La Unisectorial selfie contra el tarifazo

Pablo Mori-. Con la humildad -de convocatoria- que los caracteriza, se realizó en la Plaza 1º de Mayo de Paraná una concentración para manifestarse en contra de los aumentos en los servicios públicos.

Discapacitados y sadismo político en Villaguay


Julio Reibel-.Una apelación a un fallo de primera instancia que está siendo tratada por la Sala N.º 1 del STJ puede llevar a la inhabilitación por hasta 4 años para ejercer funciones públicas a los encargados del personal de todos los organismos públicos de Entre Ríos, empezando por Villaguay.




Matías Luggren buscó, mediante un recurso de amparo y ya habiendo agotado instancias previas, ser incorporado a la planta permanente de la Municipalidad de Villaguay en calidad de discapacitado, fundándose en normas nacionales, provinciales y municipales que, entre otras cosas, obligan a los organismos públicos a cubrir no menos de un 4% de sus puestos con personas que presenten alguna discapacidad.
Matías, de 28 años, nació con insuficiencia renal crónica terminal. Por eso desde niño tuvo que tomar medicamentos, comprados por sus padres y valuados en miles de dólares, entre ellos hormonas de crecimiento que se inyectaba diariamente, como también hizo Lionel Messi. De tanto en tanto él y su familia peregrinaban al Hospital Italiano de Buenos Aires para hacerse estudios, seguimientos y, cuando tenía 19, un trasplante de riñón; como consecuencia de esa intervención debe tomar medicamentos valuados en varios miles de pesos que su obra social cubre parcialmente, a veces a fuerza de recursos de amparo (ya que, un mes antes del vencimiento de su carnet de discapacidad, IOSPER deja de cubrir lo que le corresponde).

Con años escolares repetidos de por medio, en parte debido a que las visitas al médico lo llevaban a ausentarse regularmente, Matías terminó la secundaria y se fue a estudiar Ingeniería en Agrimensura a la ciudad de Santa Fe. Estando allá no pudo conseguir becas (que de por sí no alcanzan para mucho) por su edad avanzada para los estándares que normalmente fijan las becas estudiantiles. Matías le relató a Noticias Entre Ríos que, tras algunos años, decidió regresar a Villaguay: cada vez que necesitaba presentar un recurso de amparo debía hacerlo en un juzgado con jurisdicción en su domicilio legal, también tenía que viajar regularmente por cuestiones médicas y para conseguir los medicamentos, a la vez que el sostén de sus padres imponía sus límites. No obstante ese intento frustrado en la UNL, completó cursos administrativos y de computación, presenciales y a distancia, que le sumarían puntaje en un eventual concurso para ingresar a la administración pública. También intentó conseguir trabajo (incluso en el mismo IOSPER) pero siempre lo rechazaron automáticamente al comunicar que tenía un trasplante, negativa que constituye un acto discriminatorio por el artículo 7° de la Ley 26.928 de Protección Integral para Personas trasplantadas. (Tras relatar sucesos de este tipo, Matías le contó a Noticias Entre Ríos el intercambio que tuvo con la secretaria de uno de los -demasiados- políticos que no lo ayudaron en estos años: “Mentí” le aconsejó la mujer, a lo que él le contestó “Si vos llegaste hasta acá mintiendo es problema tuyo”).

Por tener que soportar estas y muchas otras situaciones indignas para alguien que quiere un trabajo y un futuro para cuando sus padres ya no puedan ayudarlo, Matías ahora está diagnosticado con un trastorno de ansiedad, y es en base a un certificado de discapacidad por ese padecimiento (emitido por el Instituto Provincial de Discapacidad) que pidió al municipio que lo consideren para cubrir algún puesto de escritorio, dado que no puede realizar esfuerzos físicos ni exponerse mucho a la radiación solar directa debido a lo que realmente lo incapacita, que es su condición crónica y de transplantado.

Después de haber intentado infructuosamente obtener algún tipo de respuestas por parte de funcionarios del ejecutivo municipal de la actual gestión (pero sin iniciar procesos administrativos, para así conservar la posibilidad de recurrir a la vía del amparo), él y sus abogados presentaron un recurso de amparo que recayó en el Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Villaguay a cargo de Alfredo Eguiazu.
Según reproduce el fallo de primera instancia emitido por ese juzgado, en la acción de ejecución se “requirió que la Municipalidad de Villaguay, conforme la normativa citada, debía ‘incorporar a la planta permanente de empleados municipales el 4% de personal discapacitado’” y también que “incorpore en forma inmediata en las vacantes reservadas por ley a Matías Sebastián Juan Luggren a su planta permanente”. Pasaron los días y el juez falló en su contra, exigiéndole además que cargue con los honorarios de los asesores legales de la Municipalidad.



