El negocio de violar los DDHH

Pablo Mori-. Las cárceles entrerrianas, entre el colapso y la desidia del Poder Judicial



A la recurrente crisis carcelaria de Entre Ríos se la suele tomar en cuenta cuando explota, con consecuencias nefastas. Una vez que baja la espuma, la cuestión suele empeorar.
El incorrecto abordaje -se lo trata como una cuestión técnica cuando claramente es un problema social y político- propicia un diagnóstico incorrecto, que ni siquiera deriva en soluciones incorrectas porque deriva en la nada, en mayor ineficacia, desidia e indiferencia.
El perjuicio lo sufre toda la sociedad a través de aumentos constantes de la violencia y la criminalidad.

Las cárceles entrerrianas está superpobladas. De 746 internos que había en 2011, el número creció a 1.752 personas en 2017, entre condenados y procesados.
Eso motivó la huelga de hambre en la Unidad Penal Nro 1 en Paraná, de jóvenes pobres detenidos por traficar sustancias ilegales para organizaciones criminales no vinculadas al poder. Dearles de poca monta cuyas causas, por lo general, terminan en nada pero el tiempo en que son encerrados le suele convenir a la banda rival para ganarse el territorio perdido por el dealers preso.
En la cárcel de Paraná hay 662 presos. La misma, fue diseñada para alojar a un tercio de los encarcelados. Luego de algunas reformas precarias  que se fueron haciendo al calor de los motines y asesinatos (la mayoría disfrazados como suicidio), el número de encarcelados que soporta esa construcción podría estirarse a la mitad.
De todas maneras, estos son números oficiales.  Suelen salir a la luz pública cuando hay detrás algún lobby de los reyes de la construcción de obra pública, que todos sabemos quiénes son y a quiénes están vinculados.
Nadie es tan ingenuo como para tomar al Servicio Penitenciario como algo fiable.
La falta de estadísticas serias revela también una intención: ocultar a la sociedad el negocio que gira alrededor de este submundo que utiliza a los jóvenes pobres para su lucrativa industria.




La página oficial del Poder Judicial de Entre Ríos tiene un vergonzoso apartado destinado específicamente a su instrumento de coerción, diversión sádica y negocios llamado "Cárceles".
Como se puede apreciar en la imagen de arriba, bajo el Tag cárceles hay una noticia de periodismo militante donde Claudia Mizawak, la cuestionada presidenta del tribunal, le rinde pleistesía al gobernador Gustavo Bordet y hablan de lo que más sabe Mizawak, dado que tiene una empresa constructora. De paso, lo mezclan con el tema de las tobilleras.
"Infraestructura" y tobilleras. La biblia y el calefón.
La segunda publinota es también la de un salón de baile, donde van narrando quién entra a visitarlos. Esta vez, es el político del PRO Germán Garavano, en su calidad de Ministro de Justicia.
Esa es TODA la información oficial de los carceleros sobre la gente que encierran.
Es un dato en sí mismo esta falta de transparencia.

Bordet anunció un agravamiento sistemático del problema, volviendo con la intención de que la policía entrerriana maneje el negocio del narcotráfico.
El anuncio de un nuevo envío de la ley rechazada por inconstitucional, llamada de "narcomenudeo", puede ser solamente un anuncio de campaña en el marco de la derechización del gobierno provincial, aunque va creando un clima preparatorio y, fundamentalmente, mandando un mensaje a la policía, que está siendo juzgada judicialmente por narcotráfico. El mensaje es claro.
Sus destinatarios, seguramente, lo entendieron.


La creciente ola de demagogia punitiva que va de derecha a izquierda del arco político, dificulta el acceso a la información sobre las prisiones en Entre Ríos -para la prensa no oficialista y que no publica mentiras elogiosas de los propios interesados- e impide un franco debate sobre las consecuencias de esta aberración.
En primer lugar, impide estudiar si aumenta la violencia de la sociedad.

La criminalización de la pobreza es un dato y solo están los perejiles de las grandes y lucrativas bandas. 

Hay que tener en cuenta que funcionarios del Poder Judicial están siendo juzgados por distintos delitos como la venta de armas y altos policías por venta de drogas y torturas.
No relacionar un fenómeno social con esta seguidilla de hacinamiento carcelario, es pecar de ingenuidad.
Violar los DDHH es un negocio, que nos perjudica a todos como sociedad. 

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