El país de las changas



Pablo Mori-. El kirchnerismo apela a la "sociedad salarial" que el propio peronismo, incluyendo su etapa K, ayudó a demoler. Apela a esa "sociedad salarial" a que protagonice una "resistencia" al macrismo a través de sus entidades gremiales.



Hace rato que la pregunta sobre la representatividad efectiva de los dirigentes de grandes sindicatos, ya no importa. Porque la "sociedad salarial" que les dio forma, ya no existe. Hoy, esos dirigentes sindicales son empresarios privados de la salud, gracias a una concesión del gobierno de Onganía, que a cambio de apoyo sindical peronista, con el entrerriano Vandor a la cabeza, les otorgó el manejo de las cajas sindicales: las obras sociales. Algo que ni a Perón durante su primer gobierno, donde llegó a nombrar "consejeros obreros" en cada embajada del mundo, se le hubiera ocurrido hacer.


Vamos por partes. La "sociedad salarial" es aquella del Estado de Bienestar a la criolla, que mezcló los derechos sociales que inculcó el peronismo con los derechos civiles que provenían del radicalismo. Ambos partidos populares moldearon una sociedad con trabajadores de ingresos altos, con muchos beneficios legales, amplio poder de presión y una educación y salud envidiables en toda Latinoamérica.

Los trabajadores de esa vieja sociedad aspiraban al progreso social de sus hijos, se sentían seguros, apostaban a la educación pública como vehículo de ascenso social y prestigio.
Sus ingresos eran altos y relativamente homogéneos, mientras que en la pirámide social ocurría lo contrario: entre los empresarios había heterogeneidad, en contraste con la relativa homogeneidad de la clase trabajadora. La pobreza era menor a un dígito y el empleo en negro era marginal.

Los trabajadores de medios y altos ingresos votaban, junto con la mayoría de la clase alta, al radicalismo.
Los trabajadores de ingresos bajos votaban al peronismo, junto a los trabajadores industriales (de ingresos altos), los pobres y un sector de la clase alta (notoriamente, la Patria Contratista y los empresarios del rubro industrial).



Ese país se propuso aniquilar la última dictadura militar. No lo logró, aunque lo dañó bastante. Alfonsín intentó recomponerlo, no lo logró. Menem terminó por liquidarlo. El país explotó en las manos de un titubeante De La Rúa y comenzó, desde entonces, otro país.
El país de las changas.


Cuatro de cada diez trabajadores lo hacen en negro, cobrando la mitad del salario promedio de los que están en blanco, sin ningún derecho social y laboral de los reconocidos en la Constitución. A esto se suma un dígito de desocupados crónicos (si se suman los llamados "inactivos" y los "inempleables") y uno de cada tres argentinos vive bajo la línea de pobreza, cuya medición es muy generosa. Si se usara la línea de pobreza e indigencia que usan los países desarrollados, más de la mitad de los argentinos serían pobres y un tercio indigentes.



De ahí la impotencia de las asociaciones gremiales. De ahí su reflujo a cuidar lo propio: las cajas sindicales.
Desde el kirchnerismo, que consolidó esta "sociedad de changas" con la Asignación Universal por Hijo, el programa Argentina Trabaja y varios planes sociales de este tipo -necesarios para la emergencia, pero que llegaron para quedarse, hasta el punto que duraron más de una década y el actual gobierno de Cambiemos, los aumentó- hoy se les pide a los dirigentes sindicales que encabecen el peronismo y desde allí la "resistencia" al gobierno de Macri.
Los dirigentes sindicales no están a la altura de las consecuencias, de lo que se les pide. Porque no pueden.

Guardan mucho poder de convocatoria, dinero para financiar en parte alguna que otra campaña, un enorme desprestigio e intereses concretos para negociar con el gobierno. Optan por golpear para negociar, como les enseñó Vandor. Otra no les queda.
El riesgo de perderlo todo, ya sea por el accionar de la Justicia o porque les retienen los aportes a las obras sociales, en una clásica movida peronista de Macri, los acecha.