Los fundamentos del juez dejan mucho que desear, tanto desde el punto de vista legal como humano. El carnet de discapacidad de Matías, con vigencia por 2 años, había vencido el 9 de diciembre de 2017 y la presentación había sido hecha antes de que se produzca el vencimiento, pero la sentencia del juez salió días más tarde; el juez señala ese cuestión burocrático y los abogados de Matías ironizan en el texto de la apelación pidiéndole al Supremo Tribunal de Justicia que se dediquen a emitir documentos para curar los padecimientos de la población.
Más adelante en su fallo, el juez relativizó tanto el valor de los cursos que Matías acreditó como su idoneidad para las tareas que podría asignarle el municipio; en esto las leyes son claras: mientras el cupo siga incompleto, a igual idoneidad se prioriza al discapacitado, pero tal contrastación requiere de llamados a concurso, procedimientos que los funcionarios públicos suelen hallar muy engorrosos.
No obstante lo anterior, el juez declara no saber cuestiones absolutamente relevantes y cuya prueba debería ser provista por la Municipalidad: acusa ignorar si la ordenanza N.º 1.164 del 2010 https://municipalidadvillaguay.files.wordpress.com/2008/07/o1164.pdf fue reglamentada y si, en cualquier caso, se cumple con el cupo de 4% dictado por esa norma. Dicho sea de paso, la ordenanza también manda a crear un “registro de personas con discapacidad que deseen ingresar a la administración pública municipal”, cuya existencia no ha sido demostrada aunque en los últimos días la intendenta Claudia Monjo afirmó que trabajan en la confección de un registro que se atendría a la norma, de alguna manera demostrando que la ordenanza está vigente.

Alberto Baraldo Fernández es abogado, fue el encargado en Entre Ríos del área de discapacidad (desde la recuperación democrática hasta la elección de Jorge Busti, durante el mandato de Sergio Montiel) y también es discapacitado: de niño tuvo poliomelitis y una de sus piernas quedó paralizada. Al ser consultado por el caso, dejó entrever que la polémica iniciada por el juez acerca de la vigencia de la ordenanza solo se explicaría por un desconocimiento, o una interpretación cuanto menos discutible de la ley, por parte del juez: la norma no es programática (pendiente de ser reglamentada) sino operativa, vigente desde su publicación.

El 14 de diciembre Matías había distribuido un texto https://www.facebook.com/infor.villaguay/posts/2085979558299691 dando a conocer su situación y denunciando públicamente que la municipalidad no cumplía con el cupo de discapacitados que manda la ley porque elegía a sus empleados en base a afinidades políticas. En esos días Matías dio muchas entrevistas a medios radiales y televisivos, sobre todo después de que se conociera la sentencia de primera instancia, y su caso se volvió muy conocido en Villaguay.

Cuando se produjo el fallo de Eguiazu la Municipalidad distribuyó una selección de fragmentos del texto. Matías decidió responder con una solicitada http://infor-villaguay.com/2017/12/lugren-manana-se-va-encadenar-la-puerta-la-municipalidad criticando el fallo, remarcando que ya había sido apelado, repitiendo lo que llevaba días denunciando y, además, anunciando que iba a encadenarse frente al palacio municipal y a realizar una huelga de hambre simbólica. Esa carta fue publicada a través de internet minutos antes del mediodía del lunes 18 de diciembre y fue contestada menos de 4 horas más tarde por una solicitada firmada por el Departamento Ejecutivo Municipal.

En esa solicitada http://www.apnoticias.com.ar/secciones/ampliada.php?seccion=locales&id=35675 se omite mencionar la protesta que se iba a producir la mañana siguiente. En cambio se dedica a defender al municipio, presentándolo como una víctima, al tiempo que estigmatiza a Matías como un vago que quiere vivir del estado cueste lo que cueste.
Se comienza afirmando que la municipalidad no puede incorporarlo pero lo van a tener en cuenta. Luego hace énfasis en que la sentencia de primera instancia no obliga su contratación. Luego remarca, en mayúsculas, que el certificado de discapacidad estaba vencido “y que, probablemente, no vaya a ser renovado en virtud de los cambios de criterios del gobierno nacional para su otorgamiento”. Luego dicen que la idoneidad de Matías no fue acreditada, aunque se encargan de recordar que “fue estudiante de carrera universitaria, la que no finalizó”. Luego se pasa a acusar a Matías de hacer “presentaciones mediáticas infundadas con la finalidad de extorsionar a la municipalidad y lograr por estos medios su contratación”. Para finalizar le pide a la ciudadanía que se ponga del lado del municipio y no de quien fue sistemáticamente discriminado por su condición médica, porque es un terrorista que le declaró la guerra al presupuesto público, cosa que los responsabilistas fiscales no pueden dejar pasar: “respetando las situaciones y necesidades concretas de todos nuestros vecinos, debemos repudiar enérgica y firmemente este tipo de acciones, rechazando cualquier tipo de extorsión que atente contra una administración responsable en materia de empleo público y presupuesto municipal”. Afortunadamente hasta ahora Matías no ha sido acusado en la justicia de los delitos que se le endilgan, solo debió soportar ataques de trolls orgánicos en redes sociales y medios gráficos de comunicación.



El martes 19 a las 8 h Matías fue a la municipalidad con la intención de cumplir con lo que había prometido. En la puerta, donde generalmente hay un par de policías, si es que los hay, habían alrededor de 20. Cuando Matías llegó con una cadena, una imagen de la virgen y una pancarta que exigía que se cumpliera con el cupo del 4%, uno de los policías le dijo “No podés encadenarte”. “Ah, ¿sí? Mirá cómo no puedo” le contestó y cruzó la cadena por debajo de las rejas del desagüe, pasándola luego alrededor de su cintura. Nadie reportó comportamiento violento de su parte; por el contrario se dedicó a hablar con los transeúntes sobre lo que estaba pasando.

De esa manera, tras 4 horas de protesta, logró que por primera vez lo atendiera alguien de la municipalidad que no trabaje en mesa de entradas. Matías fue escuchado por la intendenta, la directora de Discapacidad y la secretaria de Seguridad y Asuntos Legales e Institucionales (esta última, a quien le fue imposible acceder a la entrevista que se le solicitó para Noticias Entre Ríos, posiblemente haya estado detrás de la estrategia mediática oficialista, incluso aquellas tácticas en que la municipalidad no dio la cara). Allí le prometieron ayudas para realizar gestiones con otros organismos (que ya lo habían rechazado) y que en el futuro habrán concursos para cubrir las vacantes que se produzcan. También le informaron que están confeccionando un registro de personas con discapacidad, del que él no sabía nada hasta ese momento, más allá de haberlo visto prescripto en la ordenanza del 2010.

Matías le dijo a Noticias Entre Ríos que teme represalias pero espera que la difusión de su situación sirva para ayudar a personas en circunstancias semejantes. Afirma que desde el principio sabía que su campaña podía poner a la municipalidad en su contra, volviendo menos probable que lo incorporen, pero lo hizo convencido de que pelear por el cumplimiento de las leyes que promueven la igualdad para personas con discapacidad era lo correcto. Sin embargo lamenta haber tenido que enterarse del despido de un trabajador municipal con discapacidad a los pocos días de su protesta y no sabe a qué atribuirlo.

Mientras espera que se exprese el Supremo Tribunal de Justicia (podría hacerlo en enero, durante la feria), a partir de las decenas de cartas pidiéndole ayuda que llegaron a su casa por parte de personas que no consiguen trabajo, Matías decidió organizar clases para enseñar a armar un currículum, destinado a cualquiera que lo necesite, tengan o no alguna discapacidad, con la ayuda de gente que lo contactó tras haberlo visto en los medios.

El fallo de la Sala N.º 1 del STJ podría ser histórico para las personas con discapacidad. Baraldo Fernández espera ansioso que se dicte una medida de mejor proveer y se empiecen a pedir pruebas de ambas partes, entre ellas la nóminas de empleados municipales, confiando en que así podría quedar en evidencia la forma en que se ejerce la discrecionalidad para la incorporación de trabajadores a la administración pública (eso que la Municipalidad dice realizar responsablemente, aunque sin pruebas que lo sustenten). Si bien puede suceder que el caso no favorezca individualmente a Matías (dado que está disputada su discapacidad, aunque ya gestiona la renovación de su credencial), también es posible que se obligue al municipio a cumplir con la ley, de ese modo sentando una jurisprudecia importantísima para el resto de la provincia: se abriría la puerta para iniciar acciones contra los municipios de toda la provincia, posiblemente motivando que se instituyan procesos de contratación más transparentes.




Encima la ley nacional 22.431 (a la que Entre Ríos se adhirió mediante la ley 9.891, a la que a su vez se adhirió Villaguay con la ordenanza ya citada) determina que no tener “relevados y actualizados [los] datos [de los entes alcanzados por la ley] sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad” constituye un incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito que el Código Penal estipula que se produce cuando un funcionario público “no ejecutare las leyes que le incumbiere”, y le prescribe una pena de entre un mes y dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo.

Más allá de las posibles implicancias penales del asunto, al ser un caso de referencia para futuros procesos en contra de organismos públicos, se trata de un caso muy político que debería estar quitándole el sueño a varios, pero sobre todo a los tres jueces supremos que, mediante este caso, deben decidir sobre muchas cosas, entre ellas si los entrerrianos debemos permitirnos contar con que el poder judicial puede ser una herramienta de control, sobre el poder ejecutivo en este caso, tal y como se supone que fue concebido.