¿Porque no se aplica la retención a los pooles de siembre en Entre Ríos?




Ezequiel Bauman-. La constitución entrerriana reformada en el año 2008 en su artículo 85 señala que:

 “El suelo es un recurso natural y permanente de trabajo, producción y desarrollo. El Estado fomenta su preservación y recuperación, procura evitar la pérdida de fertilidad, degradación y erosión, y regula el empleo de las tecnologías de aplicación para un adecuado cumplimiento de su función social, ambiental y económica” 

Si tenemos en cuenta los factores económicos y el uso del suelo, este artículo es importantísimo para frenar el continuo detrimento de suelo que hacen los pooles de siembra con domicilio fuera de Entre Ríos y que vienen a instalarse, deteriorando nuestro suelo, y llevándose una renta basada en la explotación de nuestros recursos naturales sin dejar un peso a las arcas de Estado provincial.




En este sentido en Entre Ríos existió la ley 8318, verdaderamente progresista y modelo en el país y el exterior, estableció exenciones parciales y temporales en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural, de acuerdo a las prácticas conservacionistas realizadas.

El objetivo central fue incentivar a los productores a adoptar esas prácticas conservacionistas –terrazas de evacuación y curvas de nivel, entre otras– a través de una desgravación impositiva que aliviara el monto de inversión necesario para la implementación de aquellas tecnologías.
A fines de 2007, la legislatura de la provincia sancionó una modificación a la ley provincial 8.318 de Conservación de suelos.

La ley 9816, buscaba  inicialmente, detener el avance de los grandes “pooles” de siembra, dado que la misma se aplicaría a todos las empresas que arrienden campos en Entre Ríos y no cuenten con domicilio legal en la provincia. Sin embargo, la ley no pudo ser implementada del todo debido a diferentes recursos legales avalados por el Supremo Tribunal de Justicia.




Esta ley fue reformada nuevamente con el objeto de “profundizar el sesgo conservacionista de la normativa original (Ley Nº 8.318), de favorecer al pequeño y mediano productor, y corregir algunos aspectos formales del texto de la Ley Nº 9.816, con vistas a una mejor reglamentación e introducir un régimen de fortalecimiento de la cadena agrícola local”.
A su vez esta ley establece un “derecho de uso de tierras cultivables” del 3 % del valor total de los granos por transportar. De acuerdo con los registros, al momento de promulgar la legislación, se estimaba que unos 68 grupos (pooles) debían pagar esa retención y quedaban exentas de esa retención todas aquellas firmas con domicilio legal en Entre Ríos.

Aunque sin reglamentación, esa norma también dispone el cobro de una multa, del 100 %, a aquellas empresas que omitan pagar en tiempo el “derecho de uso de tierras cultivables".



Los senadores de Cambiemos Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) y Francisco Morchio (Gualeguay) el año pasado, intentaron modificar la ley, y en los fundamentos plantean que  que el "uso intensivo del suelo con fines productivos no es gratis, el suelo, como ente vivo y dinámico, se transforma y adapta, permanentemente a las necesidades que los productores lo someten. Estas transformaciones, muchas veces, van en detrimento del mismo suelo, por ejemplo, si una determinada superficie de campo que en mucho tiempo fue sometida a pastoreo de animales, es transferida a la producción de granos, estaríamos transformando el hábitat superficial, ya que principalmente estaríamos dejando dicha superficie sin cobertura en una determinada época del año”.

Al día de hoy la ley de suelos todavía no ha sido reglamentada del todo y otro de los puntos que no se ha tratado en relación a la conservación de los suelos y los pooles de siembre es el uso de los denominados

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