Kirchnerismo y peronismo



Enrique Mario Martínez-. Una de las pocas coincidencias básicas entre los argentinos de cualquier condición es que el peronismo, hace 70 años, fue una bisagra en nuestra historia. Allí mismo, sin embargo, comienzan las controversias. Empezando por caracterizar al peronismo, tanto para la fracción cada vez menor de compatriotas que transitaron algunas de las etapas con Perón vivo, como para la legión que se identifica como tal, cuarenta años después de la muerte del creador de la corriente política.



Va entonces mi interpretación. En términos objetivos y focalizando en los aspectos estructurales, aquello que Perón llamaba justicialismo buscaba mejorar la justicia social como objetivo central y superior. En un país cerrado sobre sí mismo, como lo estaba buena parte del planeta luego de la segunda guerra mundial, la metodología fue:
  • El Estado cubriendo los servicios esenciales de manera directa y el comercio exterior, además de las inversiones asociadas a la infraestructura energética o de transporte, más los sectores más innovadores de la época, como la industria aeronáutica o la automotriz.
  • Reserva del mercado interno para la producción nacional, con baja presencia de capital extranjero. De tal modo, el Estado y las empresas de capital nacional eran los actores decisivos.
  • Distribución del ingreso hacia los trabajadores a través de la capacitación técnica y de masivos aumentos salariales en un escenario de pleno empleo.
  • Control oficial del sistema financiero, a través de regulaciones y de bancos públicos.
Con  esos elementos estratégicos, el justicialismo avanzó con fuerza hacia la meta deseada. Tanto avanzó que transformó parcialmente la estructura productiva y social previa, con la pérdida relativa de poder de varios actores históricos de la economía nacional.
57 años después del comienzo del primer gobierno de Perón, asumió el primer Presidente que definió metas justicialistas luego de muerto el líder histórico. Excluyo a Carlos Menem de esta caracterización porque sus objetivos fueron contradictorios y en muchos aspectos antagónicos a los del justicialismo histórico. Aún está pendiente la explicación profunda del modo en que el proyecto de los ´90 pudo ser llevado adelante en nombre del peronismo.  En 2015, cuando comienza a debatirse la sucesión presidencial del apellido Kirchner, se habla más de kirchnerismo que de peronismo. Un precandidato del FpV para la Presidencia sintetiza una consigna: “Se puede ser kirchnerista sin ser peronista. Pero no se puede ser peronista sin ser kirchnerista”.
Eso debiera interpretarse así:
El kirchnerismo, por elemental lógica fruto del paso del tiempo, es una idea política con algunos matices prácticos diferentes al peronismo histórico y además abarca a quienes pueden sumarse a sus principios habiéndose incorporado a la política sin haber vivido o asumido antes el peronismo. Sin embargo, en la medida que se entronca con los principios del peronismo, quien se crea tal, debería también asumirse como kirchnerista.

¿Podríamos llamar al kirchnerismo el justicialismo del siglo 21? Eso querría decir que el objetivo central y superior sería el mismo que el de hace 70 años: mejorar la justicia social. Sea, acordemos esa concordancia.
Esa búsqueda se realiza, sin embargo, en un contexto muy distinto del de 1945. En 2003 el país estaba inserto como Nación periférica de un mundo globalizado. La dependencia de los centros financieros era atroz; la producción agropecuaria se había concentrado muy significativamente, tanto en la producción de semillas e insumos; como en la industria alimenticia de casi cualquier rubro o la exportación de granos. Las empresas dominantes en casi todo el espectro industrial eran filiales de corporaciones multinacionales, con solo un par de éstas de capital nacional. El Estado no solo había dejado de participar en la producción industrial o de financiarla, sino que estaba ausente hasta en la prestación de varios servicios básicos. Algunos rubros de poca relevancia en 1945, como la actividad minera, se habían expandido, pero enteramente a cargo de compañías extranjeras. 
El escenario social que correspondía a esa estructura productiva era de alta desocupación y salarios reales un 30% inferiores a los máximos salarios reales históricos, alcanzados en 1974, hecho en sí mismo insólito.

De manera evidente, la metodología de búsqueda de mayor justicia social no podía ser la de 1945. La que se eligió podemos sintetizarla así:
  • El aumento del consumo debe ser el tractor. El aumento del salario real pudo utilizarse al respecto, partiendo de un piso muy bajo causado por la devaluación de 2002. El mayor salario aumentó el consumo, con ello reactivó la producción y la ocupación, en una espiral ascendente.
  • En paralelo con el aumento de la ocupación y los salarios reales, se aplicó una proporción creciente de los ingresos públicos a apoyar el consumo de los sectores más humildes, por una densa red de subsidios que se agrupan en el concepto de “inclusión por ingresos”.
  • Como tercer componente de la estrategia – que es pasivo, pero imprescindible tener en cuenta – se supuso durante todo el período que los actores productivos podían ser los mismos que hegemonizaban el escenario en 2003. Es decir: la inercia concentrada y concentradora podía continuar, aplicando los impuestos recaudados en esas condiciones a mantener el modelo distributivo reseñado. Acorde con tal supuesto se mantuvo la vigencia de una de las leyes de inversiones extranjeras más liberales del planeta y de una ley de minería del mismo espíritu. Incluso se modificó en esa dirección la ley de hidrocarburos; se proyecta igualmente una nueva ley de semillas según el libreto de Monsanto; se continúa una política automotriz donde son las terminales quienes definen los proyectos y sus alcances, a escala de Argentina y Brasil; se consolida en Tierra del Fuego una zona franca que vende solamente a nuestro país, atributo único en el mundo.