La posible inconstitucionalidad de la reforma previsional



 O. Rivarola Salduna-. El gobierno que pretende terminar con lo que llamó la "industria del juicio" la termina fomentando con una reforma previsional polémica, rodeada de dudas de los legisladores y rechazada por una contundente mayoría de los afectados. Esto desata el debate sobre su posible inconstitucionalidad.

En primer lugar, hay aspectos generales de la Constitución Nacional reformada en 1994 que incluye con rango constitucional tratados internacionales que consagran el principio de progresividad. En este sentido, está el artículo 75 de la Constitución Nacional en el inciso 22.
Este principio consagra el llamado principio de progresividad, por el cual los derechos previsionales no pueden modificarse en desmedro de los afectados, en este caso los jubilados y pensionados alcanzados por la reforma previsional.
Este principio general puede también ser comprendido como el artìculo 14 que consagra el derecho de los jubilados a una jubilación móvil, la cual se sobrentiende que no puede ser "móvil" hacia atrás, es decir, rebajando de facto los haberes. El principio de movilidad se refiere a la actualización en torno a los salarios de los activos y la inflación. De manera que no está abierto a otras interpretaciones, es un artículo claro y contundente.

Más allá de estos principios rectores que muchas veces, como vemos en la realidad cotidiana, no se respetan, hay que tener en cuenta que el Tratado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores tiene en nuestro país rango de ley desde hace varios años. Este Tratado también consagra el derecho a la seguridad social, la cual en Argentina incluye el principo de progresividad del que hablamos más arriba.

Hay otro aspecto que es en relación a los derechos adquiridos. Para sanear este aspecto es que se creó el bono compensatorio.



Hay dos maneras de plantear esta inconstitucionalidad. La primera es demostrando ante los juzgados federales que el nuevo cálculo de movilidad de las jubilaciones afecta la movilidad de las mismas, con lo cual viola el artículo 75 de la Constitución Nacional y el Tratado con rango de ley citado más arriba, antes de que la misma se ponga en marcha con la actualización de marzo. En este sentido, hay que destacar un aspecto positivo de la actual reforma previsional y es que las actualizaciones de los haberes de los jubilados será trimestral y no semestral como venía siendo. Por esto, la segunda manera de demostrar la inconstitucionalidad es con los hechos consumados. Es decir, una vez que  pasen varias actualizaciones trimestrales, si éstas actualizaciones no están por encima de la inflación, se estaría violando el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y el Tratado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores que fue suscrito por nuestro país y ratificado por el Congreso Nacional.

Si el gobierno nacional tuviera razón en que las jubilaciones no perderán contra la inflación, pues entonces no habría nada que discutir en los juzgados federales y los que se opusieron a la ley por estas razones equivocadas habrán estado en una posición errónea. Aunque es poco probable que esto sea así por las declaraciones públicas de los funcionarios del gobierno nacional que hablaban de pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y, sobre todo, de "ahorro". El "ahorro" sería de 100 mil millones de pesos, menos unos 5 mil millones de pesos por única vez para el bono compensatorio.
En la fórmula firmada por el gobierno nacional y 23 provincias (todas menos San Luis) se hablaba de la provincia de Buenos Aires recibiría estos fondos que se quitaban a los jubilados, de manera que difícilmente sea una norma constitucional la que acaba de aprobar con escándalo la Cámara de Diputados de la Nación, que antes solía llamarse "Honorable" y hoy dicho nombre le queda varios talles grandes.