presidencial” en el eje del debate político. Así, el día siguiente a las elecciones, la ciudad de Buenos Aires apareció empapelada con afiches con leyendas elocuentes: “la gente ya votó. ahora reforma y reelección” o “reforma sin proscripción”.



La cuestión de la reelección  y su viabilidad en la sociedad argentina de entonces deben enmarcarse  en un contexto económico favorable al gobierno, a partir de  la superación de la hiperinflación  de 1989/90 y el éxito de la gestión económica del ministro Domingo Cavallo en la estabilización de los precios.

Las consecuencias positivas se evidenciaban en una elevación en la renta de los sectores de menores ingresos, efecto de la estabilización que reflejaban los precios minoristas, y en una clase media que a la estabilidad como valor en sí mismo, sumaba un cierto aumento en sus ingresos reales en virtud de la disminución de los precios internos, por la sobreoferta de productos importados, y la capacidad de compra de bienes de consumo basada en la financiación a crédito como sistema masivo de venta, fundamentalmente de electrodomésticos y automotores. 

La victoria electoral del 3 de octubre operó como factor legitimante mas allá de su significación institucional. En gran medida, el enfrentamiento entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista en las elecciones legislativas del 3 de octubre de 1993, planteadas como “elecciones nacionales” -sin perjuicio de la influencia de decisivos factores locales- se estructuró en un planteo de defensa de los valores republicanos, tanto morales como institucionales, desde la UCR, y desde el justicialismo, en una defensa del plan económico, identificado con la estabilidad monetaria  (valor per se en una sociedad que tenía bien fresco el recuerdo de los procesos hiperinflacionarios) y articulada en un planteo antinómico acerca de la vuelta al pasado inflacionario o la continuidad en los lineamientos que habían permitido una suerte de milagro argentino.

En el propio gobierno se habló de un fenómeno sociológico, el voto licuadora al cual refería Alberto Kohan (entonces secretario general del Consejo Nacional del PJ): “los electores, en realidad, defendieron el precio de la cuota fija de la aspiradora, de la licuadora, del televisor, de la videocasetera, del automóvil”.

Lo cierto es que en la antinomia planteada, la legitimidad para la continuación con las políticas económicas absorbía una legitimación para la continuidad de formas de gestión de gobierno que –en la tradición de la cultura política del peronismo- subestimaba lo institucional y la legitimidad legal basada en la racionalidad de las normas, dando lugar a un esquema de república subinstitucionalizada. Así hay que interpretar expresiones como las vertidas por el ministro del interior Carlos Ruckauf, señalando que “en las últimas elecciones, la gente votó mayoritariamente por un modelo en marcha y por la continuidad de sus ejecutores, comenzando por su principal arquitecto, que es el presidente Carlos Menem”, asimilando aquellos comicios a un plebiscito.