"Hacerles decir a las palabras más de lo que éstas pueden decir"

Rolando Revagliatti-. Antonio Ramón Gutiérrez nació el 29 de mayo de 1951 en la ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia homónima, y reside en la ciudad de Salta, capital, igualmente, de la provincia homónima. Obtuvo su título de Psicólogo en 1982 por la Universidad Católica de Salta, donde además de desempeñarse como profesor en diversas cátedras ha sido Profesor Titular de la Cátedra de Psicolingüística, y es Profesor Emérito desde octubre de 2017. Es docente del Centro de Investigación y Docencia (CID) del Instituto Oscar Masotta dependiente de la Escuela de Orientación Lacaniana de Psicoanálisis. En esta materia es autor de “La precipitación de lo real” (2005), “Lingüística y teoría del significante en psicoanálisis” (2010), e integra el volumen “Soledades y parejas. Luces y sombras” (2017). Además de concedérsele en 2012 el Premio al Mérito Artístico por su trayectoria literaria, otorgado por el gobierno de la Provincia de Salta, recibió, entre otros, el Primer Pre…

La legitimidad de una Constitución

 Ernesto Adolfo Ríos-.Una Constitución es legítima, asevera Sampay, cuando “por encima de la regularidad jurídica formal con que ha sido dictada y de la realidad de estar vigente, (existe) la justificación, por remisión a un valor, del derecho que ella tiene de regir a los ciudadanos y del deber de éstos de obedecerla”.





Para determinar la legitimidad de la Constitución, es preciso previamente determinar qué es una Constitución en cualquier tiempo y lugar, y cuál es la finalidad que ella persigue. Esta tarea corresponde a la Ciencia Política, constituida por la integración armónica de conceptos de universal validez, y entendida por nuestro autor como Ciencia Práctica, es decir, como Filosofía Política : “El ser humano, a raíz de su naturaleza sociable, se integra en una comunidad política, y a ésta, necesariamente, la instituye y ordena una Constitución.” “El fin natural de la comunidad, y de la Constitución que la estructura, es conseguir que todos y cada uno de los miembros de la comunidad, a través de los cambios de cosas y servicios, obtengan cuanto necesiten para estar en condiciones de desarrollarse integralmente acorde con su dignidad humana”. “Ahora bien: la justicia es la virtud que ordena los cambios sociales a tal fin. Por tanto, el fin natural de la Constitución es efectuar la justicia”.

Así, la Ciencia Política va a descubrir que “el fin verdadero de la Constitucón es la justicia política o bien común” ; concepto éste cuya verdad no se construye por derivaciones racionalistas, sino que lo descubre la inteligencia humana emergente de la naturaleza . Y de allí, “deduce que la Constitución ejemplar o ideal, lo que equivale a expresar, la Constitución mejor en absoluto (la respublica noumenon en el léxico kantiano), es aquella por la cual, gracias al superior desarrollo alcanzado por la cultura intelectual de todos, por la virtud general y por la técnica de producir bienes, cada uno de los miembros de la comunidad goza de plena autarquía” .

La Teoría del Estado, por su parte, como saber avalorativo que capta la realidad del orden político tal cual es, va a dar al observador una presentación cuidadosa del régimen político concreto, de los caracteres esenciales de la Constitución real y de su adecuación con la Constitución jurídica.

Y articulando las conclusiones de ambos saberes, se puede deducir “la mejor Constitución en relación a la realidad concreta”, que es “aquella por la cual, atendiendo al grado de cultura intelectual y de virtud existentes y a la cantidad de recursos con que se cuenta, efectúa la mayor medida posible de justicia política”.

Conociendo la mejor Constitución en sentido absoluto, fruto de la reflexión de la Ciencia Política; sabiendo cómo es la mejor Constitución en sentido relativo; y conociendo cómo es, a través de la Teoría del Estado, la Constitución en la circunstancia dada, es posible “valorizar si esta última Constitución tiende a efectuar la justicia y si las estructuras establecidas son apropiadas para efectuarla” . En suma, descubrir si la Constitución es legítima o no lo es.

Y toca a quienes ejercen las funciones de conducción de la comunidad política, basándose en estas conclusiones, y a través de los dictados de la prudencia política fundados en las aptitudes especiales propias de sus funciones, penetrar agudamente “en la elección de los medios adecuados para instaurar una Constitución real mejor, y la fortaleza para remover los intereses adquiridos al amparo de la Constitución” ilegítima que debe cambiarse. La legitimidad de los gobernantes va a derivar entonces -más allá de la legalidad del origen de sus cargos- de su actuación, en el ejercicio de la función, en pos de la realización de la justicia política.

La vigencia de Arturo Enrique Sampay

El modelo iusnaturalista de base realista que se desprende de la obra de Arturo Sampay, permite extraer una contribución importantísima para resolver los problemas que se le plantean en la actualidad a la Filosofía Política, a la Ciencia Política y a la Teoría del Estado.

De esta verdadera “divisoria de aguas” de la Filosofía del Derecho (y de la Ciencia Política) que es la aceptación de la natural sociabilidad y politicidad del hombre o de la noción contractualista del pacto fundante de la Comunidad, resulta entender al Estado como “comunidad perfecta” o bien como artificial creación de la voluntad individual de los ciudadanos. Y de esta toma de posición se desprende la disciplina necesaria para abordar el fenómeno complejo del Estado moderno: la Ciencia Política –entendida como Filosofía Práctica- o un Derecho Público independiente de ella .

Sampay parte correctamente de considerar la metafísica del orden político. Su pensamiento, suscintamente explicitado en este estudio, interrumpe la tendencia original de la Teoría del Estado estructurada durante la primera mitad del siglo XIX -de raíz iluminista y naturalista, de base gnoseológica idealista- que pretende valorar al Estado desde un plano exclusivamente jurídico-racionalista asentado sobre una ética individualista; al mismo tiempo que se opone a las premisas de ciertas teorías políticas surgidas en la llamada postmodernidad , que reformulan, a través del consenso, la idea misma de Justicia que se desprende del contrato social .

La Teoría del Estado de Sampay permite aprehender al Estado en su real significación, en su concreta singularidad; paso fundamental para que la Ciencia Política pueda valorarlo conforme al orden natural.

En este esquema de pensamiento, la Constitución no es el mito fundante de la totalidad política, ni su legitimidad se reduce a ser expresión jurídica del contrato originario. Para Sampay la Constitución jurídica refleja el orden natural y nace del ethos de cada pueblo; por tanto su legitimidad va más allá del mecanismo de su sanción, y se estructura en la armonía de sus disposiciones con la Justicia, entendida objetivamente.

Se ha afirmado con razón la necesidad de “la reconstrucción del pensamiento de Sampay (…) no sólo porque implica una rehabilitación del iusnaturalismo en el Río de la Plata, sino por cuanto se trata de una fundamentación filosófica del Derecho Político clásico en un país en el que rige hoy la tácita prohibición de pensar el Derecho (y la Política, agregamos) en clave católica” .

Esta revaloración del pensamiento de Sampay es, amén de importante, necesaria, en tanto se trata de una formulación científica elaborada en la Argentina, que permite dar respuestas plausibles a problemas de universal validez, y que no va a la zaga de otras más publicitadas –y no mejores por ello- construcciones académicas.

Pero la revaloración de Arturo Enrique Sampay no puede circunscribirse exclusivamente a su obra intelectual. Un imperativo de Justicia -esa Justicia que fue su preocupación intelectual y su desvelo personal de hombre público- nos exige rescatar del olvido a este argentino “uno entre mil” –que no otra cosa es el “militante”- que buscó incansable y honestamente la Verdad, para ponerla al servicio de la felicidad de su Pueblo y la grandeza de su Patria.