La Unisectorial selfie contra el tarifazo

Pablo Mori-. Con la humildad -de convocatoria- que los caracteriza, se realizó en la Plaza 1º de Mayo de Paraná una concentración para manifestarse en contra de los aumentos en los servicios públicos.

La génesis de la Reforma Constitucional



Ramiro Pereira-. Mientras el PJ en 1993 intentaba tender puentes con la principal fuerza opositora para lograr su objetivo reeleccionista, se aseguraba una mayoría calificada de dos tercios del total de los miembros del senado merced al ablandamiento de las posiciones del senador Antonio Cafiero
  y -fundamentalmente- de un acuerdo con el senador por la provincia de San Juan Leopoldo Bravo.

El viejo caudillo bloquista condicionaba el voto favorable a la declaración de la necesidad de reforma, a una reducción sustanciosa del proyecto presentado por el PJ, de forma tal que prácticamente sólo se modificaba la duración del mandato de los senadores nacionales, reducido de nueve a seis años, de seis a  cuatro años el mandato del presidente y vice de la nación, con la posibilidad de reelección indefinida y se contemplaba la elección popular del intendente de la ciudad de Buenos Aires. De un total de ochenta y ocho puntos a modificar, entre artículos e incisos, Bravo condicionaba su voto a la reducción del proyecto presentado por el justicialismo  a apenas seis puntos. 



El 13 de octubre fracasó el intento de concretar una reunión entre las conducciones del PJ y la UCR, argumentando el radicalismo que el peronismo había condicionado el diálogo, al confirmar el Congreso Nacional del partido oficialista que habría plebiscito en caso de no lograrse un acuerdo con la UCR para la reforma de la constitución, como salida a un empantanamiento en las negociaciones. De hecho, esa variante se venía contemplando  desde mucho antes y ya lo había adelantado el vicepresidente del Consejo Nacional del PJ a cargo de la presidencia, el gobernador bonaerense Eduardo Duhalde: “el plebiscito es una de las herramientas que tenemos en la medida en que no haya  consenso entre los partidos. Si no hay consenso, habrá que hacer el plebiscito”. Hacia esa dirección se encaminaba el peronismo, incluso sectores del partido oficialista enfrentados con el presidente, como los liderados por José Octavio Bordón en Mendoza y José Manuel De La Sota en Córdoba, quienes habían decidido encabezar la campaña por el “Sí” en sus respectivas provincias; el mismo Bordón que votaba en contra del proyecto reeleccionista en el senado nacional. 

 

El 21 de octubre es aprobado en el senado de la nación un proyecto de declaración de necesidad de reforma constitucional, con la presencia de la totalidad de los senadores y por una cantidad de votos favorables que conformaban la mayoría calificada de al menos dos tercios de los miembros del cuerpo senatorial tal cual lo estipula el artículo 30 de la constitución nacional. La  aprobación del “proyecto Bravo” por dos tercios de los miembros, en la eventualidad también lo era por parte de los presentes.

El llamado “proyecto Bravo”, en cuanto introducía modificaciones sustanciales al proyecto del PJ presentado el 7 de julio de 1993, diluía cualquier argumentación justicialista en torno a la necesidad y oportunidad de la reforma y desnudaba definitivamente la índole exclusivamente coyuntural del reformismo del  oficialismo. Cabe resaltar la importancia política del artículo 30 en cuanto establece que “la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros”. La doctrina entiende por “sus miembros” a “la totalidad de sus miembros”, mas la interpretación peronista en ocasión a la reforma constitucional de 1949  fue de las dos terceras partes de los “miembros presentes”, y en esa dirección se iba a encaminar la interpretación en la cámara baja del Congreso. Ya había un precedente, en cuanto a la voracidad de los hombres del poder que desprecian la legitimidad emanada de la sujeción a la normatividad, fundamentada esta última tanto en la voluntad de la mayoría como en el respeto a las minorías, en suma, a la racionalidad como fundamento de la legalidad, y en consecuencia de la legitimidad.

Seis días después, el 27 de octubre, el proyecto de reforma pasa por la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí es aprobado un dictamen basado en el proyecto del diputado de la Ucede Francisco de Durañona y Vedia, el cual  -como una repetición de los procedimientos utilizados en la reforma constitucional de 1949- habilitaba a la declaración de la necesidad de reforma con dos tercios de los miembros presentes, y no los dos tercios de los miembros, como se desprendía del texto del artículo 30 de la constitución y de la unanimidad de la doctrina.