“Abortar es legal pero está castigado”



Julio Reibel –. Así lo sostuvo una representante del grupo paranaense de socorristas Dora te escucha en el XV Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación.



Entre el 13 y el 15 de setiembre tuvo lugar en Paraná el XV ENACOM organizado por la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social y la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. En una de las mesas que conformaron ese evento, denominada “Perspectiva de género en la vida social”, junto a otros disertantes se presentaron integrantes de dos grupos de socorristas (organizaciones que se dedican a garantizar el acceso legal y seguro al aborto) para compartir sus experiencias y puntos de vista: Las Anamarías, de Santa Fe, y Dora te escucha.
Dora te escucha comenzó como una linea telefónica controlada por un puñado de mujeres, la Linea de Aborto Seguro de Entre Ríos (Láser), con su actividad centrada en Paraná. En 2014 hicieron más de 40 acompañamientos, más de 80 en 2015 y el crecimiento no se ha detenido. Actualmente participan activamente en conjunto con Socorristas en Red y otras organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos locales, provinciales, nacionales, continentales y mundiales. En particular, además de su actividad principal, destacan su trabajo produciendo información cuantitativa y cualitativa acerca de su labor, cuya escasez no debería sorprender pero sí alarmar. Específicamente hacen foco en recabar datos acerca de casos de abortos durante el segundo trimestre de gestación, práctica que solo es significativa en países como el nuestro, donde el acceso a buena información y atención está restringido.


El método más seguro para abortar, recomendado, entre otros, por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación, es el medicamentoso con misoprostol, con 97% de efectividad para embarazos de hasta 12 semanas: consiste en la ingesta oral de mifepristona (se puede prescindir de su uso; bloquea la acción de la progesterona, una hormona que se cree esencial para el desarrollo de la gestación) y misoprostol (recetado para el tratamiento de úlceras, produce contracciones en el útero y esto provoca la expulsión de su contenido). Debido a los dolores causados por las contracciones también se recomienda el uso de analgésicos como el ibuprofeno. Los riesgos, a lo sumo, son similares a los causados por un aborto espontáneo (uno de cada diez embarazos termina así).



El mecanismo de las socorristas es el siguiente: formada por mujeres cuya colaboración generalmente se ve limitada por sus trabajos y familias, cada agrupación posee vías de contacto abiertas a toda hora (mínimamente un teléfono) que las socorristas atienden por turnos; cuando reciben una llamada comienza el acompañamiento: le preguntan por su situación, a veces mediante entrevistas en persona, y acuerdan el modo de proceder más apropiado. Muchas veces ayudadas por contactos con profesionales de la salud (buena parte de las socorristas lo son), arreglan turnos con los médicos o, tras seguir los procedimientos del centro de salud, consiguen los medicamentos directamente y ofrecen el apoyo que la mujer requiera, ya sea escuchándola o monitoreando sus síntomas. Antes de empezar a tomar la medicación la embarazada sabe en todo momento que puede cambiar su decisión. Una vez decidida, la misión de las socorristas es garantizar, dentro de sus posibilidades, que nada lo impida, ya sea lidiando con hospitales sin personal disponible, personal renuente a cooperar, escraches de grupos religiosos o el infaltable desconocimiento de la normativa vigente.

El Código penal, promulgado hace más de noventa y cinco años, en su artículo 86 establece en qué circunstancias el aborto no conlleva pena para quienes lo practican. Debe haber consentimiento de la mujer encinta, ser ejecutado por un médico diplomado y cumplirse lo previsto en alguno de los incisos subsiguientes:

1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

Es decir que hay cuatro causales por las que no es punible un aborto y, ya que concierne a la salud de la persona que va a abortar, le corresponde al Estado, en tanto que garante de la administración de la salud pública, asegurar que se lleve a cabo:

a) en caso de peligro para la vida de la mujer;

b) en caso de peligro para la salud de la mujer;

c) en caso de violación;

d) en caso de atentado al pudor de mujer “idiota o demente”.

Es en base a la segunda causal que la integrante de Dora te escucha afirmó que el aborto, en muchísimos casos, “es legal pero está castigado”, partiendo de una consideración amplia de la salud de la persona. Al respecto el texto fundante de la OMS comienza con la siguiente definición:
 “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 
Amparadas en este argumento legal y respaldadas por profesionales comprometidos es como las socorristas logran ayudar a muchas de quienes recurren a su auxilio.
No obstante, para bien o para mal, esta polémica (cuyo remedio tal vez deba esperar a la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que tramita el Congreso de la Nación, posponiendo sistemáticamente su debate) queda empequeñecida frente a la suscitada por la interpretación del inciso segundo, resuelta definitivamente por un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



El 13 de marzo de 2012 la CSJN dictó una sentencia considerada histórica, en el marco del caso “F., A.L. s/ medida autosatisfactiva” concerniente a un pedido de interrupción legal del embarazo producto de violación de una menor chubutense, cuya judicialización constituyó un obstáculo perjudicial para la víctima. En su fallo, posterior a la realización del aborto pero orientado a sentar jurisprudencia, la CSJN dio una interpretación clara y definitiva al inciso segundo (hasta ese momento algunas instancias judiciales habían entendido que solo aplicaba a víctimas de una violación que poseyeran alguna discapacidad mental); ante la ausencia de una norma en sentido contrario y siguiendo al artículo 19 in fine de la Constitución Nacional, concluyó que la realización del aborto no punible “no está supeditada a la cumplimentación de ningún trámite judicial” y que interponer tales trámites puede constituir en sí mismo “un acto de violencia institucional en los términos de los artículos 3º y 6º de la ley 26.485”; de este modo entendió que la legislación vigente “supone tan sólo como necesario que la víctima de este hecho ilícito […] manifieste ante el profesional tratante, declaración jurada mediante” que el embarazo es causa de una violación.
En consecuencia el fallo exhortó a las autoridades competentes nacionales y provinciales a establecer “mediante normas del más alto nivel” protocolos hospitalarios para la atención de este tipo de abortos no punibles, con el objetivo de remover todas las barreras al acceso a los servicios médicos, y a establecer un sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia y asegure “que toda institución que atienda a las situaciones aquí examinadas cuente con recursos humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los derechos que la ley le confiere a las víctimas de violencia sexual”.

El Ministerio de Salud de la Nación cumplió a medias con el fallo: ya había publicado una “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” sin carácter de resolución ministerial. Ese documento fue actualizado en 2015 pero su estatus es el mismo.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, por su parte, elaboró su propio protocolo, publicado menos de dos meses después del Fallo FAL. A pesar de las críticas provenientes de ONGs y organismos internacionales ese protocolo no se ha modificado. Las críticas que se le hacen son, en principio, dos: respecto de la objeción de conciencia, prescribe que el profesional debe declararse objetor una vez asignado como médico tratante, lo que puede derivar en dilaciones innecesarias, en lugar de requerirle a las instituciones que elaboren previamente un listado de médicos objetores; y, en segundo lugar, establece que el médico tratante puede convocar a un equipo interdisciplinario que “deberá producir un dictamen referido a la procedencia o no de la interrupción del embarazo”, arrogándose el derecho a decidir sobre el embarazo de la solicitante o, al menos, extendiendo el proceso previo a su interrupción.

Así las cosas, las socorristas de Dora te escucha, junto a otros colectivos feministas como Católicas por el Derecho a Decidir y Ni Una Menos, llaman a marchar este jueves 28 con motivo de ser el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Sus consignas alrededor de los derechos sexuales de las mujeres son tres y muy básicas: educación sexual para decidir (lo que puede leerse como un reclamo para que se cumpla la Ley de Educación Sexual Integral, sin equipo de aplicación en Entre Ríos), anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, en clara referencia a los desenlaces fatales que llegan a tener algunos de los entre 460.000 y 600.000 abortos anuales que se hacen en el país, en su mayoría por fuera del sistema de salud (cifras del Min. de Salud).

Más allá de que es una lucha vieja del feminismo, se puede suponer que con esta nueva convocatoria también se pretende poner al aborto en la agenda de campaña de los candidatos que participarán de las elecciones del 22 de octubre. Habrá que ver si lo logran. En 2015 Clarín publicó una encuesta de IPSOS de 800 casos de todo el país en la que se preguntó qué tan importante juzgaban que se le dé tratamiento legislativo a la despenalización del aborto y el 82% respondió que le parecía importante; además un 58% consideró importante que los candidatos manifiesten su posición sobre el aborto durante la campaña, pero cualquier político carente de principios, o directamente ignorante de las consecuencias nefastas que tiene la actual legislación y un poco calculador, sabe que a veces es mejor no hablar de ciertas cosas, y si para no decir nada no lo fuerzan a recitar un párrafo preparado con consideraciones sesudas acerca de la complejidad del asunto, mejor todavía.