Vivimos en un país unitario

Ezequiel Bauman-. Cuando se discute el federalismo, se lo hace desde aspectos conservadores y falsos.



Cuando se piden cambios (imposibles, ya veremos por qué) en la Coparticipación Federal, se acepta como una realidad inamovible la actual inequidad fiscal, dado que la Coparticipación Federal es el resultado del reparto de impuestos indirectos y directos que recauda la Nación y luego distribuye entre las provincias.
A su vez, este reclamo de cambios en la Coparticipación Federal enmascara las realidades tributarias de las provincias: a la inequidad en el cobro de impuestos, se suma su baja recaudación.
El caso de Entre Ríos es brutal: un terrateniente no paga impuestos provinciales, al trabajador, en cambio, le retienen un porcentaje de su sueldo para fines loables (que en la práctica se cumplen discrecionalmente).



Tantas inequidades terminan naturalizando el aceitado sistema de evasión fiscal y corrupción: como todo el mundo sabe, en las periferias de las ciudades de provincias, nadie entrega nunca factura. En los elegantes restoranes de Puerto Madero, sí.
Esto desata debates de falso progresismo donde se defiende, de manera encubierta, la evasión y la corrupción que implican (son los inspectores quienes decidirán, y por cuánto, si tal comercio en negro podrá o no funcionar) un sistema injusto en su matriz. El daño intelectual resultante explica en buena medida porque es tan común el "roban, pero hacen".

 La Constitución establece que:
La distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa de las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria, dará prioridad al logro equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional (art 75, inciso 2)

Según la reforma constitucional de 1994, El Congreso Nacional debe sancionar -en un plazo prefijado, que por cierto ya expiró- una nueva ley de Coparticipación Federal que debe ser refrendada por la totalidad de las provincias y el territorio autónomo, a través de sus legislaturas locales.
Tal cuestión es imposible en términos prácticos: ¿cómo hacer que la Legislatura entrerriana se ponga de acuerdo con la jujeña y con la porteña, sin que las provincias petroleras, las provincias mineras y el gran monstruo bonaerense, aprueben tales acuerdos?.
De esta manera, quedó consagrado el régimen de Coparticipación Federal surgido en los años 30, quizás la peor década para el federalismo realmente existente.



En los hechos, la descentralización de los servicios de salud y educación -transferidas en los noventa a las provincias, sin transferirles los recursos y sin que éstas busquen crear herramientas impositivas para sostenerlos- implica la consolidación a largo plazo del unitarismo fiscal y de la desigualdad social resultante de la diferencia en la calidad educativa y sanitaria.
Desde entonces hubo parches -como el Incentivo Docente instalado por Menem o los programas Remediar del kirchnerismo- pero ni de lejos revirtieron el esquema neoconservador instalado en los noventa.
Una medida que también fue un parche pero resultó significativa, fue la coparticipación -aunque vaya directamente a municipios, no a provincias, y tenga un destino obligatorio en infraestructura- de un tercio de la recaudación por impuestos a las exportaciones de soja, pero el Estado Nacional es el que impone estos gravámenes llamados retenciones a través de decretos presidenciales y es el que fija el valor del dolar a través del Banco Central, a la vez que es el mercado internacional el que fija los precios de nuestras materias primas.
Esto crea un círculo vicioso: si los senadores de X provincia -delegados políticos de las provincias a la Nación- no aprueban los pliegos del Banco Central, el Presidente no le manda fondos a esa X provincia. Con lo cual, la autonomía del Banco Central no es más que un cuento de hadas.

